Opinión
Morir en campaña

Durante la apertura de las sesiones ordinarias, el presidente Mauricio Macri reivindicó a “los policías que entran a los barrios peligrosos arriesgando su vida, porque hoy se sienten apoyados, respaldados y respetados”. La apuesta por la “doctrina Chocobar”, quizás la única política de seguridad de la actual gestión, reaparecía en el centro del juego político en un año electoral. 

Cincos meses después, el Gobierno vuelve a apostar por el que considera su eslabón más fuerte. Si la economía sólo ofrece índices negativos, ¿qué mejor que acentuar un concepto farragoso para los candidatos opositores como es el de “inseguridad"?

En ese marco, dos asesinatos aparecieron en la escena pública. Primero supimos que un hombre murió en San Cristóbal, luego de que un oficial de la Ciudad le pegara una patada frontal haciendo que se desplomara en el acto. Una cámara volvió viral la noticia y transformó un “exceso”, posiblemente cotidiano, en una imagen visible de la violencia institucional. Luego nos enteramos de que tres días antes, un anciano había sido molido a golpes por el personal de seguridad del supermercado COTO en el barrio de San Telmo, tras haber robado aceite, queso y chocolate.

En una Ciudad donde existen más de 7500 personas en situación de calle, el discurso gubernamental deviene en la legitimación del uso irracional de la fuerza. Esta estrategia discursiva acentúa la propuesta de una política criminal centrada en el uso de la violencia –ya no sólo la estatal, sino también la privada- sobre las pequeñas incivilidades del espacio compartido. La estrategia oficialista presenta una dicotomía en el espacio público definida por vecinos asediados por delincuentes (o personas que se transforman en peligrosas por el sólo hecho de encarnar la pobreza en la que nos acostumbramos a vivir).

Entonces, en un escenario electoral que se percibe adverso, el Gobierno vuelve a producir retóricas securitarias, su plato fuerte. La narrativa oficial, a través de la ministra Patricia Bullrich, justifica y exonera a quien fue identificado por las cámaras de seguridad como responsable de un asesinato en la vía pública. El fundamento de la “legítima defensa” no se hizo esperar y volvió a avalar la violencia y la impunidad. Para el discurso oficial, la única solución política para evitar los asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad local parecería ser el uso de las pistolas Taser.

Cuando la economía se vuelve la pesadilla del oficialismo, la seguridad resurge. Fundamentada en un componente ideológico particular, la “amenaza” no tiene horarios ni límites: podemos poner a la sociedad en riesgo sólo por obstaculizar el tránsito o hurtar una botella de aceite.

“Llegar al alma y al corazón”, prometió Bullrich en su última conferencia post PASO. El bastión securitario parece ser la pócima para volver a conquistar a aquellos que se desencantaron con el gobierno, pero siguen teniendo miedo.

* Grupo Comunicación, Política y Seguridad de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA (www.comunicacionyseguridad.com).

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