La inflación de julio se ubicó en el 2,2 por ciento, el menor valor mensual desde mayo de 2018. Sin embargo, el alivio duró muy poco, porque agosto y septiembre se perfilan con un piso del 5 por ciento de inflación, luego de la brutal devaluación aplicada por el Gobierno en los primeros días después de las PASO. En julio se cumplió un año y medio con inflación por encima del 2 por ciento todos los meses. En ese período, diez meses quedaron por arriba del 3 por ciento. Según lo informado este jueves por el Indec, en siete meses de 2019 los precios acumulan un alza del 25,1 por ciento, mientras que la comparación interanual arroja un incremento del 54,4 por ciento. En alimentos y bebidas, la suba anual de los precios llega al 58,1 por ciento, mientras que en salud es del 64 por ciento. Con el nuevo rebrote de precios por la devaluación y el escenario de extrema incertidumbre económica se volvieron a romper los pronósticos de inflación para fin de año. Se estima que la suba de precios en 2019 quedará por arriba del 47,6 por ciento del año pasado. Esta dinámica de los precios, junto a la contención de salarios y jubilaciones, fue uno de los argumentos de la paliza electoral del domingo pasado.

El proceso de desaceleración inflacionaria luego de los valores altísimos de 2018 y principios de 2019 duró apenas cuatro meses. Desde marzo, cuando los precios subieron en promedio un 4,8 por ciento, la inflación venía mostrando una leve desaceleración, al 3,4 por ciento en abril; 3,1 por ciento en mayo; 2,7 en junio y luego 2,2 por ciento en julio. Pero esa tendencia se cortó en agosto. Con la devaluación “ejemplificadora” que aplicó el Gobierno, con la disparatada idea de meterle miedo a la sociedad ante un triunfo electoral de Alberto Fernández, los precios rápidamente se están acomodando. Fuentes del supermercadismo advierten subas inmediatas del 15 al 30 por ciento en precios de harina y derivados, aceite, galletas, arroz, carnes, yerba, papel higiénico, desodorantes, shampoo y jabón, entre muchos otros productos. Con la suba del dólar, de las tasas y de la incertidumbre, toda la economía mueve los precios hacia arriba.

El rubro que mayor aumento tuvo el mes pasado fue salud, con el 4,1 por ciento, a raíz del incremento del 5,5 por ciento en las cuotas de las prepagas que aprobó en su momento el Gobierno. También se aplicó un 6 por ciento de suba en agosto y está previsto otro 6 por ciento para septiembre.

Alimentos y bebidas tuvo en julio una suba del 2,3 por ciento. Se destacó el alza de la leche entera en sachet (4,7 por ciento), yerba mate (4,1), aceite de girasol (3,5), jabón en pan (7,1), jabón de tocador (4,1) y galletitas dulces (4,7). También hubo fuertes aumentos estacionales de la cebolla (32,8 por ciento) y la lechuga (92,4 por ciento), mientras que bajó el pollo entero un 3,9. En los primeros siete meses, el capítulo de alimentos y bebidas acumula un alza del 27,5 por ciento, que llega al 58,1 por ciento en la comparación interanual. El avance de los alimentos por encima de la inflación general se explica por el impacto proporcionalmente mayor de la devaluación en esos productos.

El rubro de restaurantes y hoteles tuvo una suba del 3 por ciento en julio por el impacto de las vacaciones de invierno, similar a lo que ocurrió con recreación y cultura, que mostró un alza del 3,9. Equipo y mantenimiento del hogar registró un alza del 2,5; vivienda, agua, electricidad y gas, un 2,2 por ciento, y transporte, un 1,1 por ciento. Luego de haber fogoneado la inflación durante mucho tiempo, los servicios públicos ahora quedaron frenados por la decisión electoral de Macri de posponer las subas para después de octubre.

Teniendo en cuenta que la inflación podría cerrar cerca del 50 por ciento este año, los precios durante la gestión de Macri se habrán triplicaron o hasta cuadruplicado en promedio frente a los existentes en 2015. Su herencia en materia inflacionaria será mucho más pesada de la que recibió, cuando los precios se movían en el orden del 20-25 por ciento anual. El sensible agravamiento del problema inflacionario se explica por un mal diagnóstico de las causas, desarticulación de controles estatales y mala praxis en materia de gestión cambiaria.