El directorio del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM) presentó su informe anual
, la mañana del viernes, en el Museo Casa de Hernández de la ciudad de Salta. Como ya es costumbre, la presentación se hizo en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de Eliminación de la violencia de Género.
Salta/12 conversó con dos de sus integrantes más antiguas, aquellas que vieron nacer al organismo y que hoy pueden hacer un balance desde sus inicios, Alfonsina Morales y María Laura Postiglione.
La abogada María Laura Postiglione es presidenta del OVcM y llegó por concurso del Poder Judicial. Con respecto al informe anual 2019, indicó que “este año el capítulo de datos contiene un análisis comparativo de los cuatro años, en donde se puede ver la evolución de cada uno de los indicadores que tomamos, así como el dato de los femicidios y travesticidios”.
Agregó también que se sumó un análisis en cuanto a la evolución de la implementación de políticas públicas estatales tanto en el Poder Ejecutivo como en el Judicial y Ministerio Público “y este año realizamos el mapa de las instituciones que realizan asistencia a las mujeres víctimas de violencia”.
Para la presidenta del Observatorio, el balance de su gestión es muy positivo, “me acordaba cuando asumimos, que sólo teníamos la ley de creación del Observatorio y unas oficinas”, en cambio, “hoy el Observatorio es un organismo de consulta y un referente a quien se solicita opinión y datos”.
Al respecto, destacó que se logró tener un sistema de información pública sobre todos los tipos y modalidades de violencia “que está volcado en nuestra página y es un ejemplo para muchas provincias que no han creado observatorios como los nuestros, con esta conformación y que sean autónomos y autárquicos”.
Alfonsina Morales, una de las que deja el Observatorio por haber cumplido su período de cuatro años, es educadora y llegó en 2016 respaldada por las organizaciones de mujeres.
También consideró positivo el balance de estos primeros cuatro años de gestión, “porque implicó entender la problemática de la violencia de género desde otro lugar, no sólo desde la trinchera, desde donde venía yo, sino a correr la mirada y comenzar a analizar las políticas públicas y hacia dónde tienen que dirigirse”.
Para Morales, “se ha logrado un posicionamiento de la institución, en donde se hicieron visibles sobre todo sus objetivos, que tienen que ver con la sistematización de información, el análisis de las políticas públicas y en una mirada técnica del problema”, subrayó.
Desafíos y deudas
En cuanto a los desafíos futuros para el Observatorio, Postiglione enfatizó que para el próximo directorio será profundizar la labor que se vino realizando, “siempre quedan pendientes en la agenda”, sostuvo, y agregó que se deberá reconstruir un vínculo con los nuevos funcionarios del Ejecutivo que están asumiendo.
Morales manifestó que el desafío para el nuevo directorio será poder llegar con más fuerza a quienes toman decisiones: “las recomendaciones y observaciones que realiza el directorio no deberían quedar a consideración de quien recibe esas recomendaciones, sino que las deben tener en cuenta y sentir la obligación de modificar sus políticas en base a esas recomendaciones”.
Ambas hablaron también de las deudas que aún mantiene el Estado. Postiglione subrayó que una de ellas es el trabajo en violencia en el ámbito laboral “ha sido todo este año y el pasado un pedido repetido desde diversos espacios”.
Otra de las deudas tiene que ver con la violencia institucional, “a quién me voy a quejar si no me toman una denuncia”, señaló. En ese sentido, indicó que ese fue un avance desde la Procuración General de la provincia que “lanzó una oficina”.
Por último, indicó que del relevamiento de instituciones que asisten a mujeres en situaciones de violencia, “lo que se visibiliza es la falta de trabajo a largo plazo con las víctimas, los organismos están muy concentrados en el abordaje inmediato, en el acompañamiento durante las primeras semanas, pero luego no hay quien acompañe en el fortalecimiento económico, con la terapia grupal y eso es sin dudas algo que hay que fortalecer”.
Las dos directoras coincidieron que una de las deudas más grandes del Estado provincial tienen que ver con la territorialidad, “uno de los grandes desafíos es llegar a cada municipio, el interior siempre es lo más relegado y olvidado", dijo Postiglione.
Para Morales, “las políticas públicas estatales se siguen concentrando en la capital, no es lo mismo ser una mujer que vive en la ciudad de Salta a ser mujer en Molinos en relación a cuál es la respuesta que recibo ante un reclamo. Esa es una falencia que venimos marcando desde la creación del Observatorio”.
Y agregó: “Si analizamos las instituciones y las políticas públicas que se fueron generando, reforzaron más esta centralidad y no se ha replicado en los diferentes municipios de la provincia”.
Este organismo fue creado en 2014 a través de la ley Nº 7.863. El directorio está compuesto por seis directoras elegidas por concurso desde el Senado, la Cámara Diputados, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, la Universidad Nacional de Salta y organizaciones de la sociedad civil.
Los datos de la violencia
El informe que se presentó el viernes, y que está disponible en la página del organismo, incluye datos cuantitativos que permiten visibilizar la dimensión del problema, así como evidencia los avances y retrocesos en la materia desde los distintos poderes del Estado.
En el capítulo de datos estadísticos, se destaca la escasez y dispersión de los datos por parte de quienes deben realizar los registros, que limitan la posibilidad de analizar, comparar o ver su comportamiento en el tiempo.
El informe reclama la falta de estándares comunes, ya que cada organismo realiza sus registros administrativos sin un diseño que brinde un orden y una coherencia en la recolección de esos datos. “En efecto, dichos registros, en el mejor de los casos, siguen una lógica de rendición de cuentas administrativa, y no una estadística que garantice la calidad de la información”, subraya.
Algunos de los datos más relevantes indican que en 2018, Salta registró una tasa de violaciones de 19,6 por cada 100 mil habitantes. Según el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), se ubica en el quinto lugar, detrás de Chubut (27,2), Tierra del Fuego (26,7), Misiones (24,9) y Jujuy (20,4). A mitad de tabla se encuentran Tucumán (12,6) y Santiago del Estero (11). Con las tasas más bajas se destacan Córdoba (5,6), Catamarca (5,6), Entre Ríos (3,4) y San Juan (1,7).
En 2018 quedaron registrados estos números: 624 casos de abuso sexual simple, 415 hechos de abuso sexual con acceso carnal, 36 de abuso sexual gravemente ultrajante, 37 de grooming y uno de pornografía infantil.
Durante el período 2014-2018, las tasas anuales de Misiones y de Salta estuvieron entre las más altas del país. En el caso misionero, el desempeño de la tasa fue constante, con una leve suba en 2018. Mientras que Salta experimentó una caída pronunciada entre 2015 y 2016, con un ligero repunte en 2017. Si bien es apresurado indicar una tendencia, la tasa anual salteña parece estar en un sendero decreciente.
A su vez, en lo que va del año se produjeron 12 femicidios y un travesticidio.
En cuanto a las denuncias, el tipo de violencia más denunciada fue la psicológica y luego la física.
Uno de los interrogantes que se hicieron las directoras del organismo tiene que ver con la cantidad de llamadas e intervenciones del 911 con relación a las denuncias que efectivamente recibe la justicia “¿qué pasó con las más de 40 mil intervenciones del 911 que no llegaron a la justicia?”, se preguntó Alfonsina Morales.
Y en cuanto al vínculo con el agresor, se marca una tendencia sostenida de las ex parejas sobre las parejas actuales.
