El pedido de suspensión a 500 trabajadores en Mondelez, la multinacional que junto con Arcor es la principal formadora de precios en el rubro de las galletitas, entró en la última etapa de negociación. El Sindicato de la Alimentación ratificó que no aceptará una medida tan gravosa a días del cambio de gobierno,  cuando se está anunciando un paquete de medidas para reactivar el consumo. “Este es un grupo con espalda financiera para sortear y soportar la crisis”, señaló a PáginaI12 Rodolfo Daer, titular del STIA, que interviene en el ámbito de las dos fábricas bonaerenses. Este viernes se realizará en el Ministerio de Trabajo una última audiencia en busca de una solución negociada al conflicto. Desde la fábrica de Pachecho, los trabajadores denunciaron que aunque el número de operarios viene sufriendo recortes, hasta hace dos meses estaban realizando horas extras. Sin embargo, la compañía argumenta que sufrió "una caída no previsible en las ventas".

"Estamos evaluando medidas temporales en nuestras plantas para evitar otras más extremas", señaló Mondelez a través de su agencia de prensa, al ratificar que concurrirá a la audiencia del viernes. También desmintió que la planta que produce los jugos Tang y Clight, en San Luis, se haya sumado al pedido preventivo de crisis. 

Daer consideró injustificada la pretensión de suspender por seis meses a 500 trabajadores de las fábricas de Pacheco y Victoria.  El dirigente consideró que la presentación del preventivo tiene que ver con “el discurso disparatado del Presidente de la Nación en vísperas de las elecciones, sobre que si ganaban Alberto y Cristina íbamos rumbo a ser otra Venezuela".

"Las autoridades (de Mondelez) que están en Chicago, con las características de los sajones, entienden que esto puede ser Venezuela… ¡qué sé yo!... ¡problema de ellos!", dijo. "La realidad es que todos en la Argentina sabemos que se votó para que no haya más ajuste y sí reactivación productiva. Y lo primero que se reactiva con un aumento del consumo es la industria de la alimentación. No puede haber suspensiones”.

En las plantas de Pacheco y Victoria trabajan 2430 personas en la producción de las marcas Oreo, Pepitos, Express, Variedad, galletitas Mayco, Tita, Rodhesia y alfajores Milka, Shot y Terrabusi, así como en la fabricación de golosinas Halls, Beldent, chocolates Milka y Palitos de la selva. La acumulación de marcas puede dar una idea del tamaño de la multinacional, que en el rubro de las galletitas es una de las compañías que dominan el mercado local: junto con Arcor se reparten el 65 por ciento de los productos que se exhiben los supermercados del país. Desde esa posición, Mondelez ha sido una de las empresas formadoras de precios en un período en el que la inflación de los alimentos estuvo por encima de la inflación promedio.

Pamela Bulacio, trabajadora de la planta de Pacheco, integrante de la lista Bordó en la oposición a la conducción del gremio, contó a este diario que hasta hace dos meses estuvieron haciendo horas extras, rechazando así la idea de que la empresa esté atravesando por una crisis de una magnitud que justifique las suspensiones.

“En Pacheco, el 25 por ciento de los trabajadores hacíamos 12 horas hasta hace dos meses. Los niveles de producción se mantuvieron durante los últimos años más o menos igual, a pesar de que en cinco años hubo una reducción por retiros voluntarios, despidos y jubilaciones. Los salarios también se abarataron por las devaluaciones. Es decir que nosotros no vemos que puedan justificar que en los últimos tres años hayan tenido pérdida, aunque haya una reducción del consumo”.

Detalló también que “hace un mes atrás la empresa anticipó que tenía problemas de producción y quería adelantar las vacaciones, lo que quedó en el marco de una negociación interna. Este lunes mucha gente salió de vacaciones, por eso son días de menor actividad, pero el nivel de producción hasta hace dos semanas era más o menos el de los últimos tres años”. 

Uno de los argumentos que los representantes de la filial argentina han difundido es que la casa matriz de Mondelez no responderá financieramente por la subsidiaria argentina. En las negociaciones con el Gobierno, según las fuentes gremiales, se evalúa la fórmula de que se conserven los puestos de trabajo a cambio de beneficios impositivos y facilidades de financiación.