Por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura
Mendoza: ordenan arrestos masivos en la causa del D2
El Departamento de Investigaciones Policiales, conocido como D2, fue el centro clandestino de detención más grande de la provincia.El Departamento de Investigaciones Policiales, conocido como D2, fue el centro clandestino de detención más grande de la provincia.El Departamento de Investigaciones Policiales, conocido como D2, fue el centro clandestino de detención más grande de la provincia.El Departamento de Investigaciones Policiales, conocido como D2, fue el centro clandestino de detención más grande de la provincia.El Departamento de Investigaciones Policiales, conocido como D2, fue el centro clandestino de detención más grande de la provincia.
El Departamento de Investigaciones Policiales, conocido como D2, fue el centro clandestino de detención más grande de la provincia. 
Imagen: Twitter

La Cámara Federal de Mendoza dio lugar a un recurso de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de esa provincia y ordenó la detención de 37 personas, 19 de ellas acusadas por primera vez, en el marco de la causa por los crímenes cometidos durante la última dictadura en el Departamento de Investigaciones Policiales, conocido como D2. Se trata del centro clandestino de detención más grande que funcionó en la provincia.

La causa ya acumula 43 imputados por delitos de lesa humanidad, en un expediente que abarca a más de 300 víctimas. El querellante Pablo Salinas confirmó la resolución. Los 43 imputados se desglosan así: 18 tenían procesos en otras causas; 19 fueron imputados por primera vez; y los restantes seis están detenidos desde junio.

La Unidad de Derechos Humanos había pedido la medida el año pasado al requerir las indagatorias por secuestros, homicidios y otros delitos atribuidos a integrantes de esa dependencia de la policía provincial. 

La Fiscalía recurrió luego el fallo del juzgado que hizo lugar a las imputaciones en junio, disponiendo entonces los seis arrestos. Hasta que ahora la Cámara sumó las detenciones de los otros 37 acusados.

La orden fue dispuesta por los jueces Manuel Alberto Pizarro, y Gustavo Enrique Castiñeira de Dios, quienes señalaron que, "como medida de coerción, se disponga la detención en base al evidente riesgo procesal que supondría que los acusados transiten el proceso en libertad, debido al rol que cumplieron como integrantes del D2, la gravedad de los hechos que se les atribuyen y la seriedad de las imputaciones que se sostienen contra ellos".

A su vez, el fiscal Dante Vega detalló que "el juez se dedicó esta mañana a ordenar las detenciones que, por ahora, son todas domiciliarias, hasta tanto se pronuncien los médicos en cada caso".

Los jueces decidieron que las 18 personas que se encuentran a disposición del Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza y ya sometidas a otros procesos, conserven las modalidades de detención que cada uno tenga.

En tanto, las 19 personas que se encuentran imputadas por primera vez en causas por delitos de lesa humanidad y sobre las que no se había establecido restricción a la libertad alguna, recibieron arresto domiciliario de forma provisoria "hasta tanto se evalúe, mediante examen médico del Cuerpo Médico Forense de la Nación, el estado de salud".

Desde la querella, reafirmaron que "hay innumerables referentes que han dejado en claro que el D2 ha sido el peor centro clandestino de detención de Mendoza y los hechos ocurridos allí no admiten ninguna duda".

La fiscalía precisó que el D2 “poseía los hombres, ya experimentados en esta tarea de secuestrar, torturar, violar, robar y matar; los medios, todo un departamento policial dedicado no sólo a la información sino también a la inteligencia: carpetas enteras con datos, nombres, lugares, ideología, actividades políticas, gremiales, sociales, etcétera".

Además, manifestó que el centro de detención “ya era clandestino en democracia”, dado que comenzó a operar a fines de 1974;  y que tenía “ubicación privilegiada en el corazón de la ciudad, a pocas cuadras de la Casa de Gobierno, de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, de Tribunales Federales y de la Penitenciaría".

Los organismos de Derechos Humanos siempre reclamaron cárcel común y, si bien no cuestionaron la detención domiciliaria, pidieron que "si están en condiciones se proceda a la detención en establecimiento penitenciario".

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