El gobierno porteño no ofreció soluciones a las familias
Casa Santa Cruz: más de cien familias resisten un desalojo
El desalojo está ordenado para realizarse a partir del 18 de septiembre. 
Imagen: Leandro Teysseire

Desde el martes por la tarde, más de cien familias, entre las que hay 131 niños, niñas y adolescentes del edificio de la calle Santa Cruz 140, en Parque Patricios, se organizaron en una vigilia con olla popular para enfrentar el desalojo forzoso de las viviendas ordenado por el juez Fernando Cesari para este miércoles y los dos días subsiguientes. Sin instancia judicial a la que recurrir, y sin ninguna solución habitacional por parte del gobierno porteño, el destino de las familias es lisa y llanamente la calle. "El juez rechazó todos los amicus curiae (amigo del tribunal) para que se suspenda el lanzamiento", explicó Iliana Llanos, presidenta de la cooperativa Papa Francisco que conformaron los vecinos para comprar el edificio en el marco de la Ley 341 de créditos colectivos. Y sostuvo que "nos toca resistir porque no tenemos a dónde ir".

Con una olla popular participativa, un micrófono abierto y un acampe afuera del edificio, los vecinos y vecinas decidieron bancar la parada hasta la llegada del oficial de justicia. Pero a la incertidumbre que genera un operativo de desalojo que expulsará de sus hogares a más de 350 personas, se sumó que la orden judicial no fijó hora para el desahucio.

"En junio el IVC (Instituto de Vivienda de la Ciudad), que conoce el problema desde 2014, nos respondió que no tiene presupuesto para dar solución a nuestra problemática. Reconocen que estamos inscriptos en el programa de autogestión de vivienda, pero aducen que hay 350 cooperativas en lista de espera", dijo Llanos a Página|12, quien señaló que desde aquella comunicación el organismo estatal no volvió a interesarse por ellos.

A las familias tampoco les ofrecieron los cinco mil pesos de subsidios habitacionales porque, según contó Llanos, el gobierno explicó "durante una reunión en la que participó como mediador la Defensoría del Pueblo, que había que ver caso por caso". En ese mismo encuentro, los vecinos y vecinas dejaron claro que los subsidios que ofrece el decreto 690 para familias en situación de calle no son una solución equiparable al lugar donde están viviendo.

"Es muy difícil conseguir alquileres formales en hoteles, y, como no se pueden sostener, se termina cancelando el subsidio y las familias terminan en la calle", detalló la referente de la cooperativa, y remarcó que "nunca hubo intención del gobierno de encontrar una solución para las familias".

En cambio, las familias organizadas en la cooperativa intentaron obtener un crédito blando para comprar la propiedad a través de la ley 341 (del año 2000) que habilita al IVC a otorgar créditos para la compra de viviendas sociales por medio del Programa de Autogestión de la Vivienda.

Durante años, las familias fueron recuperando el edificio que es parte del predio de una manzana donde hasta la década del 90 funcionó la empresa textil SELSA. Tras su quiebra, los edificios de los talleres fueron vendidos o rematados. El edificio Santa Cruz fue subastado ocupado en 2010  por 1.500.000 de pesos al empresario Leonardo Ratuschny, en favor de quien se efectiviza el desalojo.

El lunes, la Asociación Civil por la igualdad y la Justicia (ACIJ) se presentó ante el juzgado Nacional en lo Civil N° 60, a cargo de Cesari, como amicus curiae, y  advirtió que  el  desalojo dejaría a las familias en la calle "violando su derecho a acceder a una vivienda adecuada –reconocido por la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad y múltiples tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, al igual que otros DDHH– como seguridad e integridad física, educación, trabajo, salud".

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