No es solo la economía  
Imagen: Bernardino Avila

El neoconservadorismo económico, pieza central del modelo macrista, no lo describe en su totalidad. Lo complementan el cercenamiento o la limitación de derechos. Las reglas y las acciones estatales referidas a las migraciones constituyen un ejemplo arquetípico.

Durante los gobiernos kirchneristas se concretó una legislación de avanzada, sustentado en dos piezas maestras;

* El programa Patria Grande, creando un régimen amigable para “regularizar” documentos. El “indocumentado” es presa fácil de la explotación patronal y la agresión de las fuerzas de seguridad. Un sistema sencillo, acogedor, respetuoso del mandato constitucional, lo protegía.

* La legislación nacional se aggiornó propiciando que personas laboriosas y nobles pudieran adquirir la ciudadanía argentina, cumpliendo requisitos básicos, sensatos, fácilmente verificables.

El Gobierno arrolló ambas conquistas mediante el decreto 70/2017, firmado por el presidente Mauricio Macri. Estipuló reglas severas para arrestar y deportar inmigrantes, a menudo sin intervención judicial. Se concedieron facultades exorbitantes a la autoridad administrativa, se abolió de facto el derecho de defensa. Se edificó una cárcel para migrantes, un mini Guantánamo, que hasta ahora no fue usada.

Las reglas vienen en combo con el accionar y el discurso cotidianos. Se difama a los migrantes, se los acusa de ser delincuentes natos, se fabulan estadísticas que lo comprueban. Se los encarcela sin condena y con frecuencia sin juicio para confirmar fácticamente la propaganda xenófoba. La ofensiva verbal de la ministra Patricia Bullrich o el senador Miguel Pichetto sirven de inspiración a la acción directa de policías que reprimen con alegre saña a vendedores ambulantes condenados “a priori” por el delito de querer subsistir laburando. En ese Código Penal callejero, ser negro se considera agravante.

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Un organismo de las Naciones Unidas (ONU), el Comité de Protección de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, le exigió a la Argentina la derogación del Decreto 70/2017. Ni el Gobierno ni los intelectuales que lo apoyan se dieron por aludidos. La ONU, da la impresión, no es “el mundo”, expresión reservada a los popes de la timba financiera.

El decreto contradice la letra y el espíritu de la Constitución nacional, empezando por el Preámbulo. La Cámara en lo Contencioso Administrativo federal sentenció su inconstitucionalidad hace más de un año. El Gobierno dedujo recurso extraordinario ante la Corte Suprema, el expediente hiberna en algún estante. El presidente Carlos Rosenkrantz y su antecesor Ricardo Lorenzetti compiten en el arte de pronunciar homilías laicas señalando con el dedito a otros poderes del Estado, sanateando sobre “la Justicia”. Simultáneamente, el Tribunal se auto concede tiempos vaticanos para resolver esta violación de derechos humanos. Tal vez se ciña a los dictados de la moda o se deje llevar por los vientos de la historia.

La violencia xenófoba, impiadosa, a veces asesina, es tendencia mundial: caracteriza a demasiados gobiernos primermundistas. La adscripción simiesca del macrismo a la cultura y las políticas estadounidenses completan el círculo vicioso. 

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