La presidenta del Comité del Consumidor (Codelco), Liliana Musa, presentó un amparo colectivo contra la empresa COSAySA, Aguas del Norte. El amparo recoge las reiteradas denuncias de los habitantes de la ciudad de Tartagal del departamento de San Martín por el mal funcionamiento del servicio de agua.

La encargada de la Sala V del Tribunal de Juicio de Tartagal, Gabriela Romero Nayar, fijó una audiencia entre ambas partes para el lunes 30 de diciembre.

“Están sin agua desde hace meses”, indicó Musa. Señaló que “es impresionante” la cantidad de reclamos a la empresa, y que algunos de ellos datan de 2017. “Estamos exigiendo que de manera urgente se regularice el servicio”, manifestó.

En el amparo se indica que el servicio “se ve afectado durante horas, días y semanas y desde hace años que no nos proveen del recurso necesario para nuestra vida”. Los vecinos que afirmaron que las deficiencias en el servicio comprenden a la población de Tartagal en su conjunto, “siendo afectados la mayoría de los barrios y sectores de comunidades indígenas, incumpliendo con ello su principal obligación contractual”.

Los pobladores solicitaron que la Justicia ordene a Aguas del Norte “elaborar e implementar un plan integral de prestación y de mantenimiento del servicio de suministro de agua que provee en las zonas afectadas de Tartagal”. Y pidieron que ese plan se aplique “en forma adecuada, regular, técnicamente idónea, segura y suficiente, hasta el logro del resultado consistente en la eliminación y superación del inaceptable estado de falta de agua existente y de falla estructural en la regularidad y suficiencia en el servicio”.

Además, exigen que la empresa prestadora rinda cuentas sobre el Fondo de Inversión Operativas creado en 2017 por el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP) destinado a la mejora de la prestación del servicio de agua. Musa manifestó que, en el caso de Tartagal, “evidentemente no se realizaron inversiones”.

La abogada agregó que “desde hace dos años" hay vecinso que "reclaman que hay caños rotos y no hay nadie que los pueda cambiar para que el agua llegue”. “Estamos pidiendo saber qué pasó con el Fondo. Queremos saber cómo utilizaron las inversiones de manera cierta y veraz”.

También solicitaron que Aguas del Norte realice “los descuentos o reembolsos por los días que se encontraron interrumpidos los servicios de agua y que todo ello lo sea de modo retroactivo" y que "se suspenda todo aumento de tarifas actuales y futuras”.

Los vecinos también plantearon que como medida cautelar la Justicia debe ordenar a la empresa que diseñe e implemente “un protocolo de actuación para responder ágil y eficientemente a las emergencias producidas por la falta de prestación segura y suficiente del servicio de suministro de agua”. Pidieron asimismo sumar una campaña de información barrial para que los vecinos de la localidad sepan de “las consecuencias y riesgos que ocasiona la falta de agua potable y a los que se encuentran expuestos”.

La abogada consideró que la prestación del servicio en la localidad es “un problema estructural”. “Tenemos reclamos que vienen desde 2017, va pasando el tiempo y solo están con promesas”, denunció.

Adelantó que en la audiencia que compartirán con los representantes de la empresa van a solicitar que “muestren el programa que tienen y lo trasladen a un acta judicial para reafirmar el compromiso”, y aseguró que en caso de que no se cumpla con lo que se fije judicialmente exigirán que se le apliquen multas diarias a la empresa. “No se puede seguir esperando”, lamentó.

Musa indicó que en Tartagal agotaron todas las vías administrativas para manifestar los reclamos ante Aguas del Norte. Lo hicieron ante la propia empresa, el Ente, el Gobierno de la Provincia de Salta y el Concejo Deliberante de la localidad. “No encontramos otra vía que la del amparo para el resguardo y protección de nuestros derechos como usuarios de los servicios públicos domiciliarios y de los derechos constitucionales”, se lee en el amparo presentado, en el que también se destaca que la empresa debe cumplir con “los términos de la concesión del servicio otorgado por la provincia de Salta, cuyo control y fiscalización en procura de la satisfacción de los usuarios debiera realizar el ENRESP”.

Impugnan un aumento 

En la misma jornada, en su carácter de presidenta de Codelco, Musa impugnó la resolución 2062/19 del ENRESP que autoriza la readecuación tarifaria del casi 36% por parte de Aguas del Norte partiendo de la inflación que hubo en el periodo de agosto del 2018 a junio de 2019.

Musa argumentó q ue la resolución “no cumple con lo estipulado por la ley, propone un aumento irracional y se da en un contexto donde el servicio es deficiente o directamente se brinda sin condiciones de potabilidad en muchos lugares de la provincia de Salta”.

“La explicación o información brindada por Aguas del Norte es insuficiente y sostener que la suba se debe a inflación, es absurdo”, sostuvo la abogada, para quien la empresa debe hacerse cargo de una parte del incremento, “como riesgo de la empresa y no trasladar todo el incremento al usuario”.

Asimismo, Codelco cuestionó que dentro del directorio del Ente no se cuente con representantes legales por parte de los usuarios y consumidores. La abogada sostuvo que se vulnera el artículo 42 de la Constitución Nacional porque el aumento no contó con la participación ciudadana y por lo tanto, “es nulo de nulidad absoluta”.

En el escrito argumentó que, “resulta ilegal autorizar un incremento por parte de una empresa que presta un servicio deficiente en distintos puntos de la provincia”. Las reiteradas denuncias hacia la empresa refieren a “cortes y deficiencias en la infraestructura, faltas de inversiones, graves problemas con la potabilidad, ligado a la eventual presencia de materia fecal, que atentarían directamente contra la salud de la población”.

“Los usuarios no pueden seguir haciéndose cargo de la totalidad de los aumentos, cuando los servicios siguen siendo malos y, ahora, cada vez más caros”, finalizó la presentación.