Este año fueron asesinados cuatro jóvenes en Salta   
Universitarios contra el gatillo fácil
La Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta reclamó justicia para Cristian Gallardo, Neri Ovejero, Martín Carreras y Jorge “Guri” Farfán, asesinados en 2019 en hechos en los que está involucrada la Policía de Salta.

El caso de Cristian Gallardo, el joven de 23 años que murió en un móvil de la Policía de Salta, sigue conmocionando a la sociedad salteña y convocando movilizaciones. A raíz de esto, el Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta aprobó en forma unánime un proyecto mediante el cual rechaza el gatillo fácil y exige condena a los policías involucrados. 

La iniciativa había sido presentada por las agrupaciones Juventud a la Izquierda y Pan y Rosas y fue aprobada el martes último.

“Este año fue la expresión más brutal”, dijo a Salta 12 Josefina Ciotta, militante de Pan y Rosas. Agregó que los casos de gatillo fácil se han incrementado con el gobierno de Mauricio Macri. “No podíamos dejar de pronunciarnos porque en este aniversario de los 70 años de la educación gratuita en Argentina, tenemos que reflexionar sobre esto y los canales de inclusión para posibilitar que todos los jóvenes tengan acceso a la educación universitaria”, añadió la decana de Humanidades, la antropóloga Catalina Buliubasich. 

Según la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), desde la vuelta a la democracia hasta hoy, hubo 6500 casos, “el 20 por ciento de esos fueron en el gobierno de Macri”, sostuvo Ciotta. 

La resolución de Humanidades señala que “la doctrina Chocobar, que impulsa este gobierno, deja un joven asesinado en manos del aparato represivo estatal cada 21 horas. Y en Salta, en lo que va del año, hubo al menos 4 casos de gatillo fácil”. El caso Gallardo se sumó a los asesinatos de Neri Ovejero, Martín Carreras y Jorge “Guri” Farfán. 

Por su parte, Buliubasich dijo a Salta 12 que esta situación genera “una preocupación enorme” y “obliga a una reflexión para saber si se trata de ´excesos´ o políticas represivas”. “La tendencia es que se va haciendo cada vez más pronunciada la judicialización de los jóvenes, el maltrato policial, la tortura y la muerte”. 

La Facultad ya se había pronunciado en contra del Servicio Cívico Voluntario en Valores, propuesto por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La antropóloga sostuvo que hay una relación entre “la situación económica, el papel que tienen que cumplir las instituciones educativas (en este caso la Universidad) y las políticas de derechos humanos”. 

Agregó que se deben denunciar y visibilizar los casos de gatillo fácil, y, sobre todo, “colocarlos en una política de derechos humanos que tiene que ser respetada. Estos últimos hechos violan toda la normativa en ese sentido”. “La no contención, la profundización de los problemas económicos y otros problemas vinculados con los jóvenes, trae como contracara un sistema represivo”, lamentó Buliubasich. “Las fuerzas de seguridad tienen que ser educadas en las garantías de derechos”, enfatizó. 

Desde su rol académico, subrayó que cada caso que ocurre con los jóvenes “es un aspecto de lo social que nos toca porque el sentido de la existencia de la universidad son los jóvenes. No estamos para otra cosa”, concluyó.

Suplementos
Suplementos
Tu navegador tiene deshabilitado el uso de Cookies. Algunas funcionalidades de Página/12 necesitan que lo habilites para funcionar. Si no sabés como hacerlo hacé CLICK AQUÍ