Producción: Javier Lewkowicz
Coordinar expectativas
Por Juan Solá y Lucía Pezzarini *
El Acuerdo Económico y Social fue uno de los ejes en los que Alberto Fernández centró la campaña electoral, concibiéndolo como un componente clave del nuevo programa cuyo objetivo es estabilizar la economía. Por otro lado, la promesa de mantener un dólar competitivo y de lograr la reactivación económica contradicen la idea de utilizar el dólar o algún agregado monetario como ancla nominal para reducir la inflación. Teniendo en cuenta estas limitaciones, surge la alternativa de un acuerdo de precios y salarios como mecanismo para coordinar expectativas y poder concretar tal objetivo.
Típicamente conocida como una política de ingresos, la coordinación de los principales precios de la economía busca reducir los costos de una desinflación en términos de actividad. Además, en un contexto en el cual la economía se encuentra transitando de un régimen de inflación moderada (de entre 20 y 40 por ciento) a uno de inflación alta (más del 50 por ciento), y con acortamiento de contratos, la coordinación pareciera ser una herramienta viable y más fácil de implementar que antes, ya que gran parte de las negociaciones se dan de forma simultánea o se encuentran en un horizonte temporal cercano.
A pesar de no conocerse detalles, desde el inicio de la campaña el gobierno viene manteniendo reuniones con los protagonistas del posible acuerdo: las cámaras empresarias y los sindicatos. Estos dos actores, junto al gobierno, deberán coordinar el movimiento de cuatro precios clave de la economía: salarios, precios, tarifas y dólar. La primera disputa a resolver, será consensuar el punto de partida, teniendo en cuenta en qué nivel se encuentra cada uno de estos precios actualmente y cuál ha sido su evolución reciente.
En materia de salarios, desde abril de 2018 los salarios perdieron alrededor del 15 por ciento su poder de compra (caída que se amplía al 24 por ciento para el caso de los trabajadores informales) siendo uno de los componentes que más se retrasó y que probablemente vaya a ser el sector que oponga más resistencia a aceptar mayores pérdidas. Las tarifas, que además de ser un componente importante de los costos de producción son un determinante del salario real, crecieron por encima de la inflación en la gestión Macri. Sin embargo, desde mitad de este año la postergación de aumentos implicó un incremento del gasto en subsidios, contrariando la prudencia fiscal que exhibió Martin Guzmán en su primera conferencia de prensa, dado que será una carta crucial en la inminente renegociación de la deuda. Respecto al tipo de cambio, existe relativo consenso de que en términos reales se encuentra en un nivel competitivo, pero también en que no hay mucho margen para que se retrase tan rápidamente en un contexto de inflación elevada. Por último, desde el sector empresario también se mostrarán reacios a ceder demasiado, utilizando como argumento el desplome de las ventas y el fuerte incremento de los costos de producción (tarifas, insumos, tasa de interés).
También es indispensable enmarcar el acuerdo en un programa macroeconómico integral y consistente, que permita que el mismo sea sostenible en el tiempo. En otras palabras, para que este resulte creíble y no sea abandonado al poco tiempo de su implementación, será necesario alinearlo con una política fiscal que no ponga en jaque la renegociación de la deuda, una política cambiaria que reduzca la volatilidad del tipo de cambio, pero que no aliente la apreciación cambiaria, y una política monetaria que no bloquee la recuperación económica pero que sea lo suficientemente prudente como para evitar efectos indeseados sobre inflación. Asimismo, el éxito del acuerdo ayudará al desarrollo de las demás políticas tanto aumentando su probabilidad de éxito como reduciendo sus efectos adversos.
Por último, el acuerdo y la política macroeconómica deben permitir vislumbrar una reactivación de la actividad económica en el futuro cercano. Esta permitirá a los diferentes sectores recomponer las pérdidas incurridas en los inicios del acuerdo y facilitará la negociación inicial, dado que en contextos de contracción de la actividad y sin perspectivas de recuperación en el corto plazo, resulta más complejo coordinar perdidas que coordinar ganancias.
* Economistas UBA
¿Para qué un acuerdo?
Por Agustina Gallardo **
La Argentina enfrenta un escenario complejo, eso no es una novedad. Las dificultades tienen diversos orígenes y gran transversalidad. La coyuntura muestra volatilidad macroeconómica, aumento del desempleo, caída durante 23 meses consecutivos del salario real, aumento de la pobreza, una delicada situación de las PyMEs, desplome de la producción industrial, etc. Pero es importante ver que los fenómenos que caracterizan a esta coyuntura tienen un fuerte componente estructural.
La idea de buscar un Acuerdo Económico y Social que postula el presidente Alberto Fernández desde la campaña electoral incluye la creación de un Consejo: un espacio amplio y plural que debata un acuerdo de precios y salarios pero también apunte a proponer y resolver el desarrollo. Un espacio de estas características sería fundamental para abordar los desafíos productivos que afronta el país, fundamentalmente aquellos de tipo estructural. Con relativa independencia de la emergencia en materia social y económica, el horizonte debe ser el consensuar un modelo de desarrollo económico a largo plazo. Por eso cualquier intento de Acuerdo Económico y Social no puede ni debe acotarse a las políticas sociales de urgencia ni a un acuerdo de precios y salarios. Atacar la inflación, la pobreza, el hambre y el desempleo, requerirá un abordaje integral con amplia participación de todos los actores de la economía.
Inicialmente, será fundamental detener el deterioro de los ingresos reales. Ello implica alcanzar el control de la inflación que, al menos en la tradición argentina, se encuentra íntimamente ligada a la cuestión cambiaria, y llevar a cabo políticas salariales y de ingresos. Una política exitosa en este sentido permitiría el fortalecimiento del mercado interno y un mayor dinamismo del empleo, que constituye la mejor herramienta de inclusión social en el largo plazo.
Hay dos grandes determinantes del éxito de este acuerdo. Por un lado, la amplitud en la convocatoria y la diversidad de actores intervinientes. Trabajadores, empresarios, movimientos sociales, distintos niveles del Estado, entre otros, deberían conformar un espacio diverso de debate en el que prime la búsqueda de coincidencias sobre las diferencias. La composición tiene que reflejar las heterogeneidades de la Argentina, dándole un verdadero carácter regional que valore especialmente las necesidades de los actores que están por fuera de la zona céntrica del país, un gran asunto pendiente.
El segundo aspecto decisivo es encarar un proyecto que aborde las problemáticas estructurales. En principio esto va de la mano con la restricción externa, especialmente asociada a la gran cantidad de dólares que necesita la Argentina para financiar su crecimiento y que periódicamente genera tensiones cambiarias que tienen impacto en la vida cotidiana de todos. A sabiendas de que es una problemática histórica, se deberá tratar desde un abordaje multidimensional que contemple cuestiones como la competitividad de la producción nacional y la capacidad de canalizar los ingresos hacia el consumo de bienes locales y al ahorro en instrumentos nominados en pesos.
Por otro lado, y muy vinculado con lo anterior, es importante encarar un proyecto de desarrollo industrial. Apuntalar la inversión en ciencia y tecnología, y promover una articulación con el sistema de CyT público, permitirán avanzar en mejoras de productividad y generar las condiciones para mejorar la inserción internacional de los bienes argentinos, lo que también mejoraría el frente externo. En este rubro será fundamental priorizar a los sectores PyME, grandes generadores de empleo y con gran expansión territorial.
Del mismo modo es importante que se aborde un aspecto central y hasta el momento irresuelto en la estrategia argentina de desarrollo: la política energética, tanto desde la perspectiva de su generación como de la cuestión tarifaria. También, y posiblemente implicando el aspecto de mayores desacuerdos del Acuerdo, deberá encararse la cuestión tributaria. Aquí se enfrentarán, por un lado, la necesidad de recursos fiscales para llevar adelante las políticas que permitan dinamizar la economía y mejorar la equidad, con la presión tributaria ya muy elevada y con fuertes elementos regresivos y distorsivos.
Para encarar este proceso, La premisa fundamental es alcanzar consensos, pero basados en objetivos concretos y medibles, que retroalimenten de manera positiva el compromiso de los actores con el Acuerdo. De esta manera, se podrá convertir a este acuerdo social en un espacio de debate y sobre todo acción para un verdadero programa de desarrollo nacional.
** Economista.
