La ausencia de políticas públicas para afrontar la creciente ola de femicidios es notoria. No hay políticas sin presupuestos adecuados, si no se convierten en meros actos publicitarios. El recorte de fondos para el Consejo Nacional de las Mujeres y la destrucción del programa de Educación Sexual Integral evidencian que el programa central para tratar el tema es punitivista. Que desdeña las estrategias para educar y prevenir. Eso configura una situación de extrema gravedad, que aumenta la vulnerabilidad de las mujeres. Vemos crecer esa vulnerabilidad, tanto en términos de pérdida de derechos –el cambio de edad jubilatoria, la persecución a las y los migrantes, los despidos– como en la desprotección que viven las mujeres amenazadas. No es con más policías que se evitan femicidios. Ni con aumento de los castigos, porque es evidente en muchos de los casos que los femicidas eligen morir luego de matar o desdeñan su propia vida. Los asesinatos exhiben la exacerbación de lógicas misóginas y la aparición sistemática de una pedagogía de la crueldad. A ellos hay que responder con una construcción de redes, sensibilidades, inteligencia, afectos, complicidades y políticas públicas. El paro internacional de mujeres del 8 de marzo expresa esa necesidad. También a señalar los vínculos profundos entre los distintos modos de expropiación del tiempo, el cuerpo y el deseo, que tienen su más cruento ejercicio en el femicidio.
* Colectivo Ni Una Menos.
