El Programa Hogar originado en 2015 fue una “reformulación” del programa anterior Garrafas para Todos, que en vez de subsidiar a la oferta representada en las empresas que participan de la cadena de abastecimiento de las garrafas, se subsidia directamente a los que lo necesitan, a los que no tienen ingresos suficientes para abonar el precio de la garrafa. En este sentido, se considera como una buena la iniciativa para paliar la problemática respecto al acceso a la garrafa de los sectores que no tienen acceso a la red de gas natural. Pero, en el transcurso del Gobierno de la alianza Cambiemos los aumentos de precios son anuncios cotidianos. En un contexto de alzas y ajuste tarifarios en los servicios públicos se origina un nuevo incremento en el precio de un insumo necesario como las garrafas de 10 kg para la vida cotidiana de la población sin acceso a una red de gas. A finalizar 2015, el precio de venta era 97 pesos, a partir del nuevo gobierno de la Alianza Cambiemos el precio del valor fue aumentando progresivamente durante estos casi cuatro años, pasando a valer 326,36 pesos, un incremento de 236 por ciento.

Todos los aumentos muestran la insensibilidad del gobierno, planteando que “tiene como objetivo esencial asegurar el suministro regular, confiable y económico de GLP a sectores sociales residenciales de escasos recursos que no cuenten con servicio de gas natural por redes", y asegurando que "en la modificación de los precios máximos de referencia deberá tenerse en cuenta la protección de los sectores sociales residenciales de escasos recursos, para lo cual resulta aconsejable continuar aplicando un criterio de gradualidad en la implementación de las actualizaciones de dichos valores, como así también mantener un esquema de subsidio a la demanda compatible con esos fines, para lo cual resulta aconsejable continuar aplicando un criterio gradual en la implementación de las actualizaciones de los valores, como así también mantener un esquema de subsidio a la demanda compatible con esos fines". Sin embargo, la realidad que sufren los hogares que no tienen acceso a la red de gas natural domiciliaria es diferente. Este nuevo incremento implica otro golpe al bolsillo.

Existe una disociación entre el nuevo precio de valor de las garrafas de 10kg y el beneficio que se otorgaba a través del subsidio a la población. En 2015, el monto del subsidio alcanzaba el 79,3 por ciento (77 pesos por garrafa), mientras que ahora sólo cubre el 56 por ciento (183 pesos por garrafa).

La dinámica de la actual gestión no está pensada en el “bienestar social”, pues en casi cuatro años de gobierno se encargó de traspasar derechos de sectores populares hacia sectores empresariales. Además, los usuarios de la garrafa social tienen que pagar sobreprecio para conseguirla. En este contexto, predomina el discurso que dice que la “gente debe acostumbrarse a los aumentos”.

En un contexto de desprotección, cada vez más hogares por las elevadas tarifas de gas natural residencial se desconectan de la red para adquirir garrafas. De ser un usuario que transitaba el camino para convertirse en un ciudadano con derecho a disponer de los servicios públicos esenciales para vivir dignamente, ha pasado a ser un cliente-cautivo de monopolios privados, sujeto a todo tipo de abusos.

* Doctor en Gobierno y Administración Económica. Docente Unaj, Investigador Fundación Generación del Sur.