El ex empresario farmacéutico involucró a Patricia Bullrich
Pérez Corradi dijo que fue presionado por el Gobierno para armar su declaración
Desde el penal de Marcos Paz, sostuvo que la ministra de Seguridad, a través de un agente de inteligencia, le había prometido beneficios si acusaba a Aníbal Fernández. El caso revela la forma en la que el Gobierno manipula a los arrepentidos.
Ibar Pérez Corradi, en 2016, luego de declarar en una fiscalía de Paraguay.Ibar Pérez Corradi, en 2016, luego de declarar en una fiscalía de Paraguay.Ibar Pérez Corradi, en 2016, luego de declarar en una fiscalía de Paraguay.Ibar Pérez Corradi, en 2016, luego de declarar en una fiscalía de Paraguay.Ibar Pérez Corradi, en 2016, luego de declarar en una fiscalía de Paraguay.
Ibar Pérez Corradi, en 2016, luego de declarar en una fiscalía de Paraguay. 
Imagen: NA

El arrepentido narco Ibar Pérez Corradi contó cómo intentaron dictarle todo lo que tenía que decir ante la Justicia después de entregarse en Paraguay. La negociación se hizo con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), a través del entonces jefe de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra. El prófugo debía involucrar a Aníbal Fernández en el triple crimen de General Rodríguez, pero no pudo aportar ni una sola prueba, por lo que el ex funcionario nunca fue llamado ni siquiera a una indagatoria. El caso de Pérez Corradi exhibe la forma en la que se manipula a los arrepentidos. Lo mismo hicieron con Leonardo Fariña, a quien le dijeron lo que tenía que declarar en distintas causas, a cambio de concederle una libertad, pagarle el altísimo alquiler de un departamento en torres de la Avenida Juan B. Justo y hasta le dieron la cobertura médica de una conocida prepaga. La ley prohíbe otorgar los beneficios más de seis meses, pero Fariña goza de los privilegios desde hace tres años.

Pérez Corradi habló con El Destape desde el penal de Marcos Paz, donde está alojado en el Pabellón 7, donde --según dijo-- sólo le permiten salir de la celda una hora por día. El narco está imputado por haber jugado un papel importante en la ruta de la efedrina y reveló una especie de traición del Gobierno y, en especial, de Patricia Bullrich. Pérez Corradi contó que estando escondido en Paraguay pactaron su entrega y que él acusaría a Aníbal Fernández. A cambio de esa declaración, le darían un trato privilegiado, entre otras cosas evitando que esté en una cárcel y alojándolo en alguna dependencia policial o de Gendarmería o Prefectura.

El operativo con el que lo trajeron a la Argentina fue un show de Patricia Bullrich, con cascos, francotiradores, chalecos, helicópteros, decenas de efectivos y todas las cámaras de televisión. El problema fue que su testimonio no sirvió para inculpar a nadie porque no pudo aportar ni una sola prueba. Se ve que eso produjo desagrado en el oficialismo y desecharon lo pactado: lo mandaron nomás al penal de Marcos Paz y, según parece, en las peores condiciones.

Su colega Fariña tiene mejor suerte. Está imputado por el delito de lavado de dinero, pero disfruta de un departamento en una torre de Palermo, con pileta y amenities, al que accedió después de negociar con el ministro Germán Garavano. El arrepentido dijo que el anterior departamento le resultaba demasiado estrecho y consiguió que el ministro pague la diferencia con dinero de la caja chica, según detalló Giselle Robles, ex abogada de Fariña. El alquiler son unos 400 dólares, o sea unos 18 mil pesos actuales, por mes.

El testimonio de Fariña también fue manipulado. Cuando la causa por lavado de dinero no podía avanzar contra la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, apareció la declaración de Fariña tratando de vincular a la senadora. El arrepentido recibió las instrucciones por mail y debía señalar que el dinero provenía de la obra pública, dando detalles técnicos sobre los que Fariña no tenía la menor idea.

Sin embargo, el Gobierno quiso hacer rendir el dinero. Después usaron a Fariña para que declare en la causa de las fotocopias de los cuadernos, cuando también el expediente hacía agua. Como se ve, el método es el mismo: pactan lo que se debe decir a cambio de mejores de lugares de detención o privilegios en el alojamiento.

La ley que regula la protección de testigos --en su artículo 5, inciso d-- indica que el Estado puede pagarle el alojamiento pero sólo por seis meses. Fariña vive a costa de los fondos públicos desde hace más de tres años. Es seguro que lo mantienen en esa situación privilegiada para usarlo en las mismas causas u otras, cuando sea necesario.

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