La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se ufanó en las últimas horas por el "éxito" en la primera jornada de implementación del plan “ofensores de trenes”, que habilita a las fuerzas de seguridad a pedir DNI a los pasajeros "sospechosos" por su actitud o por su aspecto físico, siempre según los particulares criterios policiales.
Como no era una empresa fácil, tuvo que recurrir a un argumento más que polémico: la flamante novedad represiva había servido para "detectar" a 42 personas "con antecedentes". Como resulta difícil entender la relación entre su afirmación y una eventual mejora en la seguridad de los viajeros que utilizan los trenes, su afirmación desató una catarata de reacciones.
La mayoría rechazó que se "revele" que viajan en tren personas con antecedentes, como si tuvieran cuestiones pendientes con la Justicia y la estigmatización que significa pedir documentos "por portación de cara".
