Avanzar en la definición de un modelo institucional con contornos propios que ponga al Banco Central al servicio del desarrollo es una cuenta pendiente. No es posible pensar en una política industrial exitosa sin un correlato en materia monetaria, financiera y cambiaria. Semejante redefinición debe estar acompañada por una revisión de la Ley de Entidades Financieras, con el objetivo de promover la conformación de un sistema financiero orientado al crédito productivo y de largo plazo.
En términos generales, el sistema financiero juega un papel clave en la economía: moviliza el ahorro, diversifica riesgos y proporciona liquidez facilitando las transacciones. No obstante, su rol principal radica en estimular el desarrollo económico y financiar la innovación productiva (desarrollo de nuevos productos y nuevas formas de producir los existentes), acelerando el crecimiento de la productividad media de la economía.
El sistema financiero local está regulado por la Ley de Entidades Financieras de 1977 que, a pesar de las diversas modificaciones registradas desde entonces, no vio alterado su espíritu. Bajo los preceptos de la liberalización irrestricta, el último gobierno de facto impulsó la desregulación del sistema con la premisa de que, a partir de un esquema de intervención estatal muy restringido, se generaría un entorno favorable para incrementar la intermediación financiera.
Sin embargo, la traumática historia argentina y la crisis internacional de 2007, demostraron que los sistemas financieros plenamente desregulados, lejos de contribuir a la prosperidad económica, constituyen una fuente adicional de fragilidad macroeconómica que afecta el entramado productivo y deteriora las condiciones de vida de la población.
Desde una mirada de largo plazo, este marco legal originó un proceso de concentración y extranjerización de las entidades locales. Otros efectos fueron la instauración de un régimen de tasas de interés desreguladas, la asignación de créditos por parte del mercado sin orientación estratégica, una marcada evolución de las entidades hacia la universalización (bancos comerciales) en detrimento de la especialización crediticia y el predominio del cortoplacismo y la especulación.
Adicionalmente, la ley desdibujó las diferencias entre los distintos actores del sistema. Así, la banca pública, que cumple un rol destacado como proveedor de financiamiento a agentes excluidos del sector, debe actuar bajo las mismas exigencias que la banca privada, cuyo objetivo es la maximización de la rentabilidad individual.
Este diagnóstico, debe invitarnos a repensar la regulación financiera y redefinir a los actores del sistema. Resulta necesario contar con un nuevo marco institucional que promueva la industrialización sustitutiva de importaciones y el desarrollo exportador, tendientes a equilibrar la estructura productiva y superar la restricción externa. Por ejemplo, a través del resurgimiento de la “banca de desarrollo” como un tipo particular de entidad, o bien diferenciando regulatoriamente a la banca pública de la privada.
Por otro lado, se requiere una nueva ley que defina la figura de la usura y garantice la protección de los usuarios minoristas de servicios financieros. Desde la liberalización de tasas, la rentabilidad del sistema financiero local –al igual que en el resto de los países de la región– se explica por los altos niveles de “spread” que obtienen los bancos por la diferencia entre el costo al que captan dinero (tasas pasivas) y el precio al que lo prestan (tasas activas) lo que encarece significativamente el crédito.
Asimismo, el actual marco circunscribe el universo de entidades a un grupo de intermediarios, quedando por fuera de la regulación del BCRA un gran número de agentes y operatorias que comúnmente se denominan “shadow banking” y constituyen una importante fuente de inestabilidad financiera, opacidad e ilicitud.
Las circunstancias descritas exigen la revisión del marco institucional vigente y la sanción de una nueva Ley de Entidades Financieras que, junto con una Carta Orgánica del BCRA que priorice el crecimiento sostenido y el empleo, permitan preservar la estabilidad monetaria y financiera, universalizar el acceso a los servicios financieros, y promover el crédito productivo, en particular hacia los sectores estratégicos para el desarrollo.
* Economista, ex director del BCRA y docente de Unsam.
** Abogado, ex director del BCRA y docente de UNM.
