La Comisión Nacional Monumentos, Lugares y Bienes Históricos pidió al gobierno frenar la medida por violar la ley 12.665

Duro revés a la cesión de Chapadmalal para la Gendarmería

La decisión del gobierno nacional de cederle a la Gendarmería edificios del Complejo Turístico de Chapadmalal donde funcionaron las colonias de vacaciones y los hoteles de la Fundación Eva Perón sufrió un duro revés. No solo gremios y organizaciones de derechos humanos la rechazaron sino que la Comisión Nacional Monumentos, Lugares y Bienes Históricos instó al Poder Ejecutivo a frenar esa medida por “omitir” los procedimientos establecidos por ley nacional. Lo peor es que el Ministerio de Seguridad ya había transgredido la legislación desde mayo pasado, cuando alojó allí de facto a unos 500 gendarmes.

Tal como lo informó ayer Página/12 , el 20 de septiembre fue publicada en el Boletín Oficial la resolución 392/2019 en que la Administración de Bienes del Estado (AABE) cedió los Hoteles 7 y 8 de ese predio a la cartera que comanda Patricia Bullrich para la instalación del Centro de Formación de Gendarmes Chapadmalal.

La decisión de poner gendarmes donde hubo derechos sociales es un claro mensaje político del gobierno de Juntos por el Cambio. Ese complejo había sido construido en 1946 por el entonces presidente Juan Domingo Perón para que veranearan niños, ancianos y familias enteras que nunca antes habían tenido ese beneficio. Eso lo convirtió en un ícono histórico.

Por este motivo, en septiembre de 2013 fue declarado Monumento Histórico y como tal entró en las generales de la ley 12.665 que custodia esos edificios. El artículo 5º indica que todo lo que se pretenda hacer allí no se lo puede hacer sin la intervención de la Comisión Monumentos Históricos, que ante cualquier propuesta de modificación tiene un plazo de 60 días hábiles para emitir un “dictamen vinculante”. Pero el Gobierno transgredió este paso.

Transgresiones a la ley

En una nota fechada el viernes 27 de septiembre, siete días después de que se oficializara la cuestionada cesión de edificios, la Comisión criticó que esa resolución “omite considerar” que su comité ejecutivo “aún no ha emitido su opinión vinculante acerca de la viabilidad de la medida”. O sea que la resolución 392/19 debería entrar en stand by.

Pero la transgresión a la ley no queda solo ahí. Resulta que la AABE le había pedido a la Comisión una opinión al respecto el 2 de septiembre pasado y, en vez de esperar los 60 días hábiles de la respuesta, 18 días después oficializó la cuestionada medida a través del Boletín Oficial.

“Evidentemente, la AABE está muy apurada para el traspaso porque no esperó que la Comisión tratara el tema”, indicó Fabio Grementieri, arquitecto y vocal del Comité Ejecutivo de ese organismo. En su opinión, el traspaso de un ícono de los derechos sociales a una fuerza de seguridad “desde ya que puede ser un motivo de rechazo” al traslado, dijo a Página/12.

Para emitir su dictamen, la Comisión “no solo analiza el cambio de uso (del edificio) o jurisdicción (de la Secretaría de Turismo al Ministerio de Seguridad), sino también el hecho de que originalmente haya sido destinado al turismo social y ahora a la seguridad”, explicó. Además, añadió, “hay que ver el tipo de obras que se van a hacer, si se lo desfigura o se le hace perder los valores artísticos, culturales, ambientales y sociales” por los cuales se lo declaró como monumento.

Pero como, en materia de transgresiones, para el Gobierno no hay dos sin tres, los hoteles del Complejo ya habían sido ocupados de facto, es decir antes de la polémica resolución y antes que la AABE pidiera una opinión al respecto. En mayo pasado, el Ministerio de Seguridad alojó en esos edificios a unos 500 gendarmes destinados a Mar del Plata para reforzar la seguridad de ese distrito gobernado por Cambiemos.

Es más, la instalación de los gendarmes allí fue revalidada el 28 de julio pasado, en un acto por el 81º aniversario de la fuerza que encabezaron Bullrich y el candidato a intendente y ex funcionario de Seguridad, Guillermo Montenegro.

“Si la Gendarmería lo ocupó sin la autorización debida de la ley, que es clarísima, no cabe duda de que la Comisión tiene la responsabilidad legal y moral de decir que no” al traslado, opinó Juan Martín Repetto, miembro del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas (INIHEP) del Museo Eva Perón.

En su opinión, la utilización de ese predio como un cuartel “cambió la materialidad y las funciones” por las que había sido declarado como Monumento Histórico. “Era un lugar para niños, jóvenes y ancianos. Era un ícono del turismo social. Esa fue la lógica de la declaratoria, la razón”, por la cual se lo caracterizó como un bien protegido, dijo a Página/12.


Un rechazo generalizado

El traspaso de los hoteles de la Fundación Eva Perón a la Gendarmería fue rechazado por varios sectores. El presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja, consideró que la cesión “aberrante” del predio “prueba el desprecio de Macri hacia los humildes”. Ese complejo, añadió, “fue pensado por Evita para que lo disfruten los sectores más postergados” y, como tal, se convirtió en “un ícono de la justicia social”. “Nada de esto le importó a Macri”, criticó.

Por su parte, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) sostuvo que esa decisión “socaba las deterioradas políticas de turismo social” y “contradice los valores” de ese “lugar emblemático de la cultura popular y la política argentina.

Desde noviembre de 2002, la CPM realiza en el Complejo de Chapadmalal un encuentro educativo en el marco de su programa Jóvenes y Memoria, donde representantes de organizaciones de derechos humanos debaten sobre esa temática con estudiantes secundarios.

A través de un comunicado, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) indicó que el traslado de los hoteles “no puede leerse en otra clave que la de un retroceso absoluto en materia de conquistas sociales y derechos humanos".

En el mismo tono, trabajadores de la Subsecretaría de Turismo bonaerense manifestaron su “enérgico repudio” a lo que consideraron como “una más de las reiteradas medidas anti populares y avasallantes que vulneran el derecho de jóvenes y familias bonaerenses y argentinas en la actividad turística provincial”.

Varios concejales de Mar del Plata también repudiaron la medida. “Esta decisión implica resignar la posibilidad de fomentar el turismo social o la explotación turística” del complejo y “demuestra un desinterés por el acceso del pueblo argentino a sus espacios de recreación y esparcimiento”, afirmó el concejal de Unidad Ciudadana, Marcos Gutiérrez.


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