Claudia Paz y Paz: “Los grupos anti derechos ya están golpeando las puertas de los organismos de Justicia internacional”
Cambiando el mundo
Como primera mujer Fiscal General de Guatemala, Claudia Paz y Paz investigó el mayor genocidio de su país. Actual directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) por Centroamérica y México, fue nominada al Nobel de la Paz por ser la pionera en esta función que le costó la huida de Guatemala, tras impulsar la investigación por violaciones a los derechos humanos que llevó a la Justicia a José Efraín Ríos Montt. Pero en esa gestión también creó un modelo de atención integral para mujeres, que llevó a la violencia de género a ser el delito más denunciado del país.
Imagen: Jose Nicolini

Claudia Paz y Paz tiene 53 años y más de la mitad los vivió en un país en la guerra civil: durante 36 años Guatemala estuvo en lo que hoy se llama “conflicto armado interno”, que terminó en 1996 con 200 mil víctimas. Quince años después, ella se convirtió en la primera mujer en llegar a ser la Fiscal General de su país, y desde ahí impulsó la investigación de las violaciones a los derechos humanos que llevó a la Justicia al general golpista José Efraín Ríos Montt acusado de genocidio y crímenes de guerra; y que desenmascaró escándalos de corrupción que involucraron a élites económicas y políticas. En los tres años a cargo del Ministerio Público también encarceló a estructuras completas de organizaciones criminales como la mara Salvatrucha, la pandilla 18 y Los Zetas. También impulsó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Mientras tanto, aprovechó su lugar para impulsar una reforma en el acceso a la Justicia de las víctimas de violencia de género que dio vuelta las estadísticas históricas, puso a este delito –hasta entonces invisible- en el primer lugar de las denuncias e incrementó las condenas por femicidio un 800 % entre 2011 y 2013. Esa tarea es por la que menos se la conoce.

El trabajo de Paz y Paz hizo que en 2012 fuera nombrada como una de las “cinco mujeres que están cambiando el mundo en política” por la Revista Forbes y que la Newsweek estadounidense la incluyera entre las 125 mujeres de impacto en el mundo y que su trabajo "podría ser el más peligroso de Centroamérica". Y algo de eso sucedió: enjuiciar al ex presidente de facto le valió ser candidata al Premio Nobel de la Paz en 2013, pero también tener que huir de su país perseguida por la derecha tradicional de Guatemala. Tuvo demandas, amenazas y campañas de desprestigio con todo tipo de acusaciones.

Fuera de Guatemala, formó parte del primer Grupo de Expertos/as Independientes (GIEI) impulsado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y conformado en noviembre de 2014 para investigar la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa, México. En 2018 también formó parte del segundo GIEI, que se formó para trabajar en la crisis democrática que estalló el 18 de abril en Nicaragua. Hoy vive en San José de Costa Rica, y desde allí dirige Centro por la Justicia y el Derecho Internacional por Centroamérica y México (CEJIL), uno de los organismos de Derechos Humanos más importantes de la región. Esta vez no es la primera mujer en el cargo. “Por suerte. Esta es una organización de derechos humanos en la que somos casi todas mujeres, algo que yo veo como muy importante y que es notable en el trabajo que se hace: no es posible ya una mirada de los Derechos Humanos sin una perspectiva de género”, dice la doctora cum laude en Derecho Penal y Derechos Humanos en la Universidad de Salamanca, España, y ex directora ejecutiva del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, entre muchos otros títulos. Visitó Buenos Aires invitada por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) para participar del Encuentro de Feminismos y Política Criminal a principios de mes, donde expuso sobre el Modelo de Atención Integral (MAI), su tarea menos reconocida fuera de los feminismos y de los círculos académicos especializados.

No se trata de que hayas sido la primera mujer, sino de la tarea que como primera mujer hiciste. Pero poco se sabe de cómo llegaste hasta ahí y qué cambio luego.

-Llegué a la fiscalía en medio de una crisis: a la luz de una nueva ley en la que los fiscales llegaban por una selección que por primera vez se hacía de forma pública. Yo estaba en el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, en una tarea académica, y observando esa selección le dije a un compañero que cómo podía ser que fueran todos hombres. Y él me dijo: “¿Por qué no te postulás?”. Educada como fui, no entendía que había una posibilidad para mí en ese lugar. Porque el techo de cristal existe. Para todas. Y en un esfuerzo colectivo decidí presentarme, pasé las pruebas, y entré como la única mujer entre seis candidatos. Y me eligieron. A la siguiente elección fueron mitad mujeres y mitad hombres y también nombraron a una mujer. Y ahora ya está la tercera mujer.

Te definís feminista y garantista, ¿en qué rol, y con qué límites, ubicás al derecho penal para pelear por los derechos de las mujeres?

-Hay diversas discusiones sobre la utilidad del derecho penal pero si partimos del simple principio de igualdad y de la posibilidad de que el derecho penal al menos reduzca la violencia, no renuncio a que sea una herramienta más para protegernos a las mujeres. Sin duda no la única, porque llega mal, llega tarde, es insuficiente. Pero no debemos renunciar a ella, al menos mientras no encontremos algo mejor. Porque los mensajes que envía el derecho penal son muy poderosos: cuando protege a uno no protege a otras, cuando unas son condenadas otros son absueltos. Y creo que el Modelo de Atención Integral es una experiencia práctica de un intento de que ese derecho penal cubra deudas históricas con personas que no gozaron de su protección nunca: las mujeres.

-¿De dónde partiste en 2010 para la puesta en marcha de ese modelo?

-La historia de América Latina respecto de la respuesta del Estado frente a las violencias de género tiene un primer hito que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Belem Do Parar, 1994). Ese fue un instrumento jurídico en el derecho internacional para la sanción de esta violencia. Sin embargo, la traducción en el derecho nacional no fue así. Para el año 2000 hubo una denuncia y campaña pública en la región y en Guatemala desde el Instituto iniciamos investigaciones: había una impunidad de estos crímenes que en violencia sexual alcanzaba el 99 por ciento de los casos y que en muertes violentas de mujeres -en aquella época aún no había un tipo específico-, rondaba el 96/97 por ciento. Es decir que, claramente, el derecho penal cumplía su función: no sancionar la violencia contra la mujer como un delito.

-¿Cómo se sostenía esa impunidad?

-Hay unas maneras que acá también conocen bien: en violencia sexual se culpabilizaba a las víctimas y/o se descreía de su relato; la impunidad era selectiva por edad: una víctima sexualmente activa no podía ser víctima de violencia sexual; se sometía a test de prueba de la veracidad a las mujeres que denunciaban, algo que no ocurría frente a una víctima de hurto, de robo o cualquier otro delito. Y, muy importante para esas cifras de impunidad, las víctimas tenían que escoger entre el acceso a la Justicia y la asistencia médica: si una víctima sobreviviente recibía atención a su salud, se perdían las pruebas; si escogía el camino de la Justicia, iba a la fiscalía y no recibía ninguna atención médica.

Trabajaste también en una investigación específica sobre violencia de género y violencia sexual en contextos de guerra.

-Sí, Guatemala tuvo una guerra de 30 años donde existió genocidio y nosotras queríamos ver si las pocas causas que habían avanzado en violaciones de Derechos Humanos durante la guerra se había tratado adecuadamente la violencia contra las mujeres. Claro que no, pero además encontramos un aspecto que nos sorprendió mucho más: aunque las violaciones se denunciaran, aunque los testigos relataran que había existido violencia sexual como parte del modus operandi de las masacres, ésta no era retomada ni por los abogados querellantes ni por los fiscales ni por los jueces. Es decir, aunque se dijera, esa violencia no se escuchaba. Con todos estos aprendizajes y junto con otras organizaciones de mujeres y derechos humanos en Guatemala hicimos una incidencia muy importante que llevó a la segunda ola de reformas y se tipificó el femicidio y la violencia contra las mujeres. Fue un avance, pero eso no se tradujo en una disminución de la violencia contra las mujeres ni tampoco en un mayor esclarecimiento de los casos.

¿Cuáles fueron los pilares del Modelo de Atención Integral que logró revertir eso?

-Por un lado, reunir en un solo lugar a todas las agencias que tenían que atender a las víctimas sobrevivientes: es decir, reunimos en la fiscalía a los médicos forenses, a los médicos clínicos, a una psicóloga, trabajadora social y por supuesto fiscales, y este modelo funcionaba 24 horas, 365 días al año, porque la violencia sexual no ocurría de 8 a 4 de la tarde. La consigna era que si una mujer llegaba ahí, no podíamos permitir que se fuera sin ser atendida, derivada, contenida o lo que necesitara. Logramos un sistema que girara alrededor de la mujer que lo necesitara. Hubo un primer momento en el que no logramos elevar la tasa de resolución de casos. Y claro, le faltaba una pata al modelo: los jueces. Frente a delitos como homicidios, narcotráfico o crimen organizado, los de violencia contra la mujer eran subestimados por los jueces. Era algo que no era de importancia pública. Así que se pusieron juzgados especializados a trabajar 24 horas los 365 días del año y ahí sí cambió la tasa de esclarecimiento. Y quedó demostrado que a la mayor atención efectiva a casos de violencia contra la mujer, menor tasa de muertes violentas de mujeres.

¿Qué resultados tuvieron?

-La reducción de femicidios fue del 25 %, que no es tan alto como la reducción que se produjo de homicidios, que fue del 39 %. Porque el mismo modelo se aplicó luego a la Fiscalía de delitos contra la vida, pero la reducción tiene que ver con una incidencia mayor y también con que al atacar organizaciones y redes que tenían a los homicidios como parte del modus operandi, caía una y se evitaban muchas muertes. Las muertes de mujeres son en la mayoría de los casos uno a uno. Pero lo notable fue que una vez tipificado el delito de violencia contra las mujeres en Guatemala, llegó a ser el delito más denunciado: entre 35 y 40 mil denuncias al año. Esto es un número mayor que el de robo, hurtos, amenazas y daños. Y eso nos habla mucho de que, si bien el derecho penal tiene que actuar con medidas de prevención y educación que enfrenten al sistema patriarcal y no solo, bien utilizado puede significar una mayor protección a las mujeres.

No se ven tantos casos que lleguen a la CIDH ni las sentencias ejemplares. ¿Cómo analizás vos eso?

-Es fundamental que exista equidad de género en la conformación de la Corte. Actualmente solo hay una mujer. Y ahí el origen de esta desigualdad son los Estados, porque son ellos quienes nominan. Hay que trabajar fuertemente en los procesos de nominación. Hay una apertura pero que no está al nivel de las circunstancias: no solo la Corte, también por ejemplo la composición de las relatorías en el sistema universal son puestos ocupados mayoritariamente por varones. Y tendría que ser, por lo menos, que haya igualdad.

Hoy al frente del CEJIL, ¿cuál es el panorama en Centroamérica?

-Las muertes violentas de mujeres siguen siendo sin duda lo que más nos preocupa: la mitad de los casos es por un agresor conocido de la víctima, entre parejas y ex parejas la mayoría. El resto tiene mucho que ver con el narcotráfico y la esclavitud sexual. Hay casos de trata, pero lo que vemos es que es común que en comunidades chicas los capos del narcotráfico tienen, eligen digamos, a chicas como sus esclavas sexuales; y, otro, en lo que es violencia de pandillas también se usa esta modalidad, sea para obligar a las chicas a ingresar a las pandillas, porque son elegidas por los líderes, o como una forma de castigo hacia el pandillero que se extiende a las mujeres y niños de su familia.

A partir del asesinato de la líder indígena hondureña Berta Cáceres, empiezan a conocerse muchos casos de activistas que defiende derechos de los pueblos originarios, causas de los territorios y el medio ambiente, perseguidas y amenazadas.

-Sí. El caso de Berta fue muy emblemático y muy doloroso para nosotras. Ella era una activista defensora del derecho a la tierra y al agua, y tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana cuando fue asesinada. Hubo un esfuerzo enorme de su familia y del movimiento de Derechos Humanos en Honduras y se logró la condena de los responsables materiales y ahora se está juzgando a uno de los responsables intelectuales. Se logró poner en la agenda pública este vínculo muy perverso entre ex agentes del Estado, ex militares, empresas privadas de seguridad y asesinatos de defensoras y de defensores de Derechos Humanos que hoy además, muchas veces en nuestra región son defensores de causas ligadas al medio ambiente.

¿Qué pasa con el avance de los grupos antiderechos?

-Es notable el avance en toda la región y pongo como ejemplo de este avance una situación particular gravísima, que es una forma de violencia institucionalizada que amenaza con extenderse: en El Salvador existe la prohibición absoluta del aborto hasta el punto de que incluso van tan lejos que se aplican sanciones penales en casos de abortos espontáneos. Esto es por influencia de los grupos antiderechos en el Estado: hoy ya tienen un poder enorme en Centroamérica y crecen en todo el hemisferio. Pero además están tratando de llegar a instancias muy importantes como la Corte y la Comisión Interamericana para defender desde ahí su agenda. Están organizados más allá de las fronteras, tienen muchos recursos y sus objetivos son limitar los derechos de las mujeres y de la diversidad.

¿Qué rol tienen las iglesias evangélicas?

 

-Definitivamente tienen un rol importante. Las iglesias evangélicas son las que más han apoyado a muchos de los presidentes corruptos que están en la región, como el de Guatemala, Jimmy Morales. Y entonces ahora, por esos apoyos, tenemos a los congresos discutiendo leyes que retroceden en derechos. Pero no sólo las evangélicas: en Nicaragua fueron las iglesias católicas y evangélica juntas las que apoyaron e impulsaron las leyes antiderechos. 

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