Un ginecólogo acusado de violar el secreto profesional y la intimidad del paciente en el caso de “Lucía”, la niña de 11 años a quien le obstaculizaron un aborto legal en Tucumán , brindará una serie de charlas sobre los “aspectos médicos legales del aborto” en la Universidad Nacional de Tucumán y en dos hospitales públicos de la provincia.

El médico Jorge Alberto Maciel estará la semana que viene en Tucumán para participar de las charlas convocadas por las agrupaciones antiderechos Médicos Tucumán por la Vida y Estudiantes de Ciencias de la Salud por la Vida. Según información que compartió el propio médico en su cuenta de Twitter, los encuentros se realizarán en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán, en el centro de salud municipal Ramón Carrillo de Yerba Buena, en el hospital público Ángel Padilla y en dos colegios privados.

El caso de Lucía llegó hasta los organismos internacionales donde fueron denunciados los tratos crueles e inhumanos que recibió la niña desde que imploró, con palabras propias de su edad, acceder a un aborto legal. “Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo”, le pidió a la psicóloga que la atendió en el hospital del Este Eva Perón.

“Nos enteramos que una de las personas que formó parte de ese entramado de responsabilidades brindará una serie de charlas en instituciones educativas y del sistema de salud público. El médico José Alberto Maciel, quien en cumplimiento de sus funciones, fue quien violó el secreto profesional y expuso la historia clínica de Lucía", informaron desde la Campaña por el derecho al Aborto Legal, Gratuito y Seguro de Tucumán.

Maciel fue uno de los médicos que compartió la historia clínica de la niña en su cuenta de Twitter. Lo hizo para justificar que el estado de salud de Lucía no era tal para necesitar un aborto legal, a pesar de que la violación representa una de las causales para acceder a la ILE. 

“Acá les comparto el protocolo quirúrgico, el protocolo anestésico y las indicaciones de la niña a quien le realizaron la microcesárea en Tucumán. NUNCA figuró el diagnóstico de Hipertensión ni Preeclampsia en ninguna parte y las indicaciones fueron las de una cesárea común”, compartió en su cuenta de Twitter junto con el documento adjunto.

Desde la Campaña repudiaron la presencia del médico en el marco de las charlas, algo que además entendieron como una provocación. “Las universidades, hospitales, escuelas y centros de salud están para garantizar derechos consagrados en nuestra Constitución, no para usarlas como escenarios de prédicas que van en contra de valores de justicia y libertad, bajo un discurso pseudomédico”, sostuvieron desde la Campaña y advirtieron que realizarán “acciones públicas para repudiar” la provocación.

El caso

Lucía había sido violada por la pareja de su abuela. En vez de acceder a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) sin dilataciones, como prevé el Código Penal y establece el fallo F.A.L., la niña debió sufrir un sinfín de obstáculos y manipulaciones que tuvieron como objetivo postergar la práctica e impedir la interrupción.

Organismos internacionales como la Acnudh instaron al Estado argentino a garantizar de manera urgente el acceso a la interrupción legal del embarazo ya que su restricción podía “constituir tortura y malos tratos".

Finalmente, luego de que hasta el arzobispo de Tucumán revelara la identidad de la niña, Lucía pudo acceder a la interrupción del embarazo. Los médicos que le practicaron la cesárea, porque "no fue posible la vía vaginal porque no se le podía ni sacar la bombacha por los abusos que había sufrido" fueron perseguidos y denunciados por sectores antiderechos.