Cristian Gallardo, quien murió cuando era trasladado en un móvil policial, tenía dos hijos de tres y seis años con su pareja, Noelia Rodríguez. El joven estaba trabajando en una finca en Embarcación y esos ingresos eran el sostén económico de su familia. Al morir, los chicos y su compañera quedaron en una situación de desamparo económico. Rodríguez no tiene trabajo, se abocaba a la crianza de los chicos.

Tampoco han recibido hasta el momento asistencia psicológica. Rodríguez dijo que la requirió para sus hijos y en el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos le indicaron que debe pedir turno en una salita del barrio pero ahí le dijeron que pueden darle un turno recién para noviembre.

El caso de Gallardo moviliza a su familia y a organizaciones sociales y de derechos humanos en Salta. Ha generado cuestionamientos al rol de la justicia, al Ministerio de Seguridad y al gobierno de Juan Manuel Urtubey.

Ya son cuatro los casos de este año en los que están denunciados policías como presuntos responsables de la muerte de personas. En el caso de Gallardo, la familia responsabiliza a cuatro policías de “matar a golpes” al joven.

Rodríguez sostuvo que en el Ministerio de Gobierno y Derechos Humanos se comprometieron a ayudarla pero le dijeron que tiene que ir a visitarla una asistente social y además debe realizar trámites burocráticos relacionados con la filiación post mortem, ya que los niños no llevaban el apellido Gallardo. “A donde fui a hacer el trámite de la filiación (Ministerio Público) me dijeron que los abuelos me tienen que ayudar. ¿Por qué?, si Cristian lo hacía, trabajaba para sus hijos. Me dijeron que todo lo que sus abuelos tengan me tiene que pertenecer a mí. Les dije que le voy a hacer un juicio al Estado”, afirmó.

En este caso, Alicia Salas, la mamá de Cristián Gallardo, es la jefa de familia y la abuela de los chicos pero trabaja de empleada doméstica y sus ingresos económicos son insuficientes. “Yo no le puedo pedir a ella. Ellos (el Estado) se tienen que hacer cargo de todo esto”, reclamó la joven.

Consultado por Salta12, el director del programa de Asistencia a las Víctimas del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Rafael Benegas, dijo que hasta el momento brindaron ayuda económica para los gastos de sepelio y de la perito de parte para la familia cuando se hizo la segunda autopsia “a los fines de que se pueda cubrir con transparencia la pericia de la autopsia”.

Agregó que el viernes pasado estuvo la psicóloga del programa, Carla Piano, con Noelia Rodríguez. Explicó que suelen derivar a los centros de salud más cercanos y que desconocía que en este caso se pretendía darle turno para noviembre a la familia. En el caso de los chicos reconoció que deben tener un profesional de psicología con la especialidad para atenderlos. Se comprometió a ver la situación, “si es necesario mandamos una nota al Ministerio de Salud o hablamos con la licenciada que está en ese centro de salud”, sostuvo.