Este jueves, durante la audiencia pública que ordenó la justicia, los vecinos del barrio de Villa Crespo podrán hacer oír sus críticas al microestadio Buenos Aires Arena que se levanta al costado del estadio del club Atlanta. Según vienen denunciando, los cien espectáculos anuales que se anuncian alterarán la vida de quienes viven en sus alrededores. El debate público llegó luego de que el juez Aurelio Ammirato suspendiera en marzo pasado la explotación económica del emprendimiento, y ordenara un nuevo estudio de impacto ambiental tras hacer lugar al amparo presentado por la Fundación Ciudad. 

Jonatan Baldiviezo, que lleva el patrocinio jurídico de la fundación y es titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad, dijo a Página|12 que "el gobierno había otorgado permiso como centro deportivo y barrial. No hizo los procedimientos correspondientes a lo que será el estadio cubierto más grande de la Argentina, y lo categorizó como de 'Impacto ambiental sin relevante efecto', cuando está emplazado en un barrio residencial".

Contaminación sonora, caos de tránsito, desvalorización de las propiedades, dificultades para estacionar y colapso energético, son algunos de los argumentos que esgrimirán los vecinos y vecinas del barrio en la jornada convocada por el Gobierno de la Ciudad para este mediodía en Espacio Aguirre (Aguirre 1270).

Según explicó Baldiviezo, "tras la suspensión de marzo, la empresa volvió a presentar un estudio de impacto ambiental. La Agencia de Protección Ambiental (APRA) realizó un dictamen técnico y convocó a la audiencia pública. Luego de la audiencia, el gobierno debe decidir si otorga o no el permiso ambiental. O si lo otorga con condicionamientos. Todo eso va a depender del análisis que haga del estudio y de lo que la ciudadanía exponga".

Mientras tanto, el estadio se sigue construyendo y la empresa continúa organizando funciones a futuro. "El juez le dijo que son a riesgo de la empresa porque podrían no darle los permisos. O dárselos para menos funciones o espectadores", dijo Baldiviezo, y advirtió que "estos permisos la empresa tendría que haberlos tenido antes de iniciar las obras".

Y agregó: "En la audiencia se va a analizar el impacto en relación al barrio, el transporte, el colapso de tránsito, los ruidos y aglomeraciones de personas que se van a producir. En Villa Crespo viven 45 mil habitantes, con cien eventos por año, va a aumentar un tercio cada tres días por los eventos musicales. Ese aumento masivo genera un impacto en las familias que viven en una zona residencial que no está preparada, que no tuvo ninguna planificación urbana ni un plan para absorber semejante impacto".

Por otra parte, el abogado urbanista recordó que la construcción del estadio está plagada de irregularidades. "La Ciudad le cedió en forma gratuita cinco hectáreas al club, y lo autorizó a subconcesionar las tierras por 40 años sin pagar impuestos. Atlanta firmó un convenio con Buenos Aires Arena y le cedió el predio de la ciudad para la construcción del estadio. Y la empresa, que está exenta del pago de impuestos, le pagará un monto de dinero al Club Atlanta, pero nada a la Ciudad. Además, a través de la Legislatura le dio la normativa, mientras que los que financian las obras son bancos públicos, el Banco Ciudad y el Banco Provincia. Es decir, los recursos del Estado, las leyes, los impuestos y el ahorro público orientado a que un grupo empresarial obtenga ganancias y generando una actividad que perjudica la vida de un barrio", detalló.

La trama que permitió que se levante el estadio cubierto se inició en 2003 cuando el terreno privado fue expropiado, a través de una ley de la Legislatura, para hacer un centro cultural, una escuela y destinar una parte para el Club Atlanta. Sin haberse cumplido con el objetivo de la ley, años después, en 2012, otra norma le otorga las tierras en comodato al club por 20 años con el objetivo de ampliar su sede social y las instalaciones deportivas.

Baldiviezo remarcó que con esa ley entró en juego "la empresa Lugones Center que recibió un crédito de 100 millones del Banco Ciudad y que sin terminar la obra se declaró en quiebra. El banco llegó a un acuerdo con la empresa para buscar nuevos inversores. Ahí aparece Buenos Aires Arena, que asume el proyecto. Pero para eso se cambió la ley -en septiembre de 2017 la Legislatura sancionó la ley 5874- y se llevó el plazo de concesión de 20 a 40 años".

Gustavo Perrone, integrante de Vecinos Autoconvocados de Villa Crespo contra el Megaestadio Arena, dijo que "nosotros presentamos un proyecto de ley donde lo que planteamos es que se vuelva al espíritu original y que en el Arena solo se realicen espectáculos deportivos (no recitales) y que se baje la concesión a 20 años".