El ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray denunció en el juicio oral por una supuesta defraudación impositiva de Oil Combustibles, que el actual titular del organismo, Leandro Cuccioli, la subdirectora de la coordinación técnica institucional, Jimena de Latorre, y el ministro de Justicia, Germán Garavano, se habrían reunido para preparar testigos después las PASO y para “bombardearlo” a él con determinadas preguntas. Esto surge, dijo, de un e-mail interno al que tuvo acceso y que se puso en circulación, además, para advertir sobre consecuencias de su declaración de la semana pasada, donde dijo que el otorgamiento de planes de pago a quienes tuvieran deudas con la AFIP fue --durante su gestión-- parte de la política del ente y del gobierno para que las empresas no entraran en crisis y se preservaran los puestos de trabajo. Esos planes, reiteró en su nueva indagatoria ante el Tribunal Oral Federal 3, fueron otorgados por lo menos a un millón de contribuyentes, entre ellos empresas y particulares. En el juicio están acusados los dueños de la petrolera y del grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Sousa, quienes se encuentran privados de libertad.
La semana pasada se conoció un peritaje de expertos de la Corte Suprema que no se había hecho durante la instrucción de la causa --a cargo del juez Julián Ercolini--, y que ahora determinó la inexistencia de perjuicio fiscal y de una deuda exigible. El estudio señaló que el grupo dirigido por López y De Sousa había obtenido planes de pago de dos tipos (generales y particulares) y que estaba al día con las cuotas, pero con la llegada de la administración de Mauricio Macri fueron anulados buena parte de esos planes y eso implicó la imposibilidad para la compañía de saldar lo adeudado de manera inmediata. Para ese entonces, según la pericia, Indalo había pagado 7100 millones de pesos durante cuatro años y debía cuotas por los siguientes cinco años por 5500 millones de pesos. Para dar ejemplos concretos de la habitualidad de esos planes de pagos, Echegaray señaló ahora que entre las muchas empresas, entidades y personas que los recibieron figuran desde YPF, la constructora Iecsa (que pertenecía a Angelo Calcaterra, primo del Presidente), el Consejo de la Magistratura, Mirtha Legrand y la modelo Dolores Barreiro. Incluso la provincia de Córdoba, entre tantos otros casos.
“Las reglas son iguales para todos, no es que me senté con Cristóbal López y De Sousa. La decisión de incorporarse a un plan es del contribuyente”, señaló Echegaray ante los jueces Fernando Machado Pelloni, Javier Ríos y Andrés Basso. “La administración que asumió a partir de 2015 también ha permitido (en ciertos casos) regularizar deudas con estas características, por lo que Alberto Abad y el mismo Cuccioli deberían estar imputados”, señaló. También indicó su sospecha de ciertos funcionarios de la AFIP que habían ocupado cargos políticos y que durante su gestión volvieron a cargos técnicos, propiciaron denuncias en su contra por resentimiento. Señaló, por ejemplo, al subdirector de auditoría interna, Néstor Abelardo Sosa, durante cuya gestión se cambió la práctica de auditar procesos para mejorar el control por la de investigar a empresas específicas, como ocurrió con Indalo. Una situación similar marcó respecto de Abad y el denominador común de Elisa Carrió detrás de buena parte de las presentaciones judiciales. De hecho, ella había hecho una primera denuncia relacionada con Oil Combustibles que terminó archivada por el juez Sebastián Ramos por inexistencia de delito. Luego volvió a la carga con el mismo tema directo ante la fiscalía de Gerardo Pollicita, que derivó en la apertura de la causa que ahora está en juicio.
En relación al e-mail interno de la AFIP, que mostraría los manejos desde dentro del Gobierno en relación a este juicio, leyó el texto al que tuvo acceso: “Quiero poner en conocimiento, que luego de la declaración de Echegaray en la causa Oil y también este martes 13 de agosto, con el resultado de las elecciones, la actual subdirectora de técnico institucional de Cuccioli, Jimena Latorre (sic), dio instrucciones expresas a varios funcionarios para que ‘se prepare en forma urgente a testigos y funcionarios de AFIP y PREPAREN PREGUNTAS PARA LOS ABOGADOS DE LAS QUERELLAS ALEJANDRO CARRIO (la mayúscula es del texto original), pagado por la AFIP para bombardear a Echegaray (…) participaron de estas reuniones Eliseo Devoto, Jaime Mecikovsky y otros funcionarios de línea, compañeros, quienes están muy preocupados por el tenor de la presión que tanto Cuccioli como Latorre les metieron para direccionar las preguntas (…) Latorre para dar tranquilidad también manifestó que había una acción coordinada con el Ministerio de Justicia y la Procuración y los fiscales del caso para avanzar fuertemente en esa línea. Hubo una reunión este martes en su oficina en la que participó Devoto, el Procurador General y creo que hasta el propio ministro de Justicia. Que un juez pida los cruces telefónicos y verá que es cierto". Algunas de las personas mencionadas –como Cuccioli-- están citadas a declarar, por eso la defensa de Echegaray le dio relevancia a que el tribunal tomara conocimiento. Habrá que establecer si testifican condicionados por un interés.
Echegaray fue muy insistente en este concepto: si un contribuyente reconoce una deuda y pide una facilidad de pago, la AFIP tiene la facultad de concedérsela, con intereses. Si la administración viene cumpliendo sus metas fiscales, no hay razones para que no otorgar un plan de pago. Muchas empresas utilizan esa financiación porque los intereses son menores que los de los bancos. Lo que se intentó priorizar durante su gestión, recalcó, fue que las empresas funcionaran y se mantuvieran los puestos de trabajo. El ex funcionario no terminó de declarar, continuará la semana próxima.