El Frente de Todos impulsa un Plan de Transparencia Institucional
La propuesta de Lammens contra la corrupción en la Ciudad
Matías Lammens y Cecilia Segura, presidenta de AGCBA y candidata a legisladora.Matías Lammens y Cecilia Segura, presidenta de AGCBA y candidata a legisladora.Matías Lammens y Cecilia Segura, presidenta de AGCBA y candidata a legisladora.Matías Lammens y Cecilia Segura, presidenta de AGCBA y candidata a legisladora.Matías Lammens y Cecilia Segura, presidenta de AGCBA y candidata a legisladora.
Matías Lammens y Cecilia Segura, presidenta de AGCBA y candidata a legisladora. 
Imagen: Bernardino Avila

"La transparencia no se negocia", remarcó el candidato a jefe de gobierno porteño del Frente de Todos, Matías Lammens. "Cuando entré a este espacio siempre sostuve lo mismo sobre las causas de corrupción", agregó. Para trabajar en este tema, difundió un Plan de Transparencia Institucional: entre las principales propuestas para la ciudad, se destaca la creación de una Agencia Anticorrupción, que "tiene que ser a cargo de la oposición, así no pasa como ahora que es una oficina a cargo del oficialismo", tal como pasa con la actual Oficina Anticorrupción que está a cargo de la militante macrista Laura Alonso. "La situación en el distrito es doblemente grave porque a este vacío institucional se suma que el Gobierno logró cooptar, generando mayorías propias, todos los organismos de control para desalentar investigaciones incómodas o desviar controles básicos garantizados en las normas", señala el informe presentado por el FdT. Además, propone la creación de una Fiscalía Especializada en Delitos contra la Administración Pública --una “Fiscalía Anticorrupción”--, que funcionaría en la Justicia.

Las medidas que propone la oposición al actual jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, también son para la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA). "Si nosotros queremos ser un organismo de control verdaderamente independiente necesitamos autonomía económica", explicó la presidenta de la AGCBA y candidata a legisladora porteña, Cecilia Segura. "Asignando un monto específico del presupuesto que permita saldar lo administrativo, se genera un marco de mayor transparencia donde no aparecen situaciones comprometedoras", dijo Segura. "Cuando hicimos el informe del Paseo del Bajo, la comisión de delitos era evidente, pero necesitábamos la mayoría del cuerpo de auditores para llevarlo a la Justicia". Para que esto no siga así, proponen que "con el voto de cualquiera de los auditores generales pueda remitirse el informe, con las pruebas, al Poder Judicial. Si hay una fiscalía dedicada a esto, va a poder realizar la investigación correspondiente".

Lammens se mostró decidido con la eliminación del decreto 433 que permite que determinados montos, según el cargo, puedan gastarse discrecionalmente. "Es una locura lo que se gasta en esto sin dar ninguna explicación de nada", reclamó el presidente de San Lorenzo. Desde su equipo de campaña aseguran que "son 150 millones de pesos por mes y por ministerio, sin ni siquiera pedir presupuestos. Esto no se publica, tampoco sale en el Boletín Oficial". Sin los gastos en el personal, el Ministerio de Espacio y Ambiente Público de la Ciudad, a cargo Eduardo Macchiavelli, gastó el 46,8 por ciento del presupuesto a través de este decreto. Estas cifras surgen del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF). "Nuestra propuesta consiste en eliminar este mecanismo y sancionar un nuevo régimen que limite su utilización a aquellas contrataciones que no hayan podido ser razonablemente previstas, a montos mucho menores a los existentes en la actualidad y sólo a la decisión de los funcionarios de mayor rango de cada jurisdicción", indica el documento. "Esto sirve si tenés una inundación y tenés que salir a comprar algo que no estaba previsto. No para construir una plaza, o arreglar una calle", explicó Segura.

En línea con esto, apuntan a "institucionalizar los mecanismos de acceso a la información". Desde el comando de Lammens entienden que "la incorporación de sistemas de gestión de documentos electrónicos del gobierno porteño, lejos de facilitar el acceso a la información y acelerar los procedimientos de control, es utilizada como una herramienta para limitarlo". Segura contó que cuando pide información pública, pese a que la mayoría está digitalizada, el oficialismo decide qué dar y qué no. "El 33 por ciento de nuestro informes tienen limitaciones porque no tuvimos el acceso a la información que solicitamos", precisó. "Semejante dispositivo tecnológico no está puesto al servicio de la transparencia", denuncian desde el FdT. Incluso, recomiendan que "es necesario generar un Sistema de Información Presupuestaria accesible en Internet, en el que se publique, con datos abiertos y desagregados, la totalidad de la información presupuestaria disponible, actualizada diariamente". Para Segura, "es importante que todos sepan en qué se gasta y cómo".

Informe: Antonio Riccobene.

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