La nueva ley de alquileres que impulsa el Gobierno cosechó críticas tanto de los inquilinos como de los propietarios. Desde ambos lados consideran que se trata de una medida “electoralista y demagógica” que no tendrá ningún impacto en la realidad, dada la baja probabilidad de que se trate en el Congreso. Además, desde el sector de propietarios también se mostraron en contra de la extensión de los contratos a tres años, y del punto que establece que los honorarios no podrán estar a cargo del inquilino.

“El proyecto es simplemente un aviso para los diarios. Es la quinta vez que el Gobierno anuncia el tratamiento de una ley de alquileres, pero fue el mismo presidente el que pidió que no se tratara la ley en Diputados, después de haber sido aprobada en el Senado”, aseguró Gervasio Muñoz, Presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, en radio La Red. “Preguntamos cuándo ingresará al Congreso, pero no tuvimos respuesta”, agregó.

Armando Pepe, presidente del Colegio Inmobiliario, opinó en el mismo sentido: “El proyecto es demagógico, populista y electoralista. Dice que está impulsado por Mauricio Macri, Iván Kerr y Daniel Lipovetzky, pero lo que veo es que están todos en campaña. También lo impulsa Rogelio Frigerio, que está en Nueva York. ”, afirmó en declaraciones a radio Concepto. El propio Lipovetzky, en declaraciones a una emisora radial, admirtió que será "muy difícil lograr el consenso y quorum para poder dictaminar" antes de las elecciones. Además, Pepe adelantó que será improbable que se trate en el Congreso, dado que es difícil reunir a las comisiones en medio de la campaña electoral. También criticó el punto del proyecto que establece que los honorarios no podrán estar a cargo del inquilino. “Será el tiro de gracia final para el sector inmobiliario, sobre todo para las pequeñas”, agregó Pepe.

Por su parte, Alejandro Bennazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, se mostró en contra del punto sobre la extensión del contrato. Con la nueva ley, el mínimo seguiría siendo de dos años, pero finalizado el vencimiento, podría prorrogarse por un año, salvo que el propietario o el inquilino se manifestaran en contra. “Mientras no tengamos un índice de actualización, es muy peligroso extender los plazos. Hoy los alquileres están por debajo de la inflación, lo único que produciría es un retiro de propiedades masivo para alquileres temporarios y de oficina”, explicó Bennazar en radio Cultura.

El punto que ambas partes elogiaron es el que establece un índice de actualización semestral, conformado por el índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (Ripte), índice elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). “Como estamos hoy, el ajuste es todo aproximado, se hacen previsiones a futuro, porque indexar es ilegal, entonces podés quedar más arriba o más abajo que la inflación”, dijo Bennazar.

Del lado de los inquilinos también están a favor de establecer un índice, pero critican que el proyecto establece que es sólo para los contratos de menos de 650 UVAs (unos 26 mil pesos). “El problema de este límite es que si uno tiene un alquiler de 20 mil pesos, va a llevarlo a 26 mil para quedar fuera de la regulación”, opinó Muñoz.