Juliana Bejar, detenida en una celda de castigo del Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, resultó herida con graves quemaduras en la noche del miércoles de la semana pasada. Mientras pelea por su vida, se denuncia la demora en atenderla y que “el Estado es responsable por la vida de cada una de las personas allí alojadas”, según relatan sus compañeras en un comunicado.
De acuerdo a la denuncia, el personal penitenciario tardó más de veinte minutos en auxiliarla, “pese al reclamo de todas las compañeras que tras las rejas gritaban al ver que su compañera se prendía fuego”.
No se sabe aún cómo se inició el fuego, pero se sostiene en la denuncia que “el Servicio Penitenciario mantuvo a Yuliana Bejar encerrada en la celda de castigo escuchando sus gritos, y burlándose de ella”. El hecho ocurrió a las 20.30 del 26 de junio. Fue llevada al Hospital de Ezeiza recién una hora más tarde.
Ante esa situación, las demás reclusas se contactaron con organismos de derechos humanos, al tiempo que las autoridades cortaron “los servicios de luz y gas de todo el penal con la clara intención de acallar a las compañeras detenidas”, según el comunicado difundido.
Cada mañana, de 6.50 a 7.30, las presas hacen batucadas pasivas a modo de protesta “para no entorpecer ni los recuentos, ni las horas de estudio y/o trabajo, con el único fin de reclamar justicia” por su compañera.
Por eso piden que se esclarezca qué fue lo que ocurrió con la reclusa y que haya sanciones; así como la separación de su cargo de Elba Suárez, “actual directora del Complejo IV de Ezeiza y máxima responsable de lo sucedido”.
También exigen que desde el Ministerio de Justica se “ponga cese al autogobierno del Servicio Penitenciario Federal y dé claras directivas sobre el respeto de la integridad y derechos de las personas privadas de la libertad bajo su cuidado”. También piden que haya acciones legales desde el Mecanismo Nacional contra la Tortura en “resguardo de la integridad y el derecho de protesta del resto de las mujeres alojadas que se encuentran en pie de lucha y realice las acciones de control y monitoreo pertinentes, especialmente sobre las condiciones de seguridad y habitabilidad de los espacios destinados al aislamiento y castigo, donde nuestras compañeras son más vulnerables a recibir torturas y castigos crueles, inhumanos y degradantes”.
