Acusan a seis policías federales de recaudar fondos ilegales
Encontraron la forma de mejorar el salario
El fiscal federal Walter Rodríguez acusó a Marcelo Lepwalts -que estuvo a cargo de la delegación local- como jefe de una asociación ilícita de uniformados. 
El fiscal valoró como prueba la libreta de anotaciones de Lepwalts. El fiscal valoró como prueba la libreta de anotaciones de Lepwalts. El fiscal valoró como prueba la libreta de anotaciones de Lepwalts. El fiscal valoró como prueba la libreta de anotaciones de Lepwalts. El fiscal valoró como prueba la libreta de anotaciones de Lepwalts. 
El fiscal valoró como prueba la libreta de anotaciones de Lepwalts.  

El fiscal federal de Santa Fe Walter Rodríguez acusó ayer a seis policías federales por el delito de asociación ilícita destinada a recaudar fondos ilegales. Les adjudicó a Marcelo Lepwalts, Cristian Bogetti, Michael Arbildo, Carlos Fernando Gómez Navarro, Darío Alberto Duarte y Lucas Leonel Bustos haber tomado parte de una asociación ilícita, liderada por Lepwalts en su condición de Jefe de la Delegación Santa Fe de la Policía Federal Argentina, "persiguiendo una finalidad recaudatoria al margen de sus ingresos salariales mediante la comisión de delitos indeterminados, durante el período comprendido entre el 23/3/2018 y el 9/5/2019".

Los elementos probatorios reunidos hasta el momento en la presente investigación preliminar, "me permiten sostener la existencia de un plan común que fue ideado, implementado, ordenado y controlado por los miembros de la Delegación local de la Policía Federal Argentina , la cual resulta afectada por el comportamiento de sus propios agentes a raíz de la configuración de un sistema de recaudación ilegal nutrido cuanto menos por utilidades provenientes del narcotráfico y que tenía como objetivo principal el lucro personal de cada uno de sus integrantes".

Para Rodríguez "el mecanismo recaudatorio llevado a cabo por los imputados tuvo por objeto la obtención de dinero como así también de material estupefaciente de parte de personas vinculadas al tráfico de sustancias ilícitas, mediante interceptaciones de manera sorpresiva o durante la ejecución de medidas judiciales". Así las cosas "los resultados de tales procedimientos, en algunas oportunidades eran ocultados -en todo o en parte- a las autoridades judiciales competentes, y en particular el dinero obtenido, era distribuido por partes iguales entre el personal policial que integraba el grupo, y en el caso del material estupefaciente, una porción resguardada para 'embagallar' en futuros procedimientos". Asimismo, el sistema incluía "el ofrecimiento de cobertura policial a personas presumidas de realizar actividades delictivas a cambio de una suma de dinero periódica, la cual se mantenía vigente hasta que se decidía que, como se verificó en algunos casos, debían ser privadas de su libertad ambulatoria (de manera regular) por no resultar funcionales al sistema".

A fin de continuar alimentando el mecanismo recaudatorio, los imputados, dice el fiscal en su acusación  " se valieron de la información obtenida en el marco de su actuación como fuerza auxiliar de la justicia, como así también de la aportada por 'informantes', y especialmente del contenido de los teléfonos celulares que, durante los procedimientos señalados eran secuestrados a los implicados, y en algunos casos, luego devueltos a cambio de una suma de dinero, como aconteció en el caso del dealer Guillermo Alberto Kernc.

Justamente, en uno de los apartados del inicio de la investigación, Rodríguez destaca el dinero secuestrado en la oficina del comisario Lepwalts: "Si bien la tenencia del dinero secuestrado en el allanamiento a la sede de la Delegación Santa Fe de la Policía Federal Argentina no tuvo hasta el momento significancia jurídico-penal, estimo que a raíz del análisis integral que se viene realizando en virtud de la incorporación de nuevos elementos probatorios, ese criterio debe revisarse".

"En esa oportunidad, en el interior de una caja fuerte empotrada en el despacho correspondiente al comisario Lepwalts, se incautó dinero por un total de $42.000, cuya suma no aparece -de momento- vinculada a una partida oficial suministrada por los canales oficiales ni proveniente de las áreas competentes en materia de asignación de recursos de la PFA. Además, desde el mismo lugar se secuestró un anotador con la inscripción “Alfa Block” que en su interior contiene inscripciones de puño y letra que -sana critica racional mediante- corresponden al nombrado Lepwalts y dan cuenta de la existencia de una contabilidad clandestina, posiblemente asociada al sistema de recaudación que se viene describiendo, que también incluye ingresos provenientes de pagos irregulares realizados por personas incursas en el mercado marginal de compra venta de moneda extranjera.

En efecto, en la primera hoja del cuaderno se observa un recuento de dinero de montos mensuales, iguales y consecutivos, expresados en dólares y en pesos. Por otra parte, en las páginas siguientes se encuentran anotaciones referidas a usuarios y contraseñas de distintos servicios, que confirman que el anotador pertenecía a Marcelo Lepwalts -apodado “Lechuga” en su círculo de confianza.

En definitiva, el contexto en que fue hallado el dinero, sumado al resto de valoraciones efectuadas a lo largo del presente dictamen, lo llevan a sostener que "el mismo provenía del sistema que constituye aquí materia de imputación, al encontrarse sujeto a determinados aspectos que dan cuenta de la clandestinidad bajo la cual dicha tenencia era ejercida, constituyendo una evidencia material de un dispositivo recaudatorio ilegal encabezado justamente por el titular de la dependencia" sostiene el fiscal federal al presentar las pruebas del caso.

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