Si la forma de salir de un laberinto es por arriba, es probable que el largo conflicto del Centro Cultural La Toma tenga una resolución de ese tipo, en el futuro cercano, dos décadas después, y finalmente la amenaza del desalojo se disipe de una vez por todas. Avanzó en la Cámara de Diputados de la Nación una moción para que el Estado –cualquiera de sus niveles, aunque en este caso sería el nacional– se haga cargo de la hipoteca que pesa sobre el inmueble desde 1993. 

Los legisladores de la comisión de Asuntos Cooperativos y Mutualidad dieron despacho favorable a un proyecto de declaración de beneplácito y exhorto para que el Ejecutivo nacional levante la hipoteca cuyo monto original –hace 26 años– era de 2 millones de pesos/dólares. La iniciativa resultó aprobada sobre tablas, y significa un fuerte respaldo a la lucha popular de ese espacio recuperado en Tucumán 1349. Con el OK obtenido en el Congreso, las organizaciones civiles que resisten desde la quiebra del hipermercado Tigre, en 2001, consiguieron instalar su causa en la agenda pública nacional. 

Lo aprobado no es de carácter ejecutivo –no significa que deba hacerse realidad como si fuera una ley– pero tiene la fuerza de todo pronunciamiento del parlamento nacional. Descontada la posibilidad de que el gobierno de Mauricio Macri, ya en retirada, atienda este planteo, quienes hacen La Toma y sus legisladores y dirigentes aliados prepararán el lobby para hacerlo efectivo con la gestión de Alberto Fernández.

El conflicto viene de 1993, cuando la cadena rosarina Supermercados Tigre compró el inmueble de Tucumán 1349 a Cooperativa El Hogar Obrero. Allí funcionaba hasta entonces el supermercado Supercoop. El Banco Roca –cooperativo e integrado a aquella misma cooperativa– otorgó un crédito hipotecario para la operación, y la hipoteca se fijó entonces en 2 millones de pesos, en tiempos de la convertibilidad 1 a 1, explicó a Rosario/12 Carlos Ghioldi, uno de los referentes de La Toma.

La cadena Tigre arrastró esa hipoteca hasta su quiebra en 2001. El edificio fue recuperado por los trabajadores de esa quiebra que quedaron en la calle. Y la deuda entonces transitó un derrotero de fusiones y venta de carteras a cobrar que, al cabo de los años y de siete bancos diferentes, quedó a merced del reclamo judicial por parte del fondo residual de garantía bancaria, Servicios de Depósitos Sociedad Anónima (Sedesa).

La ofensiva mayor de la empresa tuvo un primer capítulo en diciembre de 2015, cuando el centro cultural sintió de cerca la posibilidad del desalojo que pretende la compañía privada.  Gestiones en el plano político lograron siempre contener la situación y contrarrestar la presión de Sedesa en Tribunales. Jugó a favor del espacio recuperado la visita que el juez en lo Civil y Comercial Marcelo Quaglia hizo en 2016 al inmueble. El magistrado salió de allí elogiando la función social de La Toma. Las aguas se calmaron, pero hasta la elección primaria de este año, cuando los abogados de Sedesa olieron en el horizonte el cambio de gobierno y la posibilidad de reintentar el desalojo en un nuevo escenario político. Por eso el 27 de mayo pasado pidieron otra ejecución judicial y desalojo del edificio de Tucumán al 1300.

"Hoy acá desarrollan sus actividades cincuenta organizaciones sociales, sindicales, entidades de bien público, cooperativas de trabajo, dependencias públicas que usan el inmueble de manera gratuita, organizaciones de contención y solidaridad social. Y, además, hay alrededor de 300 a 400 personas que utilizan y trabajan en el lugar", destacó Ghioldi. 

La resolución aprobada en Diputados fue celebrada en el espacio colectivo. "Esto viene a sumarse a los apoyos que ya hemos recibido, también de forma unánime, por el Concejo Municipal y Diputados provinciales, en base a la propuesta que surgió por parte del propio gobernador Miguel Lifschitz hace tres años, de que el Estado en cualquiera de sus tres niveles se haga cargo de pagar la hipoteca”, reconoció Ghioldi al portal Rosarioplus.com.  

El militante popular reveló que llevarán la resolución legislativa que se aprobó por unanimidad en el Congreso al juzgado donde se tramita el reclamo de ejecución hipotecaria. "Así hicimos con todos los otros apoyos. La verdad es que no se trata de una expropiación, pero es un paso grande para que este asunto de la hipoteca se considere como importante a nivel país". En tanto, ya se ocuparon de ponerse en agenda de las autoridades electas a nivel local, Omar Perotti como gobernador, y Pablo Javkin como intendente. "Confiamos en que el gobierno provincial seguirá acompañándonos, y el municipal también: Perotti estuvo hace dos semanas y Javkin viene aquí desde sus primeros años en política", valoró Ghioldi.