Conflicto territorial en el Chaco salteño
Wichís y criollos quitaron alambrados que impiden su subsistencia
Es una zona ubicada a 45 kilómetros de la ruta nacional 81 en el Chaco salteño. Los pobladores protegen accesos al agua, cementerios y lugares de caza y recolección.

El 8 de octubre pasado los miembros de la Comunidad  wichi La Fortuna  (también llamada El Olvido) se vieron con un nuevo alambrado en su territorio. La división dejaba adentro al cementerio de sus ancestros, pero también complicaba el paso de los animales de los criollos para buscar agua, pastar bajo monte y evitar morir de sed y de hambre.

“El territorio cuenta con 25 pozos de agua y lagunas, siendo el territorio donde cazamos, recolectamos, y tenemos nuestro ámbito de vida. También se constataron zonas de recolección de medicamentos, de chaguar, de palmas (con la que se hacen sombreros, canastas y mallas), de miel, zonas de caza, de extracción de madera caída, nuestro cementerio ancestral (...). Ya hay un relevamiento territorial hecho por el programa nacional de relevamiento territorial”, dice la denuncia que hizo la Comunidad ante la Policía. 

El problema es que las carpetas del relevamiento no están y a veces ni siquiera es tenido en cuenta por los administradores de la Justicia en Salta.

Los comuneros, ubicados en el paraje La Fortuna, en el departamento San Martín, decidieron erradicar los postes y el alambrado instalados en la zona de la finca La Corzuela. En la denuncia se aclara que se hizo en aplicación de la “defensa extrajudicial de la posesión y propiedad comunitaria (...) ante la necesidad de actuar y protegerse de una agresión en caso de que la autoridad policial o judicial llegaran demasiado tarde”, como suele suceder. La recomendación vino de la mano del abogado Hernán Mascietti.

Según explicaron, la pretensión tanto de los wichí como de los criollos de la zona es cuidar lo poco que queda de monte virgen. Sucede que la misma titular registral, que en la cédula parcelaria aparece bajo el apellido Sanguedolce, habría alambrado en dos partes casi dos mil hectáreas hace cuatro años. Y hace un mes hubo demontes dentro de los lotes para sembrar pasto y criar ganado.

La explicación de Ambiente

Desde la Secretaría de Ambiente de la provincia se afirmó que Sanguedolce, a través de la intermediación de personas de apellido Merluzzi (quienes en definitiva son los que están en territorio), fueron autorizados al aprovechamiento silvo pastoril bajo monte (cría de ganado sin desmonte), sobre 700 hectáreas.

La zona autorizada se encuentra en categoría amarilla, que indica que no se puede desmontar y además está categorizada como un “amarillo social” (denominado así por la provincia), ante los conflictos que pueden acontecer por la disputa de tierras. Pese a ello, la resolución 966 que enmarca la autorización a los titulares registrales establece que cuando la zona a “aprovechar” es menor a 1000 hectáreas “la autoridad de aplicación podrá (...) eximir en forma ambientalmente fundada a los proponentes de la presentación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), y consecuente audiencia pública”. La falta de estos dos procesos pone en situación de absoluto desconocimiento a la comunidad indígena y criolla que vive en el territorio cuyos papeles pasan de un titular registral a otro.

Un monte encerrado

La familia Molina, criolla, apoya en esta situación a la comunidad wichí de La Fortuna. Ambas partes entendieron que el territorio alambrado y los desmontes los perjudican. El accionar de la comunidad el 8 de octubre tiene su antecedente explicatorio más reciente hace cuatro años, cuando se alambraron las primeras dos mil hectáreas.

Los Molina recuerdan que en dos noches se terminó de acondicionar el alambrado. Para  obtener agua y pastar, los animales recorren kilómetros (entre 12 y 15) y muchos quedaron encerrados en el alambrado. “Al menos cien cabezas se nos perdieron”, cuenta la familia que actualmente tiene 300 cabezas de ganado.

Sus integrantes fueron testigos de los desalojos que, aseguraron, realizó el anterior titular registral sobre familiares suyos y otros vecinos hace unos 20 años: “Les tiraba las cosas al otro lado”, contaron. 

Ahora a ellos les llegó primero el alambrado que cerró el acceso de los animales a las aguadas. Las sequías suelen ser parte de la vida campesina en esta zona del Chaco salteño y la forma de subsitir es que los animales puedan llegar a las aguadas más grandes, donde hay agua aún luego de meses sin lluvia. Los Molina contaron a Salta/12 que hace quince días contabilizaron unos 15 animales que murieron de hambre y sed. Una de las aguadas que usaban quedó dentro del alambrado. 

Los Molina aseguran que dentro de las tierras ahora encerradas se hicieron desmontes y no desbajerado (sistema que permite seleccionar arbustos u otras vegetaciones a extraer), que permite el sistema silvo pastoril bajo monte. “Pero ellos (los inspectores de Ambiente), solo hablaron afuera y no entraron a ver si realmente hay desmonte”, sostuvo la familia al hablar con Salta/12.

Desconocen su relevamiento como campesinos en el marco de la ley provincial 7658 que dispone los procedimientos de la regularización dominial de tierras donde hay campesinos criollos y evita sus desalojos. Tampoco fueron alcanzados por políticas de Estado que los puedan asistir para emprender una producción que implique un desarrollo y que no sea solo de subsistencia. 

Tras las denuncias, la familia Molina recibió la visita de policías que afirmaron que uno de sus miembros está denunciado, aunque los campesinos no pudieron conocer las razones. “Uno acá poco sabe ¿vio? Es ignorante y bueno, le dijeron a la mujer que si no firmaba algo la iban a detener. Pero no sabe qué firmó”, relataron.

La única idea que tienen en claro junto a las otras familias criollas de la zona, los Aylan y los Pradas, y a la comunidad wichí es que deben cuidar el poco monte virgen que los rodea para seguir viviendo.

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