Si el video que muestra a la gobernadora María Eugenia Vidal como una justiciera ante un caso de violencia machista en un barrio de Morón no se hizo para difundir, como dicen en su equipo de Comunicación, ¿para qué se hizo?

Si no es parte de su campaña oficial, ¿por qué se difundió a través de la cuenta de Twitter del senador de Cambiemos Alfredo De Angelis?

Si realmente Vidal quería ayudar a una joven acosada por un vecino del barrio, ¿para que la filmaron cuando fue a golpearle la puerta para, supuestamente, amedrentarlo?

Las preguntas en torno al repudiado video son muchas. Lo cierto es que el video no es una fake news: la escena es real y la grabaron los equipos de Comunicación de Vidal, exponiendo a esa joven, su identidad, su problema, su privacidad, para quién sabe --aunque se puede elucubrar-- qué finalidad. Ahora todo el barrio se enteró y el violento puede volverse más violento y el botón antipánico que le dieron y la custodia, sabemos, podrían no alcanzar para protegerla.

Al margen del caso individual, es oportuno preguntarse también por cuál ha sido el programa delineado y puesto en marcha por Vidal para prevenir la violencia machista y acompañar a quienes la sufren, con respuestas oportunas. El video --que nunca debió grabarse-- “refleja y refuerza una definición de su política pública: la preponderancia de que las víctimas encuentren las estrategias para enfrentar el problema, sin responsabilidad del Estado”, advierte Laurana Malacalza, especialista en género y derechos humanos. La mamá de la joven contó que habían ido a la comisaría de Palomar a hacer la denuncia y no hicieron nada. Vidal, entonces, va a golpear la puerta del acosador, como una salida individual. Pero desde su gobierno “nunca se pensó la problemática en sus múltiples dimensiones”, precisa Malacalza.

A fin de 2018, el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia presentó su informe anual con serios cuestionamientos a la gestión de Vidal en esta materia. En ese sentido, el organismo advirtió que la “deuda” en materia de derechos humanos de las mujeres y personas trans y travestis, “se agravó en el último tiempo con el deterioro y desmantelamiento de 3 programas gubernamentales como así también con la reestructuración y reducción de áreas y organismos dedicados a la problemática, en los distintos niveles del Estado. Esta situación se profundizó a partir de la inexistencia de partidas presupuestarias con imputación específica, suficiente y con un enfoque de género transversal para todas las áreas de género gubernamentales de la provincia de Buenos Aires”.

Al mismo tiempo, el OVG cuestionó que “la forma en cómo se define desde lo estatal el abordaje de la violencia contra las mujeres, personas trans y travestis está atravesada por la centralidad que ocupan las políticas de seguridad y del control penal en la resolución de los conflictos sociales. En este marco, las intervenciones estatales para la prevención y asistencia en materia de violencias contra las mujeres se han sustentado en un paradigma securitario y punitivista por sobre otras definiciones en el campo de las políticas sociales, educativas o de derechos humanos”.

Una de las medidas más anunciadas fue la implementación de una aplicación para el celular “Seguridad Provincia” para que se denuncien los delitos de lesiones, abuso sexual y de intento de homicidio en contextos de violencia de género y violencia familiar, una iniciativa que “refuerza la denuncia individual de la violencia contra las mujeres y la violencia de género como mecanismo privilegiado para el acceso a la justicia y la atención de casos por parte del Estado”. Uno de los problemas es que el uso de la app exige a la persona conocer de antemano cuales son los alcances de los tipos penales establecidos en el Código Penal para poder realizar la denuncia correspondiente, “con el agravante de que esta nueva forma de presentar una denuncia se realizará sin el acompañamiento de equipos interdisciplinarios de profesionales que actualmente funcionan (no sin dificultades) en algunas de las Comisarías de la Mujer y la Familia”. Esos equipos son los que “deberían brindar una atención inicial de los casos de violencia de género, es decir, realizar la atención y la contención en el momento de la toma de la denuncia, acompañar a las víctimas en la elaboración del relato sobre los hechos de violencias, establecer acciones de coordinación con otros organismos vinculados a la atención, suministrar asesoramiento jurídico”, indica el OVG. Pero además, la comunicación de hechos que se realiza a través de la aplicación solo se hace efectiva como denuncia con su ratificación en sede judicial, es decir, finalmente, “no evita que la mujer tenga que concurrir a la fiscalía a realizar esta gestión, ampliar el relato de los hechos, ofrecer pruebas”. Además, el OVG advirtió que la app no remite la comunicación de los hechos al Fuero de Familia para solicitar “posibles medidas de protección, como sí lo realiza la comisaría --con distintas dificultades-- cuando toman la denuncia”.

También el organismo alertó sobre la precarización laboral de las empleadas que responden en la Línea 144, para atender a quienes piden ayuda.

Otro problema que apunta el informe del OVG es la escasa cantidad de vacantes en los hogares o refugios de protección integral de mujeres en situación de violencia y las dificultades que enfrentan quienes concurren “debido a las condiciones de aislamiento e incomunicación que se les impone”, lo cual afecta “no solo sus redes vinculares” sino también “la continuidad de sus empleos y por tanto su fuente de ingresos”.

La autonomía económica para que una mujer que sufre violencia en una relación de pareja es clave para poder alejarse del agresor. No todas las mujeres que lo necesitan o requieren son incluidas en el programa “Hacemos Futuro” (que reemplazó al Ellas Hacen) y el monto que reciben las que se incorporan es exiguo: unos 7500 pesos.

Tampoco durante la gestión de Vidal se implementaron programas dedicados a mejorar el acceso a la tierra ni al empleo de las mujeres en situación de violencia, “ni se promueven acciones que incorporen las perspectiva de género en el análisis de las dificultades que las mismas atraviesan, las cuales se vinculan fundamentalmente con la falta de autonomía económica que les permita construir un proyecto de vida autónomo”, dice el informe de la Defensoría del Pueblo.

La educación sexual integral sigue siendo asignatura pendiente. Desde la Dirección General de Cultura y Educación no se diseñaron proyectos especiales tendientes a garantizarla en las aulas y su implementación “pareciera ser aún heterogénea y librada en buena medida a la voluntad de las instituciones educativas”, advierte el organismo.

El programa nacional de patrocinio jurídico gratuito, previsto en una ley aprobada por el Congreso a fin de 2015, se está poniendo en marcha a cuenta gotas, como ya informó este diario: apenas una sola abogada en 13 jurisdicciones del país: 11 provincias del NOA y el NEA, Neuquén y la ciudad de La Plata.

 

A todo esto, hay que sumar el agravamiento de la situación económica y el aumento de la pobreza, que afectan con más fuerza a las mujeres jóvenes del conurbano.

La violencia machista es la otra cara de la discriminación histórica de las mujeres en la sociedad: ese es el caldo de cultivo que favorece que algunos hombres se consideren con derecho a apropiarse de los cuerpos de las mujeres e identidades feminizadas. Son necesarias políticas públicas integrales, comisarías que tomen la denuncia, una justicia que responda oportunamente, acompañamiento jurídico y psicológico para quienes lo necesitan, trabajo, ayudas monetarias, acceso a créditos y a vivienda, pensar la ESI como una herramienta a largo plazo pero urgente, entre otras medidas. Bastante poco es lo que puede mostrar la gobernadora --si decide grabar un video-- en relación a lo que ha hecho en los tres años y medio de gestión para enfrentar un problema social y de derechos humanos --en el cual no hay grieta en torno a su gravedad-- y que no se resuelve golpeando una puerta.