Referentas de organizaciones sociales aglutinadas dentro de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) tuvieron una reunión con el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Sergio Zorpudes. Luego de ella, afirmaron que no recibieron una respuesta positiva del funcionario ante las situaciones críticas que viven las familias de los barrios periféricos de Salta. Impulsarán una ley que declare la emergencia habitacional en la provincia.

El IPV lanzó el llamado a sorteo de 80 viviendas para el 12 de noviembre. Zorpudes les comunicó en la reunión, que quienes accederán al mismo son las familias que tengan hijos con discapacidad.

“Nuestro planteo fue que ellos están obviando un relevamiento que hicimos las organizaciones con las situaciones críticas de la ciudad”, expresó la referenta de Seamos Libres Salta, Anahí Bares.

Por su parte, la referenta de Pueblo Unido, Romina Pacheco, relató que “no se llegó a ningún tipo de acuerdo”.

Las dirigentas dijeron que en la reunión las autoridades del IPV les manifestaron que “la medida convocada para el 12 se va a hacer porque no saben a quién entregarle” las viviendas y “por eso lo mandan a sorteo”. "Para ellos los que tienen emergencia habitacional son solamente las personas con certificado de discapacidad”, lamentó Pacheco.

Bares agregó que no se contemplan las otras situaciones, entre ellas, “las de violencia de género”. “Hay mamás con chicos en estado judicialización y no lo están teniendo en cuenta”, contó. “Te piden una comprobación de la situación y parece que todo lo tienen que comprobar”, añadió.

Ante el llamado a sorteo, el 17 de octubre, varias familias presentaron una nota a Zorpudes solicitando una audiencia. “No obtuvieron respuesta ante el pedido que era para el lunes”, dijo la dirigenta del Movimiento Popular La Dignidad, Ramina Salazar. “Por eso nos movilizamos al IPV”, afirmó. Aclaró que, desde las organizaciones están pidiendo que “los compañeros entren al listado”.

Salazar informó que en el relevamiento que hicieron las organizaciones detectaron que más de 200 las familias se encuentran en un estado crítico. “Hay varios compañeros que están en emergencia habitacional”. “Algunos viven en la calle o en una casa donde conviven más de dos familias”, atestiguó.

“Hicimos cuatro reuniones previas y nunca nos dieron una respuesta”, afirmó la dirigenta del Movimientos Octubres, Karen Junco. Alertó que existen familias que viven a la orilla de río en el barrio San Justo. “Pedimos por ellos, que ya se inundaron varias veces”, subrayó.

“Es alarmante la situación”, consideró Salazar. Señaló que la mayoría de los casos se encuentran en los barrios Solidaridad, La Paz, 17 de Octubre, Los Paraísos, Progreso “y mucho más”.

Bares sostuvo que “lo único que lograron (en la reunión) es reconocer que la política habitacional de la provincia no es suficiente ante la situación de la provincia en general”. Encima, “no se comprometieron en nada”.

La dirigente expresó que el recorte en la política habitacional del gobernador Juan Manuel Urtubey se evidencia en esta situación. “Metieron sectores calientes como el IPV y Tierra y Hábitat en un mismo lugar” y “claramente con menos presupuesto, menos pueden hacer”.

Impulsar la emergencia habitacional

Ante la no respuesta del IPV, las organizaciones expresaron la necesidad de crear una ley que manifieste la emergencia habitacional en la provincia. “Ellos nos dicen que no está declarada la emergencia habitacional”, por eso “vamos a avanzar con una ley que la contemple”, contó Bares.

“Ellos reconocieron que la política no es suficiente”, dijo. “Nosotras asumimos el compromiso de revisar caso por caso” y “vamos a pelear para que las situaciones de violencia de género se incorporen como situaciones críticas para la adjudicación de terrenos”, concluyó la referenta.