El sistema de retenciones a las exportaciones va a continuar funcionando tal como quedó luego del decreto 37/2019, que eliminó los topes que había establecido la gestión anterior de 4 pesos por dólar. Esto quiere decir que, por ejemplo, la suba hasta el 33 por ciento para los porotos de soja (hoy en 30 por ciento, con la aplicación del 37/2019), la rebaja para otros productos y la devolución de fondos para pequeños productores serán medidas que se irán tomando en las próximas semanas de acuerdo a las mesas de discusión sectoriales, pero no será algo inmediato. Así lo explicaron a este diario fuentes de la Casa Rosada. El criterio para encarar esas negociaciones será que los productos que tengan más agregación de valor, y por lo tanto mayor impacto en el empleo y en la generación de divisas, tributarán menos retenciones que las exportaciones de artículos menos elaborados. Esa lógica también va a funcionar para las exportaciones industriales y economías regionales. Además, se analiza un mecanismo de compensación para productores muy pequeños de la escala de la agricultura familiar y para favorecer a aquellos que están lejos de los puertos.
El viernes pasado se publicó el decreto que actualizó el esquema de retenciones, al tiempo que la megaley cuenta con un artículo que faculta al Ejecutivo a subir alícuotas hasta el 33 por ciento en el poroto de soja y hasta el 15 por ciento en trigo y maíz. Adicionalmente, Alberto Fernández contó que propuso “incorporar un artículo que disponga que el Poder Ejecutivo deberá establecer mecanismos de compensación de los efectos de los derechos de exportación específicos para pequeños productores y cooperativas". Todas estas novedades generaron un fuerte cimbronazo en el sector del agro, hasta el punto que Carbap amenazó con llamar a un cese de comercialización contra la actualización de retenciones. Hay reuniones entre funcionarios y dirigentes empresarios, y a la vez entre distintas áreas del gobierno, para tratar de encontrar coincidencias. Y hay ansiedad por lo que viene.
Cambios sin fecha
Sin embargo, por ahora no van a haber más novedades por fuera de la actualización del esquema de retenciones que estableció Mauricio Macri en septiembre del año pasado pero que, a causa de la devaluación, había perdido poder de fuego porque incluía topes nominales en pesos. A partir del DNU de la semana pasada, las retenciones a la exportación de los porotos y otros derivados de la soja quedaron en el 30 por ciento y 12 por ciento para maíz, trigo, sorgo, girasol y cebada. Economías regionales y exportaciones industriales se fijaron en el 5 por ciento y en 9 por ciento están carnes, lácteos, hortalizas, madera y manufacturas y algodón.
Ese es el esquema vigente en términos de retenciones y a partir del cual se van a negociar subas y bajas. Las subas estarán amparadas en la ley de emergencia, que permite al Ejecutivo subir las alícuotas a la soja hasta el 33 por ciento y trigo y maíz al 15 por ciento. “Las futuras modificaciones serán materia de discusión con los sectores pero van a primar los criterios de defensa de la industria nacional, del empleo y de la generación y cuidado de las divisas”, explican desde el equipo económico. Por ejemplo, las cerealeras ya están presionando para lograr que las exportaciones de harina, pellets y aceite de soja paguen una alícuota inferior a los porotos de soja. “Antes pagábamos menos, pero Macri igualó todo y fue un error. Es lógico generar un incentivo para que se exporte mayor valor agregado. Si se mantiene así, es más conveniente vender porotos en lugar de los derivados”, dicen desde una de las grandes cerealeras. El mismo tipo de discusión se da en la industria metalúrgica, por ejemplo, entre la exportación de acero crudo y la venta de bienes de capital que utilizan ese insumo.
Según las estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, para la campaña 2019/20 la actualización del régimen de retenciones al agro implicaría una recaudación adicional de 750 millones de dólares, totalizando un aporte al fisco de 5270 millones de dólares. La recaudación adicional se ve limitada porque la campaña está avanzada y porque hubo gran cantidad de ventas anticipadas de parte de los productores para evitar sufrir el impacto de las retenciones. Para la campaña 20/21, dicen en esa institución ligada al agro, las retenciones junto al delicado escenario climático, podrían tener un impacto negativo sobre la superficie sembrada.
Lobby rural
Hay fuerte lobby de parte de las entidades del agro para moderar las subas de retenciones y una de las vías que utilizan es el reclamo de segmentación. La Mesa de Enlace, con la Sociedad Rural (SRA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) a la cabeza con una posición muy dura, presionan para establecer un esquema muy amplio de devoluciones, que en el caso de la soja sería del 100 por ciento para productores de hasta 600 toneladas vendidas, 79 por ciento para aquellos con más de 600 y hasta 1500 toneladas vendidas y 64 por ciento para productores con ventas por más de 1500 y hasta 2500 toneladas. Esos cortes generarían un fuerte agujero fiscal que el gobierno no va a convalidar. Sectores más afines con el oficialismo que militan en Federación Agraria, pero opositores a la actual conducción de esa entidad, hablan de un esquema de devolución que llega hasta las 600 toneladas.
Sin embargo, en el corto plazo sólo puede llegar a haber novedades para productores muy pequeños, a los que se encuadra como agricultura familiar, y para las zonas más alejadas de los puertos. La compensación no sería a través de un “mínimo no imponible” de producción, que consideran en el gobierno es algo difícil de implementar, sino a partir de reintegros o certificados de crédito fiscal. Por otro lado, se armará una mesa política para contener el disgusto de las entidades del agro y discutir cómo se sigue.
