Informe de la UBA sobre el ajuste aplicado por el gobierno de Macri
Un recorte drástico a las políticas alimentarias
El relevamiento realizado por el CEC-UBA muestra cómo fueron reducidos los fondos destinados a financiar comedores escolares y tarjetas alimentarias. Mientras la Ciudad de Buenos Aires fue incluida en el Plan de Seguridad Alimentaria, el mayor ajuste lo sufrieron el interior del país y, en menor medida, la provincia de Buenos Aires.
Imagen: Bernardino Avila

El financiamiento de los programas alimentarios fue ajustado drásticamente durante el gobierno de Mauricio Macri: por ejemplo, el presupuesto de los comedores escolares bonaerenses se quedó casi 30 puntos porcentuales detrás de la inflación en la canasta alimentaria, mientras que fue relegado en 100 puntos en el resto de las provincias.  Los datos surgen de un informe realizado por el Centro de Estudios de la Ciudad, dependiente de la UBA, y refuerzan el reclamo que vienen realizando diferentes instituciones, partidos políticos y movimientos sociales para que el gobierno nacional decrete la emergencia alimentaria. 

“Históricamente, el dinero destinado a políticas alimentarias tiene una modalidad descentralizada. El gobierno nacional transfiere fondos para sostener la asistencia a las familias mediante tarjetas alimentarias y comedores escolares. Esas dos son las líneas programáticas que sufrieron mayores restricciones en el último tiempo”, explicó a PáginaI12 Martín Ierullo, el investigador a cargo del informe.

En el período analizado (diciembre 2015 a diciembre 2018), la canasta alimentaria de un grupo familiar tipo sufrió un aumento del 241,33 por ciento. En el mismo lapso, el presupuesto para las tarjetas alimentarias pasó de 1421 millones de pesos a 3150 millones, es decir que sufrió un recorte real del 19,7 por ciento. El presupuesto de los comedores escolares pasó de 712 millones a 1523 millones, es decir, tuvo un recorte del 27,6 por ciento. El único presupuesto que no perdió fue el de los comedores comunitarios: pasó de 356 millones a 890 millones, es decir creció un 8,1 por ciento respecto del valor de la canasta alimentaria.

El informe concluye que tarjetas alimentarias y comedores escolares se vieron restringidos "en el contexto actual de mayor demanda alimentaria por el incremento de la pobreza y el desempleo. Es decir, las transferencias otorgadas han sido menores al incremento producido en el valor de los alimentos. Esta reducción ha implicado un ahogamiento de los gobiernos provinciales, que cuentan con menores fondos (en términos reales) para afrontar una demanda creciente".

Un dato fundamental que revela el informe es que una importante proporción del gasto en comedores escolares fue transferido al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -el distrito más rico del país-, con el que se celebró un convenio para su inclusión en la línea programática del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria. En ese marco, los importes transferidos en promedio al resto de las provincias se redujeron drásticamente. Los comedores escolares bonaerenses recibían en 2015 91 millones de pesos y tres años después recibían 196 millones: respecto del valor real de la canasta alimentaria ese presupuesto cayó un 28,2 por ciento. Peor les fue al resto de las provincias, que pasaron de 515 millones a 738 millones: la pérdida fue de 100 puntos porcentuales respecto de la inflación.

Así, "para mantener la calidad de los alimentos ofrecidos a los alumnos de la escuela pública las provincias debieron disponer de fondos propios", señaló el investigador del CEC, que depende de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).

El informe también destaca que, respecto de la acción directa del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, se observa un marcado crecimiento de los módulos alimentarios entregados. Los mismos pasaron de 1,41 millones en 2015 a 6,9 millones en 2018, es decir, se quintuplicaron en el marco de la gestión del gobierno de Cambiemos. Pero a su vez, explican que ese crecimiento implicó una ruptura respecto de las tendencias de descentralización y bancarización que habían históricamente caracterizado este campo de políticas sociales a partir de 2004 -cuando la entrega directa de bolsones alimentarios fue perdiendo peso a partir de su reemplazo por tarjetas alimentarias-. La entrega directa de alimentos por parte del Gobierno comenzó a ser entonces, para el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, una herramienta para contener la conflictividad social y crear nuevas mediaciones territoriales. En otras palabras, según lo que explica el CEC-UBA, los módulos de alimentos fueron entregados a movimientos sociales con presencia territorial y sirvieron como una estrategia de negociación en el marco de las movilizaciones y protestas. Por otro lado, esos alimentos también fueron entregados a un conjunto de fundaciones, iglesias y organizaciones sociales que el Estado constituyó como nuevos interlocutores y mediadores con los sectores populares.

La investigación del CEC-UBA advierte que, en cuanto al análisis del presupuesto aprobado para 2019, las tendencias respecto de las políticas de asistencia alimentaria no se revirtieron. Al contrario, indican que "se agudizaron en el presente ciclo presupuestario", y que se verán agravados por el aumento de la inflación.

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