La fiscala de Estado de Salta, Pamela Calletti, presentó el viernes una nueva demanda en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se debe al incumplimiento del fallo de ese mismo tribunal que obligó a la Nación a dar marcha atrás con los DNU de reducción del IVA y del Impuesto a las Ganancias que afectaban los fondos coparticipables para las provincias.

Se disponía, entonces, que el Estado Nacional debía abonar 200 millones de pesos a la provincia. Desde la Nación presentaron un escrito afirmando que dicho pago estaba realizado. Pero, Calletti contestó que “están faltando a la verdad porque el incumplimiento es parcial y notoriamente inferior al que corresponde”.

La funcionaria agregó que lo único concreto es un pago “en goteo”, por el que la provincia recibe 2 millones de pesos diarios que no terminan de cumplir con lo que ordenó la Corte Suprema. Por ello, solicitó que “se intime a cumplir bajo apercibimiento de multa diaria al Estado Nacional”. De ser escuchado el pedido, la Nación deberá liquidar lo que corresponde a los meses adeudados. 

Calletti subrayó que en caso de que el gobierno de Cambiemos no acate lo dispuesto por la Corte Suprema, la provincia realizará una denuncia penal por no cumplir con una sentencia judicial.

La Corte Suprema hizo lugar a un pedido de las provincias y sentenció que la reducción del IVA y del Impuesto a las Ganancias no tenían que afectar los fondos de coparticipación. Y que estos deberán ser financiados por el propio Estado Nacional. Así, dió marcha atrás con los decretos 561/19 y 567/19, firmados por Mauricio Macri.

En el caso de Salta, la cautelar presentada en agosto indicaba una pérdida estimada de 1200 millones de pesos en las previsiones del presupuesto anual de este año. No obstante, la Nación terminó resolviendo que lo que correspondía eran 200 millones para los salteños.

La fiscala e Estado salteña indicó que ahora resta esperar lo que resuelva la Corte Suprema, pero consideró que irá en la misma línea del primer fallo en favor de las provincias. Calletti sostuvo que tener que realizar estas acciones no hace más que dilatar el pago. “Se trata de problemas económicos administrativos”, afirmó.