La medicación recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la interrupción de un embarazo es el método combinado de misoprostol y mifepristona. Sin embargo, en los países en los que no se encuentra disponible la mifepristona, como es el caso de Argentina, se recomienda un esquema de misoprostol.

En nuestro país se comercializan dos marcas: Misop 200, de Laboratorios Domínguez y Oxaprost, de Laboratorios Beta. Si bien para realizar un tratamiento completo se necesitan 12 comprimidos, se toma para el relevamiento de precios la caja de Oxaprost de 16 comprimidos ya que es la única presentación disponible. “El ingreso al mercado del Misop 2000 en 2018 fue alentador, ya que tenía indicación ginecológica y descomprimió la posición monopólica que mantenía Laboratorios Beta sobre la producción de misoprostol. En principio la ANMAT lo autorizó para uso hospitalario y luego se extendió para la venta en farmacias. Respecto del Misop 200, actualmente existen dos pendientes: que llegue a todas las farmacias del país y que el precio resulte realmente accesible para la población ya que, si bien es menor al Oxaprost, representa el 32.22 por ciento de un salario mínimo, vital y móvil”, indica el informe del Proyecto Generar, que pide la producción pública de misoprostol.

La inflación repercutió contra los cuerpos gestantes ya que el Misop 200 costaba 3.618 pesos en abril, y en agosto el valor ascendió a 4.027 pesos. Mientras que el Oxaprost de 16 comprimidos pasó de costar 5.590 pesos a 6.800 pesos. Hoy si una mujer necesita abortar por su cuenta necesita tener en el bolsillo el 54,4 por ciento de un salario mínimo vital y móvil para poder pagar la medicación. Por eso, la clandestinidad sumada a la inflación y la devaluación convierte el derecho al aborto por causales en un privilegio cada vez más lejano para las más pobres.