“Todo lo que están haciendo es para quebrarme, porque ahora quieren exhumar el cuerpo de mi hijo, para tratar de demostrar que murió por ‘mala praxis’ y no porque un policía le pegó un tiro en la cabeza”. Emilia Vasallo, es la madre de Pablo “Paly” Alcorta, un chico de 17 años que recibió un disparo hecho por el policía bonaerense Diego Ariel Tolaba. El hecho ocurrió en mayo de 2013 y el joven falleció seis meses después. “Hoy (por ayer), fuimos a hacer la denuncia por el allanamiento ilegal que sufrimos el viernes 13, y nos enteramos que el fiscal (Matías) Rappazzo me obliga a una exhumación, después de seis años, porque en su momento la justicia no hizo lo que tenía que hacer y ahora lo hace porque no quieren acusar a Tolaba” por el delito de homicidio agravado. Sobre el allanamiento denunciado por Vasallo, recibieron una notificación del Ministerio de Seguridad bonaerense “que abrió de oficio un sumario administrativo para investigar a los policías que actuaron encapuchados en ese operativo”.

Eduardo Soares y María del Rosario Fernández, de la Gremial de Abogados, que representan a la familia Vasallo, revelaron que el allanamiento “fue ilegal por la forma en que actuaron los policías que entraron a la casa de Emilia, pero lo más grave todavía es que había sido ordenado por el juez de Garantías de Morón Alejandro Horacio Lagos y lo que es peor aún, fue presenciado por el secretario del juzgado, Gustavo González”. Al principio, Emilia había señalado que fue un operativo sin orden judicial, porque los policía nunca mostraron el acta de allanamiento, que existía y que estaba firmada por el juez Lagos.

Durante el allanamiento, Emilia Vasallo fue golpeada y maniatada por algunos de los cerca de 20 policías encapuchados que intervinieron en el asalto a la casa, mientras el secretario González seguía los acontecimientos, sin decir palabra. Emilia fue golpeada cuando intervino para evitar que siguieran golpeando a uno de sus hijos. El hecho no terminó en una tragedia mayor porque, avisados por vecinos, los abogados se hicieron presentes en la casa y ordenaron a los policías que liberaran a la mujer y a su hijo. Todo sucedió en presencia de los nietos de la mujer.

El miércoles 11 y el  jueves 12, antes del allanamiento ilegal por su forma, más allá de la orden judicial, la misma vivienda había sido allanada cinco veces por policías --esa vez sin capuchas-- con la excusa de que buscaban en el barrio un inexistente cargamento de droga. “Dijeron que era un cargamento muy grande y después que eran cinco kilos de cocaína”, señaló Soares, para completar lo que todos creen que fue “una evidente amenaza para hacerme callar, para que no siga denunciando a la justicia y a la policía por el asesinato de Paly”, sostuvo Emilia. En síntesis, la familia sufrió un allanamiento ilegal por su forma, con orden judicial, y cinco allanamientos sucesivos “respetuosos, tratándose de la policía”, pero también bajo sospecha porque el juez Lagos dijo que él no tuvo “nada que ver” con esos operativos del miércoles 11 y el jueves 12.

Emilia Vasallo, sin poder contener el llanto por la noticia de la exhumación, ofreció una conferencia de prensa en la sede del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), acompañada por Nora Cortiña, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y decenas de familiares de víctimas de la violencia institucional que hicieron relatos similares al “apriete policial y judicial” ocurrida la semana anterior.   

“Venimos de hacer la denuncia y nos enteramos que quieren exhumar el cuerpo de Paly para demostrar que murió por ‘mala praxis’ y no por una bala policial”, empezó diciendo Emilia y el llanto la detuvo por unos instantes. “Me duele el alma, porque es una jugada de ellos para quebrarme, para quebrar a mi familia, para quebrar una lucha que es la de todos los que estamos acá, pero nosostros no vamos a abandonar esta lucha contra esta justicia que no es justicia".  

Soares explicó que presentaron una denuncia judicial para que se investigue a fondo lo ocurrido el viernes 13. "Le dijimos toda la verdad, que Emilia se resistió y defendió a su hijo frente al accionar policial, porque es lógico que lo hiciera porque eran policías encapuchados, en un procedimiento totalmente ilegal, que estaban agrediendo a su familia y después lo hicieron con ella misma". 

El abogado fue el primero en llegar a la casa, luego de recibir el llamado de auxilio, y tuvo problemas para ingresar porque “unos encapuchados no me dejaban pasar”.  Explicó que el secretario del juez, con el que estuvo conversando en el lugar de los hechos "fue testigo presencial de la presencia de encapuchados, vio cómo la golpeaban a Emi, como la ataban a una silla, cómo le pegaban a su hijo, de manera que todos tienen elementos para investigar y castigar por lo ocurrido". 

Emilia dudó, ante una consulta de este diario, que la investigación sobre el allanamiento pueda prosperar. "Hicimos la presentación ante la fiscal de turno y nos tocó la UFi 6 de Morón, a cargo de María Silvana Beatriz Bonini, que fue la que no quiso investigar el asesinato de mi hijo, junto con el juez de Garantías Gustavo Robles, de manera que tengo mis dudas y son fundadas".  

Entre los familiares presentes estaban las madres de Kiki Lezcano y Juan Pablo Kukoc, los dos asesinados por policías. A la mamá de Kiki le abrieron una causa falsa por robo de auto, a ella que no sabe manejar, y a la madre de Kukok, asesinado por el policía Luis Chocobar, reivindicado por el presidente Mauricio Macri, la persiguen al punto que tuvo que mudarse de barrio.