Pacto social de cuidados frente a la emergencia
Una agenda económica feminista
Hoja de ruta para incorporar las consignas feministas a políticas económicas pendientes, urgentes y eficientes para salir de la crisis.

Nuestra coyuntura parece marcada por dos agendas que el neoliberalismo gusta de presentar como separadas: por un lado, la agenda “de género” movilizada por un fuerte, heterogéneo, masivo y creciente movimiento de mujeres y otras identidades. Por otro lado, la agenda económica marcada por una recesión galopante y el cortoplacismo de los indicadores de solvencia que reclama el Fondo Monetario Internacional. Tras las elecciones puede abrirse un panorama para salir de este presente, aplicando una agenda económica feminista que reactive la economía. ¿Qué políticas puede ofrecer la agenda feminista frente a la emergencia económica? ¿Qué políticas para generar empleo y reducir la pobreza pueden a la vez trabajar sobre las desigualdades de género? Reseñamos aquí una hoja de ruta para incorporar las consignas feministas a políticas económicas pendientes, urgentes y eficientes para salir de esta crisis.

Una de las cuestiones centrales del feminismo de la segunda ola es haber desnaturalizado el rol de las mujeres como cuidadoras, instalando la división sexual del trabajo como uno de los soportes del patriarcado. Una referencia clave para las argentinas y latinoamericanas fue el trabajo pionero de Isabel Larguía, la argentino-cubana que en el año ’69, desde una visión feminista-marxista, analizó la plusvalía en el trabajo reproductivo y acuñó la denominación de trabajo invisible. El feminismo no ha dejado de producir evidencia y propuestas políticas bajo la convicción de que, de no modificarse esta relación de explotación en torno al trabajo doméstico y de cuidados, no habrá igualdad entre los géneros ni igualdad social. Desde entonces, la Ley del Uso del Tiempo de las italianas, las "cuentas satélites" en los presupuestos nacionales, los estudios de la sociología y la economía feminista, el planteo de un nuevo régimen de bienestar centrado en la organización de los cuidados muestra a un feminismo prolífico e innovador en esta materia. Se busca reconocer, remunerar y redistribuir el trabajo de cuidado; un nuevo contrato social que necesita del Estado, el mercado, de las organizaciones sociales y de los varones.

Un balance de época muestra que las mujeres se han incorporado a la vida pública, al trabajo, a la participación, pero la férrea división sexual del trabajo dentro de la casa se mantiene incólume y explica gran parte de las distintas brechas de género y sociales. La crisis del Estado de bienestar, la pérdida de las sociedades de pleno empleo, el envejecimiento de la población y el crecimiento de las desigualdades y la pobreza han producido lo que se denomina internacionalmente “crisis de los cuidados”. Se profundiza en cada ajuste y cada recesión y se manifiesta centralmente en una sobreexplotación de las mujeres. Estas relaciones de género operan como base de reproducción de la pobreza, que por ello se concentra en mujeres y niños. En la Argentina de hoy la mayor parte de las niñas y niños son pobres; aproximadamente el 70 por ciento de lxs mal llamadxs “ni ni” son mujeres que tienen entre uno y dos hijxs; el trabajo doméstico es a su vez el sector con más peso dentro del trabajo infantil; la mayor parte de lxs adultxs mayores que son pobres son mujeres y los hogares monomarentales son mayoría dentro de la pobreza extrema.

En un país donde las opciones públicas y gratuitas de cuidado no son suficientes, el acceso a servicios que complementen al hogar se distribuye desigualmente. Por eso, tener dependientes a cargo profundiza otras desigualdades sociales preexistentes entre las propias mujeres. Estudios del Observatorio de Género y Pobreza de la Argentina muestran a las claras que el conflicto para conciliar trabajo y familia está segmentado por clase. Cuando tienen un hijx, solo la mitad de las mujeres vuelve a trabajar. Un tercio de ellas vuelve con las mismas condiciones: son las que pertenecen al sector de nivel educativo universitario; mientras que la población restante lo hace en menor cantidad de horas y otras abandonan definitivamente. Estas últimas son las que tienen menos educación, son más jóvenes y con más hijxs. Por otra parte, en el caso de los varones jefes la participación se mantiene estable independientemente de la edad de lxs hijxs. Pues, para reducir la pobreza habrá que ocuparse en simultáneo de la organización de la producción y el trabajo remunerado y del sostenimiento de las actividades de cuidado -que también son trabajo- y reproducen la vida.

Por todo lo dicho, las políticas de cuidado tienen un enorme potencial para incidir y generar condiciones que resuelvan de raíz las brechas y las injusticias de género, pero a la vez para impactar sobre múltiples problemáticas sociales y económicas: generan y jerarquizan empleos e ingresos, reducen la pobreza y las desigualdades educativas desde la infancia; mejoran la salud y el bienestar de las personas mayores y dependientes. Incluyen, pero trascienden a las políticas sociales y se imbrican en el diseño de las políticas macroeconómicas, laborales, educativas, de infraestructura y de seguridad social. Aseguran la construcción de un presupuesto nacional que contemple la asignación de recursos materiales y simbólicos para ese “cambio social”. Es virtuoso el impacto que puedan tener para fortalecer la autonomía económica de las mujeres y prevenir así las diversas formas que adquiere la violencia de género, en particular la violencia doméstica e intrafamiliar.

Estas políticas exigen un contrato social, un contrato fundacional que remueva la división sexual y social del trabajo y que promueva la transformación de la muy desigual distribución de las responsabilidades de cuidado, en términos de género, pero también de clase. Un contrato que convoque a la corresponsabilidad entre todos los actores y que en definitiva reconozca el valor económico de las tareas de reproducción social.

Un programa de políticas públicas de cuidado deberá ser masivo y progresivo: que dé una primera respuesta a la emergencia económica y que avance en una institucionalización que integre la intersectorialidad de los Estados –municipio, provincia, nación-; que asigne recursos, que regule, fiscalice y controle a la diversidad de los actores; que tipifique y profesionalice los trabajos de cuidado. Un objetivo central será la generación de empleo en el contexto de una propuesta de cuidados para la emergencia, deberá considerar la reconversión de las labores que hoy ya desarrollan miles de mujeres subsidiadas por programas sociales y tantas otras sin ingresos o en trabajos voluntarios. También decir que un programa de generación y profesionalización de empleos de cuidado no debe ser sexista, debe expresar el cambio cultural que se está proponiendo promoviendo la inclusión de varones trabajadores en las responsabilidades de cuidado. En la generación de todos estos puestos debe además aprovecharse para asegurar el empleo de personas trans.

 

Las políticas

Una posible lista de políticas para transformar esta realidad en sus distintas aristas y a la vez reactivar la economía, podría incluir: 1) Ampliación de la oferta de servicios educativos y comunitarios para la primera infancia (0 a 2 años) que hoy cubre sólo al 6 por ciento de lxs niñxs. 2) La creación de un programa de cuidadores jóvenes a domicilio que cubra las necesidades de los mayores adultos y enfermos, 3) Extensión inclusiva de la moratoria previsional, 4) Una reforma urgente del régimen de licencias hacia uno igualitario y universal y 5) Promoción de la registración de las trabajadoras de casas particulares.

 

El impacto

Estas políticas no sólo tendrían un impacto en la modificación de estereotipos, la reducción de la pobreza de tiempo de las mujeres, sino que afectarían positivamente también la demanda agregada. Por un lado, varios de estos programas generarían nuevos empleos, estimados en más de 600 mil puestos de trabajo, tanto para jóvenes como para los profesionales de la educación y el cuidado que trabajarán en los nuevos espacios. Impactará especialmente en el núcleo duro de la pobreza y la indigencia estructural en el caso de los hogares monomarentales, reduciendo la desigualdad. Por otro lado, esos nuevos salarios se traducirán en mayor demanda de consumo en los barrios, allí donde más se necesita una reactivación, generando nuevos empleos e ingresos indirectamente.

 

El financiamiento

SI bien hoy en día hay una aceptación más clara de la necesidad de estas políticas, existe un prejuicio general de que no hay plata para hacerlas, que son muy caras, deficitarias, etc. Un estudio reciente de CIPPEC demuestra cómo, tras considerar sus impactos macroeconómicos, varias políticas de cuidado generan de hecho un crecimiento de la recaudación que cubre por lo menos un 50 por ciento de la invertido en la política. Lo mismo se discutió en el último congreso de la Asociación Internacional de Economía Feminista (IAFFE), celebrado en Glasgow este julio: en el corto plazo estas políticas tienen mayor efecto multiplicador que por ejemplo el empleo en construcción y en el mediano plazo incluso mejoran la sostenibilidad de las cuentas públicas. Por ello ya no se habla de gasto en cuidado sino de inversión en infraestructura social: ¿cuántos posibles gastos futuros se ahorra el Estado cuando invierte en cuidado de calidad para niñxs y adultxs mayores?

Más de 30 años de lucha del movimiento feminista llegaron a enormes logros, aunque estas políticas claves para la igualdad social, económica y de género siguen siendo una deuda de la democracia. Esta nueva etapa del movimiento feminista marcada por la masividad y la participación de nuevas generaciones irrumpe en todos los ámbitos cuestionando esta división sexual del trabajo, algo que legitima socialmente y vuelve prioritaria estas políticas.

* Franganillo es presidenta de la Asociación Nueva Ciudadanía y Coordinadora del Observatorio de Género y Pobreza.

 

* Cirmi Obón es economista feminista del CIEPP.

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