Desestiman denuncia por incitación a la violencia 
Monteverde ganó la batalla
El edil de Ciudad Futura había sido denunciado por el PRO por un discurso en el Concejo con críticas a la situación económica.

El fiscal Gustavo Ponce Asahad desestimó ayer una denuncia presentada por un ex funcionario de Cambiemos contra el concejal de Ciudad Futura, Juan Monteverde, por incitación a la violencia durante una sesión del Concejo Municipal donde polemizó con su par del PRO, Roy López Molina. El fiscal decidió archivar la presentación al entender que se trata de una cuestión política no judiciable.

En la sesión del 30 de agosto de 2018, el concejal Monteverde manifestó: "Estamos en un día donde todo se va a la mierda y no hay otra forma de expresarlo, discúlpeme (...) de hecho, hoy muchos compañeros y compañeras me decían 'por lo menos andá y decile algo a estos tipos, porque nos van a dejar sin país y ahora se van del recinto' (...) entonces lo único que les pedimos es que se queden en el recinto, y que den argumentos, cuando la gente venga con un bidón lleno de nafta a querer prender fuego este lugar, yo voy a estar con la gente y con la nafta, porque tienen que responder a lo que está pasando, y si la política no da respuesta entonces la gente se lleva puesta también a la política, lo que le quiero decir al resto de las fuerzas de esta ciudad es que hagamos algo".

El abogado Guillermo Grisolía había denunciado a Monteverde por "instigación a cometer delitos, intimidación pública, incitación a la violencia, apología del crimen y atentado contra la administración pública".Tras la presentación, Monteverde pidió al fiscal que se desestime la denuncia.

Ponce Asahad esperó entre otras evidencias la llegada de la copia taquigráfica de la sesión. Un año después el fiscal emitió un dictamen en el que concluyó que las expresiones de Monteverde se produjeron "dentro de una sesión ordinaria del cuerpo legislativo y coincidió con la fecha en el que el mercado cambiario registró una importante volatilidad en la que el dólar trepó de 31.94 a 40 pesos, lo que generó una estampida cambiaria de más del 24 por ciento". Y reseña que las manifestaciones de Monteverde en el Palacio Vasallo "revistieron calidad institucional y de gobierno y como tal, es entendido que los problemas políticos fundamentales no tienen nada de judicial". El fiscal recordó que en esa sesión el presidente del Concejo llamó en varias ocasiones al orden y no habilitó ninguna cuestión disciplinaria.

En la sesión del 30 de agosto de 2018, Monteverde manifestó: "Estamos en un día donde todo se va a la mierda, no hay otra forma de expresarlo".

 

Al conocerse el fallo, Monteverde señaló que "la política se tiene que resolver en los ámbitos políticos. Pretender judicializar las ideas y las expresiones del debate político no sólo es errado conceptualmente, sino que es profundamente antidemocrático". Y agregó: "No nos equivocamos en nada de lo que dijimos ese día: ni en la descripción de lo que estaban haciendo, ni en advertirles que de continuar ese camino de ajuste, la gente en algún momento se iba a cansar y les sacaría el apoyo que habían conseguido en las elecciones de 2017".

Entre los antecedentes citados por el fiscal recordó que la Suprema Corte de los Estados Unidos en el caso Marbury vs Madison se ocupó de dejar sentado que "existen asuntos políticos que no pueden ser examinados por los tribunales". El dictamen concluye recordando que "la doctrina de las cuestiones políticas no judiciables ha vuelto a estar en debate y con estridente sonoridad en nuestro país, desde la última transición política nacional. Es a partir de entonces que hubo un producción de pronunciamientos judiciales que bloquearon la intromisión de la justicia en el ámbito de facultades de otro poder del Estado".

"Entendemos -dice Ponce Asahad- que el sistema republicano de gobierno habilita, en relación a decisiones eminentemente políticas, mecanismos de control de naturaleza política que la misma Constitución y las leyes establecen. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sido cautelosa y criteriosa con la adopción de posiciones extremas, en el entendimiento que el ejercicio incontrolado de la función jurisdiccional irrumpiendo en el ámbito de las atribuciones reservadas a otros poderes constituye un anomalía constitucional axiológica, caracterizada como la pretensión del 'gobierno de los jueces', tal como la define sin medias tintas y peyorativamente la doctrina francesa".

 

"Considero que no existen elementos que de alguna manera habiliten siquiera a iniciar una investigación penal preparatoria en los términos solicitados por el denunciante", concluyó.

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