En el juicio por la presunta defraudación de la petrolera Oil Combustibles al Estado, el peritaje realizado por el equipo de contadores de la Corte Suprema puso en cuestión la base sobre la que se construyó la acusación de la AFIP contra el ex titular de la entidad Ricardo Echegaray y los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, los detenidos dueños del canal C5N.

El estudio indicó que el monto adeudado en concepto del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) nunca fue de 8 mil millones de pesos, como se sostenía, y que no existía deuda exigible a 2015 y que los planes de pago con los que se había financiado la empresa eran legales: según el peritaje, al 10 de diciembre de 2015 toda la deuda de Oil Combustibles estaba regularizada en planes de pago y no era exigible por parte de la AFIP porque se encontraba ya pagada o refinanciada y las cuotas eran abonadas con regularidad.

Además, los peritos observaron que las medidas tomadas por el entonces titular de la AFIP, Alberto Abad, produjeron la caída de los planes de pago y que la deuda se volviera imposible de pagar.