Organizaciones de familiares de víctimas de siniestros viales, trabajadores y trabajadoras de Vialidad y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) e intendentes bonaerenses coinciden en el diagnóstico: "Las rutas quedarán a la deriva", advierten sobre la decisión del Gobierno nacional de disolver en conjunto los dos organismos. Las medidas se apoyan en un panorama sin obra pública que ya se estaba volviendo oscuro en las rutas, y que ahora, aseguran, transformará a la red vial nacional en "rutas de la muerte". Las organizaciones habían pedido una reunión con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, pero la motosierra no les dio respuesta.
Así lo confirmó en diálogo con Página/12 Diego Molina, padre de uno de los jóvenes fallecidos en la tragedia Ecos de 2006 y miembro fundador de Conduciendo a Conciencia, la organización que surgió a partir de ese siniestro. "Junto a otras ONG habíamos pedido una entrevista con el ministro ya el 18 de febrero de este año. Sin lograr respuesta alguna, sumamos una nota que le enviamos el 17 de junio. Tampoco respondió", señaló.
La nota le llegó a Sturzenegger --también fue enviada al ministro de Economía, Luis Caputo, y al secretario de Transporte, Luis Pierrini-- con la adhesión de 300 firmas de integrantes del Comité Consultivo de Familiares de Víctimas de Tránsito, y hacía particular hincapié en la situación de la ANSV: "Desde su creación en 2008, mediante la Ley N°26.363, la Agencia ha cumplido un rol fundamental en la implementación de normativas, controles y campañas que han permitido reducir la siniestralidad", decían allí, entre otros muchos argumentos, las organizaciones que manifestaban formalmente su "preocupación ante cierre o fusión de la ANSV".
Nada de eso surtió efecto en el ministro y este lunes recibieron con dolor la confirmación de la noticia que ya era un secreto a voces. "Estamos muy preocupados por este cierre. La Seguridad Vial debe ser política de Estado porque está en función de cuidar y salvar las vidas de los habitantes de este país. Esta desidia nos deja a las puertas de nuevos siniestros viales que aumentarán de forma exponencial la cantidad de víctimas fatales, heridos y familias destruidas porque las rutas quedarán en manos de nadie, sin obra pública, ni mantenimiento, ni control", dijo Molina a este diario, y agregó que "todo, absolutamente todo, es un desastre".
El diagnóstico coincide con el que realiza desde Bolívar el intendente de ese Partido, Marcos Pisano. Por allí pasan dos rutas nacionales, la 205 y 226, y desde la asunción de Javier Milei viene alertando sobre la crítica situación vial producida por el parate de la obra pública: "Esta decisión ya se venía venir porque el vaciamiento fue sistemático desde que entró Milei. Nosotros tenemos un campamento de Vialidad acá y desde ese momento empezó a desguazar la maquinaria, luego vinieron los despidos del personal, reducido prácticamente a la mitad. Esto fue con la excusa de que el trabajo lo iba a hacer un privado que ya para marzo empezó a cortar el trabajo y en mayo se terminó de discontinuar por falta de pago", señaló ahora a Página/12, al tiempo que calificó al estado de la 205 como "caótico": "Hay descalces de banquina, la calzada a medio hacer y quedó un fresado a cielo abierto que se estaba ejecutando y se frenó".
Aunque todavía no hay cifras oficiales sobre el tema --y el cierre de la ANSV permite dudar de si las volverá a haber--, algunas intendencias comenzaron a realizar relevamientos propios para observar la situación. En Bolívar, por ejemplo, se registró que en todo 2024 hubo 36 siniestros con intervención del Hospital Municipal en las rutas nacionales, mientras que sólo de enero a mayo de 2025 ya se registraron 20. La gravedad de los siniestros también parece recrudecer, ya que el año pasado el hospital tuvo que intervenir en el 52,7 por ciento de los casos totales, mientras que en 2025 ya tuvo que hacerlo en el 55 por ciento.
Graciela Aleñá, secretaria general del Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), calificó a lo que puede ocurrir a partir de ahora directamente como un "genocidio en las rutas", que se transformarán en "rutas nacionales de la muerte". Además de los más de 5 mil puestos de trabajo en juego, Aleñá precisó que son 118 rutas nacionales las que quedarán "a la deriva" y más de 40 mil kilómetros sin mantenimiento ni cobertura "en un camino de incertidumbre".
El otro punto de la cuestión tiene que ver con las ansias de privatización de las rutas. Este lunes, horas antes de que se anunciara su disolución, Vialidad emitió un comunicado en el que confirmó que finalizaron las audiencias públicas de la etapa tres de la denominada Red Federal de Concesiones, que tendrá a más de 3.900 kilómetros de rutas en oferta. Lo dicho abre paso a la etapa de consultas y sugerencias de posibles oferentes interesados en los proyectos, paso previo para la apertura formal de los procesos de adjudicación.
Aleñá sostuvo en este sentido que todo "está armado para hacer negocios": "Es desmantelar la capacidad operativa del Estado para intervenir en el desarrollo de infraestructura vial, en favor de un esquema centralizado, vertical y con mayor lugar para la tercerización y privatización de funciones", señaló y agregó que "esta visión mercantiliza la función pública y omite que Vialidad tiene una función estratégica en la planificación y control del desarrollo vial".
Pisano, por su parte, añadió que "los argentinos sabemos lo que significa la privatización por la experiencia de vaciamiento de las empresas públicas en los '90". Para las rutas que recorren Bolívar ya se anunció la posible instalación de peajes en distintos puntos viales, aunque el intendente advierte que "en lo único que comprometen a los privados es al mantenimiento de cartelería". Los consultados coinciden en que las rutas con mayor tránsito pueden llegar a ser requeridas como modelo de negocios por el capital privado, pero las otras quedarán a la deriva.
