En el Congreso presentaron un proyecto para compensar el recorte 
Los gobernadores acudirán a la Corte Suprema
Desde el lunes, los gobernadores opositores presentarán batalla en el frente judicial y en el parlamentario. Firmarán un recurso de amparo que irá a la Corte.

Los gobernadores de la oposición darán batalla en varios frentes, el judicial y parlamentario, contra la decisión del Gobierno de reducir los impuestos coparticipables de IVA y Ganancias, que disminuyen sus ingresos y jaquea a las administraciones provinciales. El lunes, 15 fiscales de Estado rubricarán un recurso de amparo ante la Corte Suprema en representación de las provincias de Misiones, Santa Cruz, Santiago del Estero, La Pampa, San Luis, Tucumán, San Juan, Formosa, Neuquén, La Rioja, Chubut, Río Negro, Tierra del Fuego, Santa Fe y Salta. En tanto los senadores del Bloque Justicialista –que responde a los gobernadores peronistas-- presentaron un proyecto para compensar las pérdidas de 40 mil millones de pesos que deberían recibir las provincias con los fondos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que serían distribuidos de acuerdo a los porcentajes que establece la Ley Federal de Coparticipación.

La decisión de recurrir ante los supremos ya había empezado a tomar cuerpo en la reunión que los gobernadores de las provincias opositoras realizaron esta semana en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). La idea se propagó rápidamente y se intensificaron los contactos entre las administraciones provinciales. Hasta ayer a la noche, 15 provincias habían dado el visto bueno de participar en la presentación de un amparo colectivo. Un texto definitivo y la rúbrica del escrito que llevarán ante la Corte quedaron en manos de los fiscales de Estado de cada una de ellas.

“El lunes estamos presentando un recurso de amparo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque lo que ha hecho el gobierno nacional es ilegal”, señaló Urtubey ayer en una rueda de prensa luego de participar de los actos por el 207 aniversario del Éxodo Jujeño y adelantó lo que se gestaba entre los gobiernos provinciales opositores. “Más allá de la justicia o no de la medida, el Gobierno nacional lo tiene que hacer con sus recursos y no con los que no le son propios y eso es lo que les estamos diciendo las provincias a la Nación”, sentenció el gobernador. 

"Esta medida de tinte electoralista y arbitraria tiene visos de ilegalidad, toda vez que no respeta el principio de coparticipación federal", sumó ayer el asesor general del gobierno catamarqueño, Pablo Gallardo. El funcionario también afirmó que Catamarca recurrirá este lunes a la Corte Suprema con pedido de “inconstitucionalidad” de la decisión del Gobierno que “avasalló las atribuciones constitucionales que tiene el Congreso". Aunque Catamarca no figuraba anoche en el listado de las 15 provincias que presentarán el amparo colectivo ante la Corte, tampoco se descarta su adhesión.

El reclamo de los gobernadores peronistas también tendrá repercusiones en el Congreso. Los senadores del Bloque Justicialista presentaron un proyecto de ley para compensar con 40 mil millones de pesos con fondos de ATN el desfasaje financiero que las medidas del gobierno nacional le ocasionan a las provincias.

"El Gobierno tomó medidas sin consultar a los gobernadores, violando el pacto fiscal que él mismo promovió y poniendo en riesgo la economía de las provincias", señaló el senador catamarqueño Dalmacio Mera, autor de la iniciativa que suscribieron el jefe de la bancada, el cordobés Carlos Caserio y el chubutense Alfredo Luenzo. "La inmadurez política no puede hacer que en una elección se rife el futuro de la Argentina, por lo que hay ser prudentes y responsables hasta el último día", agregó Mera.

“Los ATN son fondos establecidos por la Ley de Coparticipación Federal para auxiliar a las provincias en casos de emergencia y desequilibrios financieros”, dice en los fundamentos el proyecto y agrega: “Con este instrumento, de carácter transitorio, las provincias podrán afrontar los compromisos presupuestarios asumidos y el Gobierno nacional podrá contar con un sistema de distribución de fondos totalmente transparente y equitativo conforme lo establecido por ley”.

 

“Su política económica desvirtuó todos los indicadores que ellos mismos plantearon en el presupuesto 2019 y ahora con medidas electoralistas violan la ley de coparticipación federal y el Pacto Fiscal que firmó la Nación con las provincias. Parecen decisiones de un gobierno de facto”, dijo a PáginaI12 el senador formoseño José Mayans.

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