Saldar una deuda con la infancia

Por Carmen Ryan*

En 2005 el Congreso sancionó la ley de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes con la que el Estado Argentino reemplazó el paradigma tutelar por el de protección integral de los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Esta norma incorporó los estándares de la Convención de Derechos del Niño, produjo avances en el reconocimiento de derechos y diagramó un esquema institucional que permitiera garantizarlos en condiciones de equidad en todo el país. Este esquema tenía un órgano de control federal en su cúspide, la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes.

Si bien la ley otorgó 90 días para su conformación, han pasado casi catorce años y todavía no hay una autoridad que defienda a la infancia, priorice sus derechos, e intervenga para hacerlos efectivos. Durante estos años, desde la sociedad se mantuvo constante el reclamo. En 2017, luego de una acción judicial iniciada por un colectivo de organizaciones de la sociedad civil, la Justicia exhortó al Congreso a cumplir la ley y se conformó la Comisión Bicameral responsable de llevar adelante el concurso público de oposición y antecedentes que ordena la norma y de proponer al Congreso autoridades idóneas, con trayectoria y con experiencia en la defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia.

Entre octubre de 2017 y abril de 2019, la Comisión Bicameral llevó adelante el concurso. Las personas que se inscribieron atravesaron cuatro instancias de evaluación, incluyendo la presentación de sus antecedentes, un examen escrito, la elaboración de planes de trabajo y su defensa en una audiencia pública. El reglamento del proceso incluyó una oportunidad para presentar impugnaciones y avales. Este mecanismo de selección es un avance en la transparencia y la reducción de las discrecionalidades para designar autoridades en el Estado. Luego de dos años, se seleccionaron tres personas que fueron propuestas para los cargos de defensora titular, y primer y segundo adjunto.

La Cámara de Diputados aprobó por una abrumadora mayoría la resolución que, a propuesta de la Comisión, designa en la Defensoría de niños niñas y adolescentes a Marisa Graham, en el cargo de Defensora, y a Facundo Hernández y Fabián Repetto como defensores adjuntos, la tres personas que encabezaron el orden de mérito final del concurso. Ha sido un proceso extenso y arduo, pero aún falta un paso clave para lograr que la infancia tenga quien la defienda: el Senado debe reunirse con urgencia para aprobar la designación y tomar juramento a la defensora.

* integrante de ACIJ e Infancia en Deuda.

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