De la meritocracia a la solidaridad

Imagen: Guadalupe Lombardo

La aprobación de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública es el inicio de un cambio de etapa. Atrás queda un modelo basado en la meritocracia. Hacia adelante da sus primeros pasos un proyecto basado en la solidaridad. Todas las medidas aprobadas en la primera ley impulsada por el nuevo gobierno tienen una impronta solidaria. A través de ellas, se les pide un esfuerzo a los que están mejor con el fin de ayudar a los que están peor.

La oposición afirma que el gobierno está implementando un ajuste. La palabra ajuste viene de ajustarse el cinturón. Significa sacarle a los más débiles: a los trabajadores, a los jubilados o a los más pobres. Pero las iniciativas que está implementado el gobierno apuntan a lo contrario: a buscar recursos para resolver la situación de los que están peor. Ello significa generación de ingresos para hacer, justamente, lo contrario de lo que es un ajuste tradicional.

Juntos por el Cambio, por otro lado, niega que estamos en emergencia. Pero los datos son concluyentes. Los salarios registrados bajaron en los últimos cuatro años alrededor de un 20 por ciento, el PBI per cápita es un 9 por ciento más chico que en 2015, se cerraron más de 20 mil empresas PyME, se perdieron 150 mil puestos de trabajo y la deuda externa hoy alcanza al 90 por ciento del PBI, sólo para tomar unos pocos indicadores. La ley, en ese sentido, declara “la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social”. Y, entre muchos otros aspectos, resalta ya en el segundo artículo la necesidad de “crear condiciones para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, la que deberá ser compatible con la recuperación de la economía productiva y con la mejora de los indicadores sociales básicos”.

Es en este escenario de múltiples emergencias que el gobierno implementa políticas para distribuir recursos desde los que están un poco mejor hacia los que se encuentran por debajo del límite de lo soportable. Pero ser solidario no es sólo aliviar al que está peor. Es, además, iniciar un proceso virtuoso de justicia redistributiva y reactivación productiva.

Estamos ante un cambio político cultural significativo: en lugar de un individuo que sólo piensa en sí mismo, se promueve un ciudadano que busca ser solidario con los que más lo necesitan. En el primer caso hay una cultura del individualismo. En el segundo, un espíritu de comunidad.

Por ejemplo, en la semana, el ANSES tomó una resolución según la cual, durante los meses de enero, febrero y marzo, los endeudados con esta institución no deberán pagar las cuotas que se comprometieron a abonar. A ello se agrega una reducción significativa de las tasas de interés a las que fueron tomados esos créditos. ¿Quiénes se endeudaron con el ANSES? Los jubilados a los que no les alcanzan sus jubilaciones para vivir y, consecuencia de ello, pidieron dinero a esta dependencia a tasas altísimas. En ese contexto, el gobierno toma una medida de protección de este sector vulnerable. Tres meses sin pagar las cuotas implica en la práctica un aumento de sus ingresos. A ello se agrega que, cuando se reanude el pago, lo harán abonando menos. De esto hablamos cuando hablamos de solidaridad.

Por otro lado, la ley aprobada no dispone un aumento de las retenciones, tal como se pretende instalar. Sólo fija el valor máximo al cual la actual administración puede llevarlas. Lo dice claramente el texto de la ley: “se prohíbe que la alícuota de los derechos de exportación supere el 33 por ciento del valor imponible o del precio oficial FOB para las habas o porotos de soja”.

Además, se agrega un artículo que establece que “el Poder Ejecutivo deberá establecer mecanismos de segmentación y estímulo tendientes a mejorar la rentabilidad y competitividad de los pequeños productores y cooperativas cuyas actividades se encuentre alcanzadas por el eventual aumento de la alícuota de los derechos de exportación”. Es decir: si, eventualmente, se aumentaran las retenciones por encima de los valores actuales, se lo tendrá que hacer discriminando positivamente la situación de los pequeños productores y de las cooperativas. Esto, por supuesto, también es solidaridad.

Hay una idea generalizada de que es necesario reformular el sistema previsional porque los ingresos no alcanzan para cubrir los costos del sistema. Juntos por el Cambio intentaba resolver este problema haciendo que los beneficiarios del sistema cobraran menos o que se jubilaran más tarde, entre otras medidas de ajuste sobre los mismos jubilados. En el modelo actual, lo que se busca es conseguir fuentes de recursos adicionales que provengan del conjunto de la actividad económica y cuyo objetivo sea fortalecer el sistema previsional.

Por eso, la ley establece que el 67 por ciento del eventual incremento de los derechos de exportación será destinado a financiar los programas a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social y a las prestaciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Algo similar ocurre con el impuesto que la ley establece para la adquisición de dólares para atesoramiento o para los gastos vinculados al turismo internacional y a la compra de productos en el exterior: el 70 por ciento del producto de ese impuesto será utilizado para fortalecer el sistema previsional.

Hay muchas otras medidas solidarias. Por ejemplo, la moratoria para las PyMEs, asfixiadas en la anterior gestión por la AFIP, y el restablecimiento de las alícuotas al impuesto a los bienes personales vigente hasta 2015, y que Mauricio Macri disminuyó en oportunidad de la implementación del blanqueo. Además, la ley faculta al Poder Ejecutivo a fijar alícuotas mayores para los bienes situados en el exterior y reducirlas para el caso de que esos bienes sean repatriados.

En unos meses, deberían comenzar a sentirse los efectos del plan Argentina sin hambre, la recuperación del consumo, el incremento gradual de la actividad de las PyMEs, es decir, debería consolidarse un rumbo en un sentido inverso al que el país venía transitando.

Mi deseo para el año que se inicia es que en 2020 la solidaridad se transforme en un valor indiscutible para la mayoría de los argentinos y las argentinas. 

El autor es diputado nacional Frente de Todos. Presidente del Partido Solidario.

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