Desde finales de 2016 el Gobierno tiene, como herramienta para acceder a mayor presupuesto con el que reforzar los comedores escolares y populares, la Ley de Emergencia Social. Esa norma habilitó al Poder Ejecutivo a reasignar partidas presupuestarias por 30 mil millones de pesos desde diciembre de 2016 hasta diciembre de este año. Sin embargo, a pesar de que todas las mediciones sobre pobreza fueron alertando sobre el agravamiento de la situación de millones de hogares, Cambiemos subutilizó la ley de emergencia. Según un análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en el primer año luego de declarada usó sólo el 75 por ciento de los fondos destinados originalmente a Políticas Alimentarias (y nada de la ampliación). Lo mismo está ocurriendo hoy: a esta altura del año, el Gobierno debería haber gastado el 70 por ciento del presupuesto destinado a Políticas Alimentarias, pero sólo empleó el 58 por ciento. Obviamente, tampoco aprovechó la posibilidad de reasignar partidas presupuestarias que le daba la Ley de Emergencia Social. En resumen: aunque tiene los fondos ya aprobados, e incluso puede ampliarlos, está comprando y enviando a los comedores y merenderos menos alimentos de los que puede.
La gestión de la Política Alimentaria en el gobierno de Mauricio Macri parece un sinsentido: habilitó un modo de tener más recursos para atender a la pobreza generada por su modelo económico, pero luego no lo usó. Incluso en años electorales, cuando se estaba jugando su permanencia en el gobierno nacional.
En lo alimentario, sólo en el año 2018 hizo un mejor uso de su presupuesto, ya que lo utilizó en un 90 por ciento. Pero tampoco entonces utilizó la ampliación de fondos disponible.
Estos números del CEPA sirven para entender por qué las organizaciones sociales siguen saliendo a calle, a pesar de que Cambiemos asegura ser el gobierno con el presupuesto para inversión social “más alto de la historia de democracia argentina” o que cada toma de deuda con el FMI llegue con el anuncio de que el organismo “le permitió gastar más en ayuda social para contener la crisis”. Lo que figura en los papeles y promesas oficiales no es lo que llega a los barrios.
Las partidas presupuestadas fueron así no utilizadas por completo, como si estuviéramos en un país sin necesidades alimentarias. Al mismo tiempo, los presupuestos originales eran ampliados, previendo compras y gastos mayores, que luego nunca se concretaron.
Sobre este estado de cosas, el informe del CEPA analiza cómo los presupuestos vieron reducido su poder adquisitivo debido la inflación. Algunos ejemplos:
Entre 2017 y 2019, debido a la suba del precio de los alimentos, el presupuesto para Políticas Alimentarias perdió un 18 por ciento de su poder de compra.
Los fondos destinados a programas de Apoyo al Empleo disminuyeron en poder de compra en un 30 por ciento.
La partida que atiende la demanda urgente, Abordaje Territorial, sufrió en el mismo período una merma real del 77 por ciento.
La columna azul del gráfico muestra, en contraposición, la partida del presupuesto que creció vigorosamente, incluso por encima de la variación inflacionaria. Se trata de los fondos para el pago de Servicios de Deuda y Deudas Directas de la Administración Central, que de 2017 a 2019 aumentó en términos reales el 46 por ciento.
En líneas generales, toda la gestión de Cambiemos tuvo como característica el incumplimiento de los programas acordados con los movimientos sociales. El salario social para integrantes de las cooperativas que dependen del Ministerio de Desarrollo Social llega a 400 mil personas, pero tuvo continuas denuncias de bajas en una situación de aumento del desempleo. Este año, con mayor intensidad, las organizaciones vienen quejándose de interrupciones en los envíos de alimentos a los comedores y por la baja calidad de las remesas, en las que faltan leche, carne y verduras frescas.
