Desde Santa Fe
Otra multitud dolorida se movilizó anoche hasta la Casa Gris, donde redobló la protesta contra el gobierno de Miguel Lifschitz y lo responsabilizó por la "epidemia de violencia" en Santa Fe -así la llamó el intendente José Corral- que la semana pasada sumó ocho homicidios en ocho días: el último, el domingo a la tarde, cuando una mujer de 69 años, Doña Chomi, cayó fulminada por una bala perdida mientras tomaba mate en la vereda de su casa, en el barrio San Agustín. La marcha se convocó bajo el lema: "Todos en un solo grito", ante el hartazgo por la impunidad. La demanda de "justicia" fue el grito más insistente, pero otro apuntó el enojo al ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro. "¡Pullaro renunciá!", le cantaron desde la plaza de Mayo. Sin embargo, Lifschitz se hizo cargo de su ministro y ayer ensayó otro gesto de contención política: lo acompañó en una visita sorpresa a la intervenida Unidad Regional I, donde se reunió con el jefe de Policía de la provincia Marcelo Villanúa y el número dos de la fuerza, Carlos Pross, que es el interventor en la URI. "Más allá del ministro, trabajamos en equipo. Los logros y resultados son del gobierno, para bien o para mal", justificó el gobernador.
La marcha de anoche la encabezaron los familiares de las víctimas: los padres de Julio Cabal, el psicólogo y músico de 29 años asesinado el martes pasado en un intento de robo en el negocio de su familia en el macro centro, frente al Colegio Nacional y a cuatro cuadras del despacho de Pullaro. Y la compañera de Maximiliano Olmos, de 25 años, el ex número cinco de Sportivo Guadalupe que dejó el fútbol para trabajar y comprarse una moto. Cumplió su sueño apenas una semana. El jueves, a la nochecita, lo persiguieron, defendió su moto recién comprada y lo mataron en la calle. "Quiero que paguen por lo que hicieron. Ellos no son dueños de la vida de los demás", reclamó Daiana, la esposa de Maxi.
Casi en simultáneo a la protesta en la plaza de Mayo, en San José del Rincón, otra marcha -convocada por el movimiento de mujeres- reclamó justicia por el femicidio de Cecilia Burgadt y la "violencia machista". Ayer, Cecilia hubiera cumplido 43 años. Era enfermera en el hospital José María Cullen, pero también en el club El Cadi, donde el sábado en la cancha la recordaron banderas y el silencio: "Justicia por Cecilia" y "Ni una menos". La de anoche fue una ronda alrededor de la plaza de Rincón, a la que sumó el intendente Silvio González.
En la protesta del miércoles se habían levantado carteles que interpelaban a Pullaro y a sus resultados políticos en el cargo, pero otros quedaron colgados en la puerta de la Casa de Gobierno como testimonios del espanto y hasta de cierto brote autoritario: "Leyes y mano dura. Jueces, funcionarios y policías con pelotas". Anoche, los familiares pidieron marchar sin banderas políticas, solo con atuendos y globos negros. El llamado era: "Sos vos, soy yo. Somos una sociedad con miedo y destruida por culpa de un Estado ausente, carente de leyes, empatía e interés por el prójimo".
Una mujer de 69 años, Doña Chomi, cayó fulminada por una bala perdida mientras tomaba mate en la vereda de su casa. Fue el último caso.
La mayoría de los crímenes están impunes. Por el caso de Cecilia, el juez Sergio Carraro imputó y dictó la prisión preventiva de la ex pareja de la joven, Sebastián Maschio, de 49 años, por supuesto "homicidio calificado por el vínculo" y "violencia de género en concurso real". Un informe del espacio feminista "Periódicas" reveló que Cecilia era "víctima de violencia de género, física, psicológica y económica". Mientras que por el crimen de Julio Cabal está preso un sospechoso de 24 años, Juan Carlos Gambini, quien el sábado fue imputado por presunto "homicidio doblemente calificado por el empleo de armas de fuego y criminis causa" y ayer el juez Octavio Silva le dictó la prisión preventiva hasta el juicio oral. Gambini ya había sido detenido seis veces en los últimos tres años, en 2017, por un ataque a balazos con una arma ilegal. En cambio, por el asesinato de Maxi Olmos los investigadores ni siquiera tienen pistas firmes de los homicidas.
La conmoción social por la escalada de violencia, obligó a Lifschitz a ponerse al frente de la acción política y reservar el segundo plano a Pullaro. El miércoles pasado, el ministro de Seguridad intervino la Unidad Regional I y designó interventor al subjefe de Policía de la provincia, Carlos Pross, hasta que "la situación se estabilice". Pero el anuncio lo hizo en la Casa Gris después de reunirse con los ministros de Gobierno Pablo Farías y de Justicia, Ricardo Silberstein. El sábado, el gobernador se instaló en el Ministerio de Seguridad, donde se reunió con el gabinete de Pullaro y la cúpula de la Policía de la provincia. Ayer, hizo otra visita sorpresa a la sede de la Unidad Regional I, junto a Pullaro, donde se entrevistó con el interventor Pross y otros jefes. Y a la tarde, recibió en su despacho de la Casa de Gobierno al fiscal general Jorge Baclini y al fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, con quienes evaluó "acciones conjuntas" y el "curso de investigaciones" ante la ola de homicidios, robos, asaltos y entraderas que escandaliza a la ciudad.
Lifschitz sabe -y lo dijo- que "no hay forma de compensar ni consolar a las familias que sufrieron estas situaciones traumáticas". Y diluyó la responsabilidad política de Pullaro por el desborde. "Más allá del ministro, trabajamos en equipo, con el gabinete y el ministro de Justicia. Los logros y resultados son del gobierno, para bien o para mal", aceptó.
