La familia de Santiago Maldonado, a través de su abogada Verónica Heredia, presentó su recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema para insistir en que el caso debe ser investigado como una desaparición forzada de persona. Lo hizo en rechazo al reciente fallo de la Cámara de Casación que, si bien mantuvo la reapertura del expediente, que había sido archivado por el juez Gustavo Lleral, lo hizo dejando afuera esa hipótesis investigativa. Por otra parte, Lleral aceptó la recusación que le pidieron los Maldonado para apartarse del caso, luego de que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia volviera a ponerlo al frente, a pesar de haber sido quien ordenó el archivo de la investigación y sobreseyó al gendarme Emmanuel Echazú, decisiones que los camariastas revocaron. De este modo, el expediente vuelve a estar sin magistrado a cargo.

Heredia consideró que los votos de la mayoría se contradicen entre sí, y enumeró las siete medidas pendientes de prueba, como la reconstrucción del hecho y ampliar los estudios periciales dirigidos a determinar la data de la muerte de Santiago Maldonado. "La Sala 4 de Casación y la Cámara de Comodoro Rivadavia admiten que se desconoce la fecha de la muerte de Santiago, quien estuvo desaparecido 78 días luego de un operativo a cargo de Gendarmería Nacional Argentina dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación. ¿Puede descartarse su desaparición forzada? No", fundamentó.

Para la abogada de la familia no es posible descartar esa hipótesis "si aún faltan realizar todas estas medidas de pruebas". En este sentido, hizo suyos los argumentos del camarista Gustavo Hornos, quien se pronunció en minoría. “Se advierte con meridiana claridad que la investigación en torno a las circunstancias que rodearon el deceso de Santiago Andrés Maldonado se encuentra abierta y, en esa medida, la conclusión de que la hipótesis de desaparición forzada ha quedado 'definitivamente descartada' (sic) no sólo resulta evidentemente prematura, sino que constituye una errónea interpretación de la normativa aplicable que debe ser enfáticamente corregida".

Y concluyó que "las propias medidas ordenadas por la Cámara de Comodoro Rivadavia evidencian que el caso no reúne las condiciones necesarias para que uno de sus cauces de investigación se vea cercenado. Por el contrario, las cuestiones que se pretendieron tener por acreditadas a fin de dictar la resolución aquí impugnada se presentan controvertidas y deben ser suficientemente analizadas a la luz de los elementos obrantes en la causa y del resultado que pudieran arrojar las medidas de prueba pendientes de producción". Los Maldonado solicitaron a la Corte Suprema que revoquen el fallo de Casación y "disponga la continuidad de los presentes autos en los términos dispuestos por el voto en minoría de la sentencia impugnada", esto es, según el pronunciamiento de Hornos.

Dijo Heredia que "independientemente de la trascendencia periodística que el caso ha suscitado y las quizás inevitables manipulaciones mediáticas a las que fue sometido, la desaparición física de una persona en circunstancias en las que se llevaba adelante un procedimiento en el que intervenían fuerzas de seguridad exige por parte de las autoridades del Estado el compromiso categórico de actuar con diligencia inclaudicable, de poner a disposición de las partes todos los recursos que resulten razonablemente necesarios a fin de esclarecer los hechos y, eventualmente, establecer responsabilidades procurando ejercer la máxima prudencia antes de emitir pronunciamientos que puedan menoscabar los derechos de los afectados".

Durante la audiencia que se realizó a principio de diciembre, la abogada había recordado que esa sala presidida por Hornos tenía más de un antecedente a favor de la obligación de investigar la desaparición forzada de personas víctimas de la violencia estatal. De esta manera, el camarista destacó que "sólo en tales condiciones (mencionadas en el párrafo anterior) será posible desterrar toda sospecha que aún persista en relación con los involucrados directamente en los hechos, las fuerzas de las que forman parte y las autoridades políticas que las comandan".

Es la tercera vez que el caso Maldonado llega al Máximo Tribunal, y la familia volvió a insistir en la necesidad de la creación de una comisión de expertos independiente e imparcial, habida cuenta de las burdas injerencias que hubo en pasado por parte del Poder Ejecutivo durante el gobierno de Mauricio Macri. Dijo Heredia: "El Poder Ejecutivo Nacional es el principal actor en los hechos que deben ser investigados desde que Santiago Andrés Maldonado desaparece con vida el 1 de agosto de 2017 en el marco del accionar de Gendarmería Nacional, una de las cuatro fuerzas del Ministerio de Seguridad que integra el PEN, y esto fue reflejado en dos votos de la sentencia recurrida“. De hecho, así lo escribieron Hornos y Carlos Carbajo.