El diputado de la UCR Julián Galdeano cuestionó la “celeridad” de la comisión de Acuerdos que el viernes resolvió –con seis votos– investigar al fiscal regional de Rosario Patricio Serjal por supuesto “mal desempeño” en su cargo y designó a su colega Carlos del Frade para que lo indague. “Es un tema muy serio para tratarlo a las apuradas”, se quejó el legislador ante Rosario 12. Y agitó sospechas sobre una trama a la que llamó “revulsivo de una interna en el Ministerio Público de la Acusación”, y luego tradujo como “pases de facturas” o “diferencias entre los propios fiscales”. Según Galdeano, acelerar el “procedimiento disciplinario” no fue una decisión “prudente” porque “pone en vilo” a Serjal –que es jefe de 80 fiscales de Rosario y el sur– y “eso es muy riesgoso en esta etapa de la política criminal del Estado y el funcionamiento del MPA”.

El 21 de noviembre, la diputada Alicia Gutiérrez denunció a Serjal por el archivo de una causa al dueño de una concesionaria de autos Rosario, el 18 de junio, donde poco después, “entre mediados de junio y mediados de julio”, él y su pareja “compraron” dos automóviles Toyota. El fiscal general Jorge Baclini también notificó los hechos a la Legislatura.

El viernes, la comisión de Acuerdos abrió la investigación, en la tercera convocatoria tras el fracaso de las dos anteriores –miércoles y jueves– por falta de quórum. Lo resolvieron seis legisladores: tres del oficialismo (Gutiérrez, Inés Bertero y Gabriel Real) y tres del PJ (Leandro Busatto, que es el presidente, Julio Eggimann y el senador Alcides Calvo). En los primeros llamados, el quórum se constituía con siete; en el tercero, con cinco.

Los seis ausentes fueron los senadores del PJ Rubén Pirola y Joaquín Gramajo y su colega de la UCR, Rodrigo Borla y los diputados radicales Galdeano y Patricia Tepp y Alejandra Vucasovich, del PRO. Galdeano confirmó que el faltazo era una decisión política. El caso Serjal “es un tema muy serio para tratarlo a las apuradas” porque parece más “un revulsivo de una interna en el MPA, que una acusación con fundamentos. Tomar una decisión apresurada en una comisión que integran legisladores que en su mayoría terminan su mandato en los próximos días, no es lo más acertado”, planteó. De los seis que abrieron la causa, sólo tres siguen en la Cámara a partir del miércoles (Busatto, Real y Calvo) y de los seis ausentes, cuatro (Pirola, Gramajo, Borla y Galdeano).

Iniciar “un procedimiento a las apuradas, en esta etapa, me parece muy aventurado”, insistió Galdeano. Y consideró “tremendamente riesgoso” trasladar al plano institucional lo que a su juicio serían “diferencias en el seno del propio MPA”.

–¿Un revulsivo de una interna en el MPA? ¿Qué significa eso?

–Me da la sensación que son pases de facturas o diferencias entre los propios fiscales. Y legitimarlo, iniciando un procedimiento, no me parece prudente. El fiscal general y los fiscales regionales, sobre todo el de Rosario por la envergadura que tiene la circunscripción, son protagonistas de la política criminal y la función penal del Estado. Si ellos juegan (sic) o si existe una intencionalidad de uno de perjudicar y el otro de defenderse o lo que fuere, no me parece que el plano legislativo pueda ser el ámbito para dirimir (la disputa). Acá lo que hace falta es sentarse, diagramar, planificar y trabajar.

–¿Baclini conoce esto?

–Yo le transmití al fiscal general que no compartía que él notificara a la comisión de Acuerdos cuando existía un trámite formal de apartamiento solicitado por Serjal y suscripto por el propio fiscal general. La comisión de Acuerdos tenía mucho menos que evaluar o analizar. Distinta es la denuncia de la diputada Gutiérrez que puntualmente ya focaliza en un accionar supuestamente irregular o contrario a la norma por parte del fiscal regional, pero para eso, debemos tener mayor tiempo y más serenidad y no tanta celeridad.

–¿Los otros legisladores comparten esa posición?

–Lo que hemos discutido entre los partidos es una posición que adoptamos algunos integrantes de la comisión de Acuerdos. Acelerar el proceso pone en vilo y en riesgo la capacidad de Serjal para llevar esto adelante (su tarea) y eso es muy riesgoso en esta etapa de la política criminal del Estado y el funcionamiento del MPA.