En la provincia no debería haber problemas para aplicar la actualización del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) anunciada por el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. Salta es una de las 10 provincias adheridas al protocolo. Lo hizo en mayo de 2018 luego de la polémica que se generó en torno a la obstaculización del embarazo de una nena de 10 años a la que no se le había garantizado el aborto en su momento y que la familia decidió que siga su curso.

Aunque Salta 12 insistió con las consultas a la flamante ministra de Salud, Josefina Medrano, respecto al tema, fue imposible dar con ella. Sólo existe un audio de FM Noticias en el cual al ser consultada de la adhesión al protocolo de ILE y su actualización, se limitó a decir “lo que vamos a hacer es respetar la ley. Entendemos que ni niños ni madres deben morir y que no debe haber niñas madres. La Salud es un derecho constitucional”.

Las presiones de la Iglesia y de los representantes de los sectores antiderechos ya habían elevado su voz en contra. González García por su parte ayer manifestó: “es salud pública, no un debate religioso o político”.

Desde el OVcM se solicitó a “las nuevas autoridades del gobierno provincial, que se arbitren los medios necesarios, para garantizar el cumplimento del pleno acceso a la ILE, acorde al ‘Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo- Actualización 2019’ para garantizar los derechos adquiridos de todas las personas con capacidad de gestar y el de una vida libre de violencia”.

Ana Pérez Declercq, una de las directoras del Observatorio, refirió a Salta 12 que hasta ahora se cumple con el protocolo respecto de la ILE desde el momento que la provincia adhirió. “Se viene cumpliendo en algunos centros de Salud de la ciudad de Salta”, dijo. Estimó que la atención no llega a la totalidad en tanto se requiere una mejor preparación a los profesionales en Capital como en el Interior.

La posibilidad de acceder a la ILE tiene que ver con dos causales: la legal que contiene a la persona que sufrió una violación. La de riesgo de la salud física, psíquica o social de esa persona. En este punto, Pérez Declercq recordó que los profesionales de la Salud deben hacer las denuncias de violación cuando la situación involucra a nenas y adolescentes menores de edad.

Entre las diferencias que rige para esta actualización es que las adolescentes que piden el aborto a través de una medicación para evitar la práctica quirúrgica ya no precisarán la autorización de un adulto. A ello se suma que se respetará lo establecido por la Ley de Identidad de Género para los hombres trans.

Los números en Salta

Desde mayo de 2018, cuando la provincia adhirió al protocolo de la ILE hasta el primer semestre de este año, en Salta se realizaron 209 abortos no punibles.

Según el detalle que dispone el OVcM en su anuario 2018, hasta diciembre de ese año se realizaron 77 abortos. El 40 por ciento de las prácticas tuvo lugar en el Hospital Público Materno Infantil.

Entre ellos se encuentran: 6 ILE a nenas de entre 12 y 14 años; 19 a chicas de entre 15 y 19 años; 16 a jóvenes entre 20 y 24 años; 11 a mujeres de entre 25 y 29 años; 7 a mujeres de entre 30 y 34 años, 17 a mujeres de entre 35 y 40 años, y uno a mujeres de más de 40 años. Durante ese año el Ministerio de Salud Pública registró 168 niños nacidos en nenas de 14 años o menos en Salta.

Durante el primer semestre de 2019 se realizaron 132 ILE: 3 fueron en nenas de 12 a 14 años, 29 en chicas de 15 a 19 años, 28 en jóvenes de 20 a 24 años, 33 en mujeres de 25 a 29 años, 13 en mujeres de 30 a 34 años, 17 en mujeres de 35 a 40 años, y 4 en mujeres de más de 40 años.