El presidente depuesto de Bolivia, Evo Morales, presentó a los juristas argentinos que lo asesorarán en materia jurídica. Se trata de los constitucionalistas Eugenio Raúl Zaffaroni y Raúl Gustavo Ferreyra. Además de la asesoría, ambos están dispuestos a asumir la defensa de Morales si fuera necesario, tras ser acusado por los delitos de sedición, terrorismo y financiación del terrorismo. En las últimas horas, se sumó la denuncia de un abogado boliviano por el delito de "usurpación de funciones", tras una conversación telefónica que mantuvo Morales con el vicegobernador de la provincia de O'Connor, Walter Ferrufino , destinada a celebrar la inauguración de un mercado popular.
Al igual que el domingo pasado
, Evo Morales eligió el hotel Bauen de la ciudad de Buenos Aires para presentarse ante los medios. Acompañado por Zaffaroni y Ferreyra, el primero en tomar la palabra fue el propio expresidente. En un breve discurso y sin someterse a las preguntas de los periodistas presentes en el lugar, destacó la presencia de "dos grandes abogados, no sólo de Argentina y Latinoamérica sino de todo el mundo". También mencionó y agradeció la defensa legal del juez Baltasar Garzón desde Europa.
Morales señaló que en las últimas horas mantuvo una reunión con varios familiares de las víctimas de Senkata. "Algunos fiscales dijeron que los que se manifestaron eran terroristas. Y en vez de curarlos, había que procesarlos. Hermanos y hermanas sin atención médica, y familiares amenazados por fiscales. Hay una persecución exagerada sobre las víctimas", destacó. El presidente depuesto afirmó que desde la asunción de la autoproclamada presidenta Jeanine Añez, "el que protesta contra el gobierno de facto es sedicioso".
Respecto a su situación frente a la justicia, Morales dedicó unas palabras a la última acusación en su contra: una llamativa demanda presentada por un abogado en territorio boliviano, por el delito de usurpación de funciones, luego de haber mantenido una conversación telefónica el pasado 23 de diciembre con el vicegobernador de O'Connor, Walter Ferrufino, por la inauguración de un mercado. "Yo solo saludé, no inauguré y me acusan de usurpación de funciones", remarcó el expresidente.
"Me acusan de terrorismo y sedición desde 1989, cuando asumí la conducción de una de las Federaciones del Trópico de Cochabamba", recordó Morales. "Intentaron ligarme con el narcotráfico, con asesinatos, pero nunca pudieron probar nada. Desde Estados Unidos hablaron de la mafia cocalera. La propia DEA hizo un seguimiento a Evo y nunca encontró nada”, dijo el expresidente, antes de dar inicio a la presentación de Gustavo Ferreyra y Raúl Zaffaroni, que serán sus asesores legales en causas judiciales ante cortes internacionales y bolivianas.
Actualmente, Zaffaroni es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Por ese motivo, aclaró que "en cuanto a lo que se pueda presentar en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, desde ya me excuso". En cambio, dijo que podría intervenir frente a Naciones Unidas. "Es un órgano político y no jurisdiccional, de modo que las denuncias ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU son viables", explicó.
Por su parte, el abogado constitucionalista Gustavo Ferreyra destacó algunos lineamientos básicos para comprender lo que pasa en Bolivia. "En primer lugar Bolivia no es un estado constitucional. Bolivia es un estado fuera del mundo, no existe la fuerza regulada racionalmente. Es un estado de pura fuerza bruta", expresó. "En segundo lugar, y en ese mismo sentido, ignoramos si legalmente el gobierno de facto domina totalmente el aparato de la administración y el aparato del territorio", agregó.
Ferreyra destacó que el gobierno de la presidenta autoproclamada Jeanine Añez es "el gobierno de la irracionalidad". Y que esa irracionalidad se manifiesta, por ejemplo, en que la "Asamblea de Bolivia todavía no ha aceptado ni rechazado la renuncia de Evo Morales; en consecuencia desde el punto de vista constitucional estamos en presencia del presidente del Estado Plurinacional".
Consultado por Página/12 respecto a las características del proceso que derivaron en la renuncia forzada de Morales, Zaffaroni apeló a un razonamiento simple para explicar que se trató, efectivamente, de un golpe de Estado. "Tenemos un presidente constitucional. Lo amenaza el jefe de las fuerzas armadas. Hay muertos en la calle. El presidente presenta la renuncia y abandona el país para que no haya más muertos. La renuncia la tiene que tratar el Congreso y no lo dejan reunirse. Hay un dicho que dice que si tiene orejas de perro, hocico de perro, rabo de perro y ladra, es perro. No se puede dudar del golpe a esta altura".
Sobre el futuro político cercano de Bolivia, Ferreyra sostuvo que el 22 de enero "termina el mandato del presidente Evo Morales y el de los miembros de la Asamblea. A partir de ese momento, Bolivia va a entrar en una zona de acefalía absoluta que no se encuentra resuelta por la Constitución". En ese sentido, "cualquier petición que se realice para extender el mandato del gobierno de facto va a seguir la misma línea del ejercicio brutal del poder que estamos mencionando". Para evitar nuevas irregularidades, "debería asumir la autoridad constitucional correspondiente y convocar de manera inmediata a elecciones", expresó el profesor titular de Derecho Constitucional en la UBA.
En relación a la situación jurídica de Evo Morales en Argentina, Zaffaroni la definió con claridad: "Algunos podrán decir que tiene estatuto de refugiado. Yo diría que tiene la inmunidad que corresponde a un jefe de estado extranjero. Por lo menos, hasta el 22 de este mes tiene inmunidad. Y hasta el momento no se conoció ningún pedido de extradición". Sobre el cierre, el expresidente de Bolivia agradeció al pueblo argentino y al gobierno por el apoyo y el respeto con que está siendo tratado en el país. "Estamos convencidos de que este año vamos a recuperar la democracia", destacó.
Informe: Guido Vassallo.
