Como sucedió con las promesas de “pobreza cero”, crecimiento económico y fuerte rebaja de la inflación, el gobierno de Cambiemos también fracasó en su objetivo de equilibrio fiscal al que se comprometió con el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

“El resultado fiscal de 2019 contiene ingresos extraordinarios que ocultan la situación real, a la vez que implican una inercia para 2020 que deja una situación muy compleja frente a las exigencias del FMI”, advierte el Instituto de Trabajo y Economía (ITE). 

Según las cifras oficiales, el resultado fiscal del período enero-septiembre marca un superávit primario de 22.800 millones de pesos, pero el centro de estudios ITE marca que si se excluyen ingresos extraordinarios, el resultado se convierte en un déficit de 72.200 millones de pesos, superior al rojo máximo permitido por el FMI de 2400 millones. Para el año que viene se estima un déficit del 2,6 por ciento del PIB en un escenario prudente, muy por arriba de la exigente meta del 1 por ciento de superávit fiscal acordada con el Fondo por el gobierno actual.

La mejora de la situación fiscal es prácticamente el único muelle del que se aferra el macrismo a la hora de dar la pelea de los números de su gestión, que se cae a pedazos por todos lados. “Hace 27 meses consecutivos que tenemos una conducta fiscal responsable y logramos superávit fiscal primario por primera vez desde 2011, del orden del 0,1 por ciento del PIB”, dijo días atrás el ministro de Hacienda Hernán Lacunza, en una rueda de prensa en donde atribuyó a la oposición, la Justicia y a la sociedad civil la responsabilidad por el fabuloso endeudamiento en moneda extranjera de los últimos años. 

En el relato del gobierno, el equilibrio fiscal sería un activo para el próximo gobierno, una “base para el crecimiento sostenido”. Por un lado, la mejora de los números fiscales tiene como contraparte en muchos casos el deterioro de la situación social por la fuerte suba de las tarifas de servicios públicos, el atraso de las jubilaciones o el recorte de planes estímulo a la producción, entre otros. Pero además, advierte el ITE, se incluyen partidas que representan ingresos extraordinarios, que por definición no van a estar disponibles el próximo ejercicio fiscal.

Según la actual metodología utilizada por el gobierno de Cambiemos para medir el resultado fiscal, el 2015 cerró con un déficit primario de 3,7 por ciento del PIB. Ese dato difiere tanto del déficit del 7,0 por ciento que el por entonces ministro Alfonso Prat-Gay atribuía al gobierno anterior en el comienzo de la gestión macrista. Pero también es distinto al déficit del 1,8 por ciento que el ex ministro de Finanzas, Luis Caputo, escribió en el prospecto del bono a 100 años. Son tres mediciones fiscales muy diferentes entre sí realizadas por el mismo gobierno.

Las cifras tampoco son claras para lo que va del 2019. Según los número presentados por Lacunza, el superávit primario de 22.800 millones de pesos en nueve meses equivalentes al 0,1 por ciento del PIB implica un sobrecumplimiento de la meta del FMI que se había fijado en un déficit primario del cero por ciento del PIB. “Pareciera estar todo bajo control. Pero cuando comenzamos a desmenuzar los datos, encontramos pistas llaman la atención”, advierte el ITE.

El informe detalla que por el lado de los ingresos corrientes “aparecen aumentos atípicos en partidas que suelen ser insignificantes”. Es el caso de las transferencias corrientes como ingresos del Tesoro Nacional, que suelen rondar los 600 millones de pesos mensuales y que en julio tuvieron un crecimiento inusual, al imputar 8524 millones de pesos provenientes del Fondo Argentino de Hidrocarburos. “El gobierno no dio ninguna explicación de cuál era el sentido de esa transferencia, pero lo que queda claro es que no corresponde a un ingreso recurrente sino más bien a la liquidación del Fondo”, señala el ITE.

Algo similar ocurre con los ingresos de capital, en donde también sobresalen aumentos en los últimos trimestres de 2019. En general, esta partida no supera los 2000 millones de pesos por trimestre, pero entre el segundo y tercer trimestre de 2019 acumuló casi 90.000 millones de pesos. “Dos conceptos están detrás de ese número: por un lado, cerca de 45.000 millones de pesos corresponden a la venta de dos centrales térmicas (que habían sido construidas para ese fin durante el kirchnerismo) y por el otro, más de 41.000 millones de pesos se vinculan a la venta de acciones de empresas en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses”, detalla el informe. 

“Si no consideramos todos estos ingresos extraordinarios, el resultado fiscal en estos primeros nueve meses pasa de un superávit de 22.800 millones de pesos a un déficit de 72.200 millones de pesos, lo cual implica un déficit de 0,3 por ciento del PIB, superando ampliamente el límite impuesto por el FMI”, concluye.

EL ITE calcula que el déficit primario 2019 sería del 0,8 por ciento del PIB bajo la medición oficial y de no mediar nuevos ingresos extraordinarios. Es un resultado que excede a la pauta del FMI pero no está desbandado. Sin embargo, se logró en base a tres factores que son difícil de reproducir para la próxima gestión: la venta de activos del FGS y de centrales térmicas, el crecimiento de la recaudación del comercio exterior en base a una alícuota en pesos que se licúa y el ajuste en la obra pública y los salarios del sector público.

Por otro lado, hay compromisos de reducción de impuestos acordados en la reforma tributaria de finales de 2017, como por ejemplo la suba progresiva del mínimo no imponible para el cobro impuestos a la seguridad social. Y sobre todo, demandas de todo el arco social para recuperar posiciones en este contexto de crisis. 

“Con este peligroso cóctel, el escenario base que esperamos para 2020 es de un déficit primario del 1,6 por ciento del PIB, que es consistente con un déficit financiero de 5,2 por ciento del PIB. Este escenario implica un gasto primario que no crece en términos reales, ingresos que caen en términos reales un 4 por ciento como consecuencia del nuevo mínimo no imponible en impuestos a la seguridad social y la ausencia de nuevas liquidaciones de activos del Estado”, dice el informe del ITE. 

Esa proyección fiscal para 2020 en un escenario de estancamiento del gasto en términos reales implica un fuerte desajuste de 2,6 puntos frente al superávit del 1,0 por ciento acordado entre Macri y el FMI para el año que viene. “Todo parece indicar que este tema debe incluirse en la revisión del acuerdo con el Fondo a partir del 11 de diciembre”, sugiere el ITE.