Tras el inicio de las redadas y la explosión de comentarios despectivos hacia cuatro congresistas demócratas, el presidente de Estados Unidos Donald Trump reforzó este lunes su postura antimigratoria al anunciar que impedirá el asilo a inmigrantes que no lo soliciten antes en un "tercer país seguro".

La maniobra, presentada por los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional de Estados Unidos, constituye un nuevo intento de la administración por reducir el flujo migratorio en la frontera con México, flujo compuesto en su mayoría por centroamericanos.

"Un extranjero que entre o intente entrar en el país a través de la frontera sur tras no haber solicitado protección en un tercer país fuera de sus países de ciudadanía, nacionalidad o de última residencia legal habitual, que hubiese transitado en camino a Estados Unidos, no es apto para asilo", se destaca en la nueva orden publicada en el Registro Federal y que tendrá vigencia a partir de este martes.

La legislación nacional permite a los solicitantes de asilo llegar a la frontera sin tener en cuenta su ruta, pero señala una excepción para aquellos que lo hacen a través un tercer país considerado "seguro".

La referencia a un tercer país seguro supone un territorio en el que las personas en cuestión no corren peligro de muerte. Debido a que esa definición es difícil de sostener de manera objetiva, Estados Unidos debe firmar un acuerdo que deje claras las condiciones y requisitos con ese país. En la actualidad, el gobierno sólo cuenta con un acuerdo al respecto en el que únicamente reconoce como "tercer país seguro" a Canadá.

La nueva normativa "utiliza la autoridad delegada por el Congreso en la Ley de Migración para mejorar la integridad del proceso de asilo colocando más restricciones o limitaciones a la elegibilidad de los extranjeros que busquen asilo en Estados Unidos", expresó este lunes el Departamento de Justicia a través de un comunicado.

Las limitaciones tendrán tres excepciones: los extranjeros que demuestren que solicitaron asilo en al menos un país y cuya petición fue denegada en última instancia; quienes entren en la definición de "víctimas de una forma grave de tráfico de personas"; y quienes hayan transitado en su camino hacia Estados Unidos por países que no forman parte de la Convención de Refugiados de 1951 o del Protocolo de 1965.

La medida no fue bien recibida por sectores progresistas, que ven el anuncio como un ataque a los derechos de los inmigrantes, e incluso la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha asegurado que tomará acciones legales. "La Administración de Trump está tratando de revertir de manera unilateral el compromiso legal y moral de nuestro país para proteger a las personas que huyen del peligro. Esta nueva regla es evidentemente ilegal. Vamos a presentar una demanda pronto", señaló ACLU en su cuenta oficial de Twitter.

Tom Jawetz, vicepresidente de política migratoria del Centro por el Progreso Americano calificó la nueva normativa como "ilegal". Para Jawetz, "no se puede denominar de forma creíble a los países de tránsito como seguros".

Uno de los candidatos demócratas a la Presidencia, Julián Castro, criticó con ironía la intención de Trump de "terminar con el asilo y el debido proceso para los migrantes" en Estados Unidos. "(Trump) Quiere reemplazar la antorcha en la mano de la Estatua de la Libertad por una mano con el dedo medio levantado. Debe ser derrotado", twitteó Castro minutos después de conocerse el anuncio. Otro de los aspirantes demócratas, Beto O'Rourke, consideró que la crueldad de Trump con los migrantes "no se detendrá hasta que la sociedad se levante y lo detenga".

La tensión sobre la política migratoria de la Casa Blanca se ha incrementado en los últimos días tras el anuncio y posterior comienzo de las redadas en nueve importantes ciudades del país, con el objetivo puntual de deportar indocumentados. En Nueva York, incluso, hubo tres operaciones el sábado, aunque sin detenidos, según informó The New York Times.

Al respecto, Trump subrayó que las redadas para deportar a miles de indocumentados han sido "muy exitosas", pese a que las autoridades no han dado detalles. "Las redadas del ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas) han sido muy exitosas, la gente entró en nuestro país de manera ilegal, pero a muchos de ellos se los llevaron el domingo", dijo el presidente a los periodistas en un acto en Casa Blanca.

Al justificar la falta de información acerca de estas redadas, el mandatario republicano precisó que "mucho" de lo sucedido no es "necesariamente público". Desde su asunción (e incluso antes), Trump prometió políticas de mano dura en materia migratoria, declaró la emergencia nacional por una "crisis humanitaria" que, a su entender, se vive en la frontera con México, y acusó a los países del Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador) de no hacer lo suficiente por frenar el flujo migratorio.

Reunión trunca con Guatemala

La mayoría de extranjeros que llegan a Estados Unidos de forma irregular desde México provienen de El Salvador, Guatemala y Honduras, buscando huir de situaciones complejas de exclusión, pobreza y violencia.

Hace unas semanas, el gobierno de Trump firmó un acuerdo con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para exigirle que reforzara su frontera sur con Guatemala, se considerara a todos los países centroamericanos como parte de un mismo bloque en la ruta migratoria y recibiera a personas que soliciten asilo en Estados Unidos mientras esperan por el resultado de ese largo proceso.

Además, Washington presiona públicamente al gobierno de Guatemala para que acepte un acuerdo de "tercer país seguro", algo que se esperaba que Morales y Trump anunciaran juntos en Washington. Sin embargo, el presidente guatemalteco canceló la reunión pautada para este lunes, porque la Corte de Constitucionalidad de su país admitió el domingo un recurso que frenó dicho acuerdo, argumentando que para poder ser aplicado debería contar previamente con la aprobación del Congreso.

 

Trump parece decidido a lanzarse de lleno a la campaña electoral con miras a las elecciones presidenciales de 2020, realzando la tensión racial para reforzar su base electoral, mayoritariamente blanca, pero al mismo tiempo sembrando divisiones entre sus opositores políticos.