Los acusados Víctor Ola Castro y Víctor César Dagun declararon ayer ante el tribunal unipersonal que los juzga negando las acusaciones. Pero mientras que el primero solo se limitó a rechazar su culpabilidad, el segundo afirmó que Ola Castro dio la orden de enviar trabajadores a apagar el incendio en el que murieron los cuatro brigadistas, en 2014. 

Ola Castro dijo que como subsecretario de Defensa Civil su rol era “ejecutar las políticas públicas” que le demandaba el Ministerio Seguridad, a cargo en 2014 de Alejandro Cornejo D’ Andrea. Negó las acusaciones por incumplimiento a los deberes de funcionario público y de homicidio culposo.

“Niego haber incurrido en el delito que se me imputa. No he protagonizado ninguna acción que lesione el bien jurídico, la administración pública. No he emitido órdenes ni resoluciones que contraríen la Constitución. No actué con impericia, negligencia o inobservancia de los reglamentos”, aseguró. 

El funcionario (en la actualidad tiene un cargo de jerarquía en el Pami) sostuvo que “no hay evidencia” de que haya emitido “orden verbal o escrita en la conformación de las cuadrillas (de brigadistas) de forma anual o semanal ni tampoco en el envío de las mismas al siniestro, estaban ya consignadas de antemano”.

“No tuve dominio del origen del incendio, ni de las condiciones meteorológicas que imperaron ese día, ni sobre las acciones que tomó o dejó de tomar el jefe de cuadrilla o alguno de sus integrantes”, prosiguió Ola Castro.

El ex subsecretario afirmó que ejerció sus funciones “siempre usando las herramientas del estado y con toda la legalidad que tiene” y que siguiendo esa línea “los integrantes de la cuadrilla que fueron al lugar tenían la experiencia, la información, el equipamiento previsto por el plan nacional de manejo de fuego, la capacitación, la certificación y habilitación para estar dentro de un escenario de incendios“. Después expuso un power point con sus antecedentes laborales y profesionales.

También dijo que la Subsecretaría de Defensa Civil no tiene competencia para contratar personal y que lo solicitaron al Ministerio de Seguridad, que evaluó los curriculum de las personas a contratar. “En Defensa Civil, el recurso más crítico son personas que van a los terrenos donde la comunidad demanda la emergencia”, aclaró.

"Los changos se han quemado"

Dagun decidió declarar pero se negó a responder preguntas. Afirmó que no tiene "nada que ver" con la muerte de los cuatro brigadistas Martín Albarracín, Víctor Ferreyra, Matías Daniel Vilte y Mauricio Valdez. El ex funcionario aseguró que durante el proceso la fiscala Gabriela Soledad Romero Nayar le advirtuó: “Les quieren cargar cuatro muertos”. Manifestó que no había intención en Defensa Civil de “que le pasara eso a los chicos”. Y pidió perdón a los familiares.

Dagun sostuvo que no tenía responsabilidad sobre los contratos, ya que dependían del Plan Nacional de Manejo de Fuego. Aseguró que desmalezando “los muchachos” solo trabajaban cuatro meses y "siendo combatientes" (trabajar en el apagado de incendios), todo el año. Además, sostuvo que los brigadistas sabían que cumplían tareas de riesgo, esto a pesar de que en la investigación ya ha quedado claro que Valdez y Vilte habían sido contratados para desmalezar y no tenían capacitación en control de incendios. 

El acusado declaró que siempre les decía a los trabajadores de Defensa Civil que preserven "la integridad" física personal antes que el "pasto". Relató que como en todos los incendios, de acuerdo a un protocolo, primero mandan a gente para que verifique el siniestro, se haga evaluación de la situacion y recién pueda actuar. Este incendio ocurrido en el cerro El Acheral de Guachipas "tenía varios días".

Dagun contó que se hicieron sobrevuelos sobre la zona, y después le informaron que "no se veía incendio". Pese a ello, la policía y funcionarios seguían llamando avisando de la presencia de fuego en el cerro, añadió en este sentido que con Ola Castro se habían comunicado la defensora oficial María Inés Diez (de quien los familiares tuvieron conocimiento que sería dueña de parte de las tierras que se estaban incendiando), el ex diputado Mariano San Millán y el intendente de Guachipas, Néstor Eduardo Parra.

Y el 27 de octubre de 2014 se comunicó René Flores, puestero del paraje La Junta, quien le graficó que estaban apagando el incendio con ramas y solicitaban apoyo de Defensa Civil. El acusado detalló que consultó con Ola Castro, quien le ordenó el envío de personal. Aseguró que solicitó los viáticos para los brigadistas y que les dieron comida y bebida, que se equipó la camioneta con heladera, los uniformes y un tanque de 600 litros. Que el 28 se contactó Ferreyra informándole que "estaban realizando tareas de enfriamiento, que estaba todo controlado, divididos en dos flancos". Y más tarde, en otro mensaje le decía "que tenían para varios días". 

El 28 de octubre de 2014, Dagun y Ola Castro sobrevolaron el lugar al mediodía. "Se veía bastante humo, viento, se movía el helicóptero, vimos la camioneta, y los caballos, a los chicos no se los veía", recordó Dagun. También explicó que dieron una sola vuelta, "el piloto Walter Ferreyra le preguntó a Ola Castro si dábamos otra vuelta" y el subsecretario dijo que no e indicó que “los changos trabajen por tierra”. Aproximadamente a las18 "me llama Roberto (Durnelli), (con la noticia) 'los changos se han quemado'".

Dagún dijo que partieron en camioneta a con Ola Castro a Guachipas. "No sabíamos quiénes eran las personas (que se habían quemado)". Según sostuvo, no envió más apoyo a ese incendio porque no le informaron que se requería ,"en 13 años nadie se había quemado (...) fue un accidente", aseguró. 

El tercer imputado, Roberto Durnelli, prefirió no hablar. El juez de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino, dispuso un cuarto intermedio hasta el viernes 1 de noviembre a las 8.30, para escuchar la última declaración testimonial prevista en el debate.

El juicio está llegando a su final, el lunes 4 de noviembre será la audiencia de alegatos, mientras que el viernes 8 se escucharán las últimas palabras de los imputados, y el juez dará a conocer su sentencia.